El Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa salió en defensa del régimen judicial de Insfrán: silencio ante la corrupción, voz firme contra el pedido de intervención
En una muestra más de alineamiento institucional con el poder político que domina Formosa desde hace más de cuatro décadas, el Consejo Profesional de la Abogacía de la provincia emitió una severa declaración rechazando el pedido de intervención federal al Poder Judicial formoseño, impulsado por la diputada nacional Gabriela Neme ante el Senado de la Nación.
"Para el Consejo de la Abogacía, es más grave el intento de intervenir la justicia que la falta total de justicia en la provincia."
Con tono jurídico solemne y pretendida neutralidad institucional, el Consejo no solo desestimó el pedido por "carecer de fundamentos válidos", sino que además se encargó de advertir sobre la supuesta "instrumentalización política" de herramientas constitucionales como la intervención federal.
Lo que no dijo el Consejo es que ese mismo Poder Judicial que ahora defienden ha sido sistemáticamente cuestionado por su falta de independencia, su connivencia con el Ejecutivo provincial y su rol como engranaje del modelo autoritario que encabeza Gildo Insfrán.
"Cuando el régimen judicial es intocable, las instituciones se convierten en parte del problema."
Resulta llamativo —aunque no sorprendente— que el organismo que agrupa a los abogados formoseños se exprese con tanta contundencia solo cuando se plantea una posible acción correctiva sobre el estado calamitoso del sistema judicial local, y no cuando se denuncian causas dormidas, persecuciones políticas, impunidad estructural o violaciones graves de derechos humanos cometidas en nombre del "modelo formoseño" .
"Ni una palabra sobre jueces militantes, causas dormidas o corrupción estructural. Pero sí, un rechazo firme a que se intervenga la justicia cómplice de Insfrán."
En ningún párrafo del comunicado se hace mención al funcionamiento real del Poder Judicial provincial: ni a jueces con vínculos directos con funcionarios del Ejecutivo, ni a fiscales subordinados al poder político, ni al Tribunal Electoral devenido en apéndice del PJ, ni a las causas de corrupción que nunca avanzan.
"La intervención que rechazan no es al Poder Judicial: es al aparato de encubrimiento que hace décadas protege al poder político en Formosa."
Ni una sola palabra sobre los múltiples hechos que motivan el reclamo de intervención, como la represión, las detenciones arbitrarias, el uso de la justicia para disciplinar opositores, la protección a la corrupción administrativa, o la impunidad en casos como el escandaloso narco caso de la exdiputada oficialista Blanca Denis.
"El artículo 6° de la Constitución habla de ruptura del orden republicano. ¿Qué más falta en Formosa para admitir que esa ruptura ya ocurrió?"
El Consejo tampoco hizo referencia a que el artículo 6° de la Constitución Nacional, que invocan para descalificar el pedido, prevé justamente este tipo de intervenciones cuando se rompe la forma republicana de gobierno.
¿Acaso la represión a opositores, la manipulación electoral, la falta de división de poderes y la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo no configuran esa ruptura?
"El Consejo de la Abogacía no defendió la justicia: defendió la impunidad del poder."
Mientras el Colegio de la Magistratura, el Defensor del Pueblo y ahora el Consejo Profesional de la Abogacía cierran filas en defensa del status quo, los ciudadanos formoseños siguen padeciendo un sistema judicial que no protege derechos sino privilegios. Y mientras estos organismos se preocupan por "preservar la institucionalidad", la justicia provincial sigue siendo, para muchos formoseños, un instrumento del poder y no un garante de libertades .
El silencio ante décadas de impunidad y el rechazo al único intento serio de revisar ese sistema son, en sí mismos, una definición política. El Consejo de la Abogacía no defendió el Estado de Derecho: defendió la continuidad de un poder que necesita jueces obedientes y abogados que miren para otro lado.