Violento desalojo en Las Lomitas: una familia sacada de su casa de noche por orden de Ugelli e Insfrán
En la noche del martes 6 de mayo, Las Lomitas fue escenario de un escandaloso atropello institucional que generó estupor e indignación entre los vecinos: una joven familia fue desalojada de su vivienda sin orden judicial, por la fuerza, y bajo la única justificación de que era una "orden de Marcelo Ugelli y del gobernador Gildo Insfrán".
Según relató Emmanuel, una de las víctimas, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas cuando regresaban de trabajar y se encontraron con una escena insólita: su casa estaba tomada por dos mujeres que se identificaron como empleadas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), acompañadas por una decena de policías. "Rompieron la puerta, rompieron la ventana, y cuando llegamos ya estaban adentro", denunció.
La familia contaba con un convenio firmado para la ocupación de la vivienda
Lo más alarmante es que no presentaron ninguna documentación legal que respaldara la acción, ni mostraron orden de desalojo ni autorización judicial. Simplemente dijeron que cumplían una orden política directa, sin importarles la legalidad del hecho ni los derechos constitucionales vulnerados.
El caso tomó mayor gravedad cuando se conoció que la familia contaba con un convenio firmado para la ocupación de la vivienda, en el marco de un acuerdo entre el Municipio y el IPV, que en su momento delegó al gobierno local la terminación de las obras habitacionales abandonadas por el propio organismo provincial. Las casas fueron luego adjudicadas a trabajadores locales —médicos, policías, empleados municipales— entre ellos Emmanuel y su pareja.
El intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, acudió al lugar e intentó mediar, pero fue impedido por la actitud "maliciosa y grotesca" de las empleadas del IPV, quienes incluso negaron conocer el convenio legal que avala la ocupación de la familia, ignorando deliberadamente el rol del municipio en la finalización y entrega de las viviendas.
Para muchos vecinos, el operativo no solo fue ilegal, sino también violento, innecesario y destinado a sembrar miedo. "Esto no es justicia ni administración del Estado, es un acto de terrorismo institucional", expresó una vecina. Las figuras penales en juego son múltiples: abuso de autoridad, usurpación de título, violación de domicilio, falsificación de documentos y violación de derechos constitucionales, entre otros.
"Esta es la Formosa que avergüenza", dijo con dureza el intendente Basualdo. Y agregó: "Es una muestra más del autoritarismo con el que se maneja el Gobierno Provincial. Así buscan someter a la gente: con miedo, con violencia y sin ley".
Lo sucedido deja al descubierto una vez más el uso político y arbitrario de las instituciones por parte del gobierno de Gildo Insfrán, que parece haber confundido el Estado con un feudo personal, dispuesto a pasar por encima de las garantías más elementales que protege nuestra Constitución.