Escándalo electoral: denuncian a Petú Argañaraz y Marcelo Sosa por violencia política, adoctrinamiento infantil y uso obsceno de recursos públicos
Mientras acumulan denuncias por violencia, adoctrinamiento infantil y abuso de poder, la concejal oficialista Petú Argañaraz y su compañero de fórmula Marcelo Sosa se lanzan a la reelección con el aval del gobierno provincial y el financiamiento del Estado. La campaña más obscena del Modelo Formoseño.
Una nueva mancha se suma al largo prontuario del oficialismo formoseño. Esta vez, la polémica recae sobre la concejal del Frente de la Victoria y candidata a la reelección, Petú Argañaraz, y su compañero de fórmula, el cuestionadísimo Marcelo Sosa, quien enfrenta graves denuncias por violencia de género.
La dupla no solo busca perpetuarse en el Concejo Deliberante capitalino, sino que lo hace envuelta en una serie de escándalos que exponen, una vez más, las peores prácticas del "Modelo Formoseño".
Según múltiples testimonios y registros fílmicos, recientemente se denunció que una camioneta perteneciente a Marcelo Sosa fue utilizada para transportar mujeres en aparente estado de alteración —según testigos, bajo efectos de sustancias— para interrumpir violentamente una pacífica cabalgata organizada por dirigentes opositores Francisco Paoltroni y Agostina Villaggi. El hecho, calificado por la oposición como un acto de "violencia política de género", incluyó agresiones verbales y físicas contra mujeres militantes que acompañaban la marcha.
Pero no es el único motivo por el que esta dupla ha quedado en el centro del repudio social. Sobre ellos pesan también gravísimas denuncias por el uso indebido y partidario de recursos del Estado. Vehículos oficiales, maquinarias de la provincia y personal público son utilizados abiertamente para realizar obras de la municipal,idad paralela que le montaron al intendente Jofré, armar actos partidarios, distribuir propaganda y financiar actividades proselitistas, todo bajo la bandera de la "17 de octubre", la agrupación ultraoficialista que responnde al ministro de economía Jorge Ibañéz, rinde culto a la figura de Gildo Insfrán, el gobernador que lleva más de 36 años en el poder y acumula más de cuatro décadas de acumulación del poder.
En este contexto, las críticas apuntan también al silencio cómplice de las autoridades provinciales, que lejos de poner límites, avalan y financian la obscena maquinaria electoral del oficialismo.
La sociedad formoseña asiste a un despliegue electoral cargado de despilfarro, donde las necesidades básicas siguen sin resolverse mientras se destinan millonarios fondos públicos a sostener la imagen y la hegemonía del "conductor eterno".
Uno de los aspectos más graves de esta campaña ha sido, sin dudas, la denuncia por adoctrinamiento infantil. Padres y docentes alertaron que Petú Argañaraz, con el aval del Ministerio de Educación que encabeza Julio Araoz, interrumpe clases en escuelas primarias y secundarias para realizar actividades proselitistas.
En algunos casos, los niños fueron filmados y fotografiados sin consentimiento legal de sus tutores, y luego exhibidos en redes sociales de la concejal, violando derechos fundamentales de la infancia y las normativas vigentes en materia de protección de menores.
La sociedad exige respuestas. La justicia permanece muda. El gobierno provincial, ausente. Y el oficialismo, como de costumbre, se ampara en el poder para naturalizar lo inaceptable: violencia, adoctrinamiento y clientelismo como herramientas de eternización en el poder.
Formosa necesita un cambio urgente. Y también necesita que se termine el blindaje político que permite que personajes como Argañaraz y Sosa no solo continúen en sus cargos, sino que se atrevan a pedirle a la ciudadanía una reelección. El desafío está planteado: o se sigue tolerando la impunidad, o se empieza a construir una nueva historia para Formosa.