Malestar de los policías retirados por sueldos miserables y abuso de poder del gobierno de Gildo Insfrán
Policías retirados de Formosa denuncian violaciones a derechos humanos y constitucionales: el caso de una cabo despedida embarazada podría llegar a la Corte Suprema
El clima de tensión entre los policías retirados de la provincia de Formosa y el gobierno de Gildo Insfrán ha escalado significativamente. Las recurrentes denuncias por violaciones a los derechos humanos, a los principios constitucionales y a la Ley Orgánica Policial provincial se profundizan, alcanzando un punto crítico con la decisión de llevar los reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Uno de los casos más resonantes que podría ser presentado ante el máximo tribunal es el de una cabo de la policía en Clorinda, quien fue despedida a pesar de estar embarazada. Su delito: haber exigido un salario digno. Este hecho ha generado una profunda indignación en los retirados y activos de la fuerza, quienes desde hace años denuncian las inhumanas condiciones laborales y los miserables sueldos que perciben.
Las protestas por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo no son nuevas en la provincia. En 2013, la situación alcanzó un punto álgido cuando varios agentes en actividad decidieron encadenarse en la plaza Eva Perón de Clorinda. En aquella oportunidad, las autoridades policiales abrieron sumarios y sancionaron a los involucrados, lo que desató marchas con "pañuelos azules" como símbolo de resistencia, evocando el icónico gesto de las Madres de Plaza de Mayo, tan reverenciadas por el mismo gobierno que reprimía las demandas de sus fuerzas de seguridad.
Al jubilarse, los policías pierden el 50% de sus ingresos
El periodista Gabriel Hernández, también abogado de los policías retirados, denunció recientemente la precaria situación en que se encuentran estos efectivos. A pesar de las promesas del gobernador Insfrán de blanquear un adicional antiinflacionario para que fuera parte del salario y beneficiara a los retirados, la medida no se concretó. Los jubilados, que en actividad podían percibir 490 mil pesos, tras su retiro ven sus ingresos reducidos drásticamente a 210 mil pesos, lo que provocaba un colapso económico para sus familias.
"Los uniformados retirados están muy molestos y preocupados", reveló Hernández, quien explicó que los intentos de la Jefatura de la Policía por calmar la situación mediante reuniones han fracasado. "Los productos de la canasta básica están cada vez más caros y los retirados no llegan a fin de mes", sentenció.
Según informó el diario Ahora Litoral, este fin de semana, un grupo de oficiales y suboficiales retirados mantuvo un encuentro con el senador Francisco Paoltroni y su equipo jurídico para discutir las violaciones a la Constitución Nacional contenidas en la Ley Orgánica Policial de Formosa. Durante el encuentro se revisaron casos de despidos injustificados de agentes que, años atrás, fueron cesanteados por reclamar mejoras salariales. Estas decisiones, según los ex policías, constituyen violaciones directas a los derechos humanos y constitucionales.
Justicia para los retirados que, después de haber servido toda su vida a la ciudadanía, hoy sienten que sus derechos son vulnerados por un gobierno que, mientras tanto, premia a los comisarios y jefes policiales que apoyan la maquinaria política de Gildo Insfrán
La problemática del pago en negro, bajo el concepto de "Extensión Laboral", que afecta al 50% de los salarios del personal activo, también se trasladó al debate. Al jubilarse, los policías pierden esa porción de sus ingresos, lo que deteriora gravemente su calidad de vida.
Los reclamos que se avecinan ante la Corte Suprema buscan revertir esta situación y hacer justicia para los policías retirados que, después de haber servido a la provincia, hoy sienten que sus derechos son vulnerados por un gobierno que, mientras tanto, premia a los comisarios y jefes policiales que apoyan la maquinaria política de Gildo Insfrán. Los denunciantes insisten en que ningún decreto ni ley provincial puede estar por encima de la Constitución Nacional y los derechos humanos fundamentales.
El caso de la cabo despedida, entre otros, promete ser un símbolo de la lucha por los derechos de los retirados y activos que exigen justicia, salarios dignos y el fin de las persecuciones.