Explotación y reducción a la servidumbre de presos en la Policía bajo el mando de Gildo Insfrán
En la provincia de Formosa, las denuncias de abuso de poder y maltrato por parte de la Policía, bajo el mandato del Gobernador Gildo Insfrán, continúan acumulándose sin tregua. El reciente caso en la localidad de Estanislao del Campo ha encendido nuevamente las alarmas sobre el accionar autoritario de las fuerzas de seguridad locales. En esta ocasión, otro detenido fue sometido a condiciones inhumanas, reducida a la esclavitud por un comisario que lo obligó a realizar tareas domésticas en su domicilio.
Acumulación de denuncias de abuso contra una policía que actúa más como brazo armado de un régimen que como garantía de la seguridad pública
Según la denuncia pública realizada por la prima del detenido, el comisario en cuestión lo forzó a lavar su ropa y su camioneta Ranger de último modelo. La indignación y el dolor de los familiares de la víctima resonaron en las redes sociales y en Radio Parque, donde expresaron su impotencia ante el abuso: "Está mal que esté preso porque no tenemos plata para pagar un abogado, pero tampoco es para que lo se conviertan en la "mujer" del jefe de policía", denunció la prima, mostrando imágenes que documentaban el atropello.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de denuncias que han puesto en evidencia la naturaleza represiva de la Policía formoseña bajo la gestión de Insfrán. La fuerza de seguridad, ya señalada por su rol "militante" y por la creación de causas injustificadas, suma ahora esta grave acusación de explotación y servidumbre. Los habitantes de Formosa, cada vez más desconfiados, no dudan en calificar a la policía local con términos como "Garrotera", "Partidaria" y "Patotera", en clara referencia a su accionar autoritario cercano al Gobierno de la provincia.
Los ciudadanos pueden seguir siendo víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, los oprime y los reduce a la servidumbre?
Al respecto la diputada Gabriela Neme, denunció en Radio Parque, que lo mismo hacen con los cadetes de policías a quienes los llevan a sus domicilios particulares, a sus quintas de fín de semana, a sus empresas o a sus emprendimientos hoteleros privados a cortarles el pasto o trabajar de albañiles, electrcistas o plomeros, como mecanismo de capacitación, formación, instrucción, entrenamiento y -sobre todo- disciplinamiento y evaluación para ganarse un lugar en la fuerza.
Este lamentable episodio pone de relieve una vez más el clima de impunidad en el que operan las fuerzas de seguridad bajo el mando de Insfrán. La línea que separa la justicia de la opresión parece haberse borrado completamente en Formosa, donde los detenidos no solo deben enfrentarse a un sistema judicial inaccesible, sino también a los abusos de aquellos que deben garantizar su protección y respeto de los derechos humanos.
¿Quién pondrá freno a los abusos de una policía que parece actuar con total impunidad bajo el paraguas del poder político?
La explotación y el maltrato a personas privadas de su libertad no solo representan una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también socavan el estado de derecho, mostrando una policía que actúa más como brazo armado de un régimen que como garantía de la seguridad pública. Ante esta situación, es imperativo, lo que parece "imposible" en la Formosa actual, que se investigue con seriedad y profundidad lo ocurrido, y que los responsables de estos actos de abuso respondan ante la justicia.
Formosa necesita un cambio urgente. Los ciudadanos no pueden seguir siendo víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, los oprime y los reduce a la servidumbre. La pregunta es: ¿quién pondrá freno a estos abusos en una provincia donde la policía parece actuar con total impunidad bajo el paraguas del poder político?