Neme denunció que el poder en Formosa se comporta como un tenebroso cartel mafioso
Mientras la ciudadanía exige respuestas, el gobierno de Gildo Insfrán, su policía y la justicia operan con un hermetismo insólito ante un escándalo que involucra a una jueza desaparecida, un diputado provincial y rumores de violencia, drogas y muerte. La diputada Gabriela Neme denunció que el poder en Formosa se comporta como un cartel.
Formosa vive una de sus semanas más sombrías. Lo que comenzó como un confuso episodio en la localidad de General Belgrano terminó desnudando, una vez más, el funcionamiento mafioso de un poder político, judicial y policial que actúa en absoluta oscuridad. Mientras crecen las versiones de hechos graves, la estrategia oficial es el silencio, el blindaje y la amenaza velada.
La diputada provincial Gabriela Neme, una de las voces más firmes en la denuncia del régimen insfranista, no se guardó nada: "Lo que está claro es que la policía, la justicia y el poder son una mafia en Formosa. Actúan en complicidad como un cartel del narco-crimen para encubrir a sus integrantes". Las palabras no son metáforas: responden a una situación concreta que genera alarma social.
Todo estalló cuando la jueza Romelia Sánchez apareció —o desapareció— del radar público, tras un supuesto episodio de "salud mental" que, según el relato policial, la llevó a una comisaría a las cinco de la mañana. Pero, como bien señaló Neme, las preguntas se acumulan: ¿Por qué no fue trasladada a un hospital local? ¿Por qué su vivienda fue sitiada por policías de civil durante 15 horas, impidiendo incluso el movimiento de los vecinos? ¿Por qué intervino el forense si no hubo un delito o lesiones graves?
"La comunidad quiere ver a la jueza. Queremos saber si está viva y en qué estado. Si es mentira todo lo que se dice, que lo demuestren. Pero lo que está pasando es que están tapando hechos que hablan de tiros, de golpes, de droga y de muerte", denunció la legisladora.
Y no es todo. La presencia, hasta altas horas de la madrugada, de una camioneta presuntamente vinculada a Carlos "Carlín" Insfrán, hermano del gobernador y actual diputado provincial, puso en alerta a los vecinos. Desde entonces, circulan versiones que el gobierno no desmiente ni aclara. La posibilidad de que el marido haya sido trasladado a Paraguay, o que se hayan borrado pruebas del domicilio de la jueza, aumentan la sospecha de un operativo de encubrimiento en tiempo real.
"El relato de Insfrán se está cayendo de forma bochornosa", señaló Neme. "Si esto hubiera ocurrido en la casa de cualquier vecino, el agresor estaría preso. Pero acá no hay detenidos, no hay declaraciones, no hay pruebas. Solo una operación de ocultamiento institucional que indigna y aterra".
Desde el Gobierno, el único vocero fue el comisario Carlos Vera, quien protagonizó un papelón radial al no poder responder las preguntas más básicas sobre el caso. "Pretenden instalar que fue un brote psicótico, pero enviaron a la Científica, al forense, y rodearon la casa por horas. ¡Eso no se hace por un problema de salud!".
La ciudadanía no es ingenua. En el interior, el miedo comienza a romperse. "Hoy el miedo lo tienen ellos. Actúan en la oscuridad porque saben que lo que pasó es muy grave, y que hay testigos del pueblo que vieron todo. No nos van a callar. Vamos a exigir la verdad cueste lo que cueste", concluyó la diputada.