El Colegio de la Magistratura salió en defensa del régimen: silencio ante la impunidad, rechazo ante el pedido de intervención federal

En un nuevo capítulo del blindaje institucional al régimen de Gildo Insfrán, el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Formosa emitió una declaración en la que rechaza enérgicamente el pedido de intervención federal del Poder Judicial provincial, presentado por la diputada Gabriela Neme ante el Senado de la Nación. Lo paradójico —y preocupante— es que quienes deberían velar por el cumplimiento de la Constitución, se apuran en defender el statu quo antes que en escuchar las denuncias que cuestionan la independencia real del sistema judicial formoseño.

El comunicado, revestido de una solemnidad formal, acusa a la solicitud de ser "imprudente, infundada y carente de individualización concreta de causas". Sin embargo, omite deliberadamente la extensa lista de atropellos judiciales, arbitrariedades, causas dormidas y persecuciones políticas que desde hace años forman parte del expediente informal —pero real— del Poder Judicial de Formosa.

El Colegio de Magistrados no busca defender la justicia: busca sostener una estructura que garantiza la perpetuidad de un régimen

Casos como el de jueces que son parientes de funcionarios, magistrados militantes o afiliados, jueces en funciones que son candidatos, ex apoderados del Partido Justicialista e incluso exfuncionarios del Gobierno provincial —al igual que lo que ocurre en el Tribunal Electoral, convertido en una verdadera unidad básica de Insfrán —, así como la total subordinación de fiscales al Ejecutivo y la absoluta pasividad ante causas de corrupción estructural, no merecieron una sola línea en la declaración del Colegio de la Magistratura.

Narco caso Blanca Denis: la expresión más obscena de impunidad y del pacto de protección política, policial y judicial

 

"los policías que hicieron el procedimiento terminaron detenidos y el oficial que investigaba apareció muerto, ahogado"

 

En más de 40 años de gobiernos justicialistas en Formosa, no existe un solo funcionario provincial condenado, ni investigado, ni siquiera llamado a declarar —ni siquiera en el escandaloso narco caso de Blanca Denis, donde la Policía secuestró drogas en su camioneta particular, cuyo domicilio jamás fue allanado ni su camioneta secuestrada, y donde la exlegisladora nunca fue citada a declarar, mientras la droga desapareció del Juzgado Federal, los policías que hicieron el procedimiento terminaron detenidos y el oficial que investigaba apareció muerto, ahogado.

"Cuarenta años de gobierno justicialista sin un solo funcionario condenado ni llamado a declarar: ¿justicia o encubrimiento institucional?"

Lejos de analizar las razones de fondo que motivaron la presentación en el Senado —la falta de independencia, la violación sistemática de derechos y la subordinación del sistema judicial al poder político—, el Colegio eligió blindarse con argumentos formales y hablar de "lesión a la autonomía provincial", como si el federalismo sirviera de escudo para consagrar la impunidad y no para garantizar los derechos ciudadanos.

"En Formosa, el que denuncia termina perseguido, y el que delinque, protegido."

Tampoco sorprende: la justicia formoseña ha sido durante décadas cómplice funcional del modelo autoritario instaurado en la provincia. Nunca alzó la voz cuando se persiguió a opositores, se censuró la prensa, o se utilizó el poder judicial para apretar, encarcelar o amedrentar a quienes osan disentir. Pero ahora que una legisladora provincial pone sobre la mesa la posibilidad de una intervención federal —contemplada expresamente por el artículo 6° de la Constitución Nacional cuando se rompe el orden republicano—, los jueces reaccionan con indignación, pero no con argumentos.

"El Tribunal Electoral y el Poder Judicial de Formosa funcionan como extensiones del régimen: más leales al poder que a la ley."

Hablan de institucionalidad, pero no dicen nada del festival de reelecciones indefinidas, de la Legislatura que censura y le corta el microfono a opositores y aprueba sobre tablas lo que manda el Ejecutivo sin debate, ni del Consejo de la Magistratura provincial, que selecciona jueces obedientes a la línea política. Hablan de independencia judicial, pero omiten mencionar que en Formosa la justicia es percibida por amplios sectores como una dependencia más del poder político.

La declaración del Colegio de Magistrados no busca defender la justicia: busca sostener una estructura que garantiza la perpetuidad de un régimen. Y frente a eso, el pedido de intervención no solo es legítimo: es urgente.