Mayans desafía al Poder Judicial en defensa de Cristina Kirchner: una peligrosa escalada de desobediencia institucional promovida desde Formosa
En un acto que expone el desprecio por la división de poderes y el Estado de derecho, el senador nacional Miguel Ángel Mayans suma al cierre de la campaña del Frente de la Victoria local con una insólita arremetida contra el Poder Judicial, anunciando que él y un grupo de legisladores de Unión por la Patria intentarán visitar sin autorización judicial y sin previo aviso a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario por corrupción. Lo harán, según afirmaron, "cada vez que lo consideren necesario", invocando su "mandato institucional" como legisladores.
La movida, que se suma a la retórica beligerante de Gildo Insfrán —quien en actos oficiales transmitidos por la cadena pública llamó a "resistir" la condena de la Justicia contra Cristina— representa una peligrosa afrenta institucional. Insfrán comparó a la expresidenta con Isabel Perón y dejó claro que "una simple movilización no alcanza", insinuando una escalada de confrontación abierta contra las instituciones que osen aplicar límites a su jefa política.
El respaldo del gildismo a la líder condenada por corrupción no se limita a las palabras. Mayans, con su habitual tono altisonante, fue más allá: denunció una supuesta "persecución política" y amenazó con desobedecer el régimen de visitas dispuesto por el tribunal que lleva adelante la ejecución de la pena. Lo hizo, además, en nombre de la institucionalidad legislativa, tergiversando el principio de inmunidad parlamentaria para justificar un acto de abierta desobediencia judicial.
Según los fundamentos presentados por los legisladores kirchneristas, entre ellos Mayans, impedirles el acceso sin autorización judicial a una persona presa "afectaría el ejercicio de la representación popular" y "constituiría una grave vulneración al principio de división de poderes". En una maniobra argumentativa que desdibuja los límites entre el rol político y la responsabilidad judicial, se presentaron como víctimas de una supuesta restricción a sus derechos como representantes del pueblo.
El escrito elevado al Tribunal Oral que condenó a Cristina Fernández de Kirchner no solo insiste en el derecho de visitarla sin pedir permiso, sino que además defiende su figura como "persona de consulta permanente" del peronismo. Para justificar el intento de desconocer el control judicial sobre una persona detenida, citaron antecedentes de visitas legislativas a presos sin autorización, como si la reincidencia en actos irregulares los legitimara.
Lejos de tratarse de un simple gesto político, el mensaje que emana desde Formosa es claro: los dirigentes alineados con el modelo de Insfrán están dispuestos a desobedecer la Justicia en defensa de una dirigente condenada por delitos graves contra el Estado. El mismo Estado que dicen representar.
Este nuevo capítulo en el enfrentamiento con el Poder Judicial no es aislado. Forma parte de una estrategia sistemática de deslegitimación institucional impulsada por el kirchnerismo duro, que niega la legitimidad de toda decisión judicial que no se alinee con sus intereses.
Resulta particularmente grave que esta ofensiva se haya oficializado desde el acto de cierre de campaña de un frente electoral. Mayans no solo utilizó su investidura como senador para lanzar amenazas encubiertas, sino que convirtió un acto democrático en un escenario de amedrentamiento institucional.
En cualquier país con una democracia seria, la desobediencia judicial y el desconocimiento de los fallos sería motivo de repudio transversal. Sin embargo, en Formosa —donde el culto a la personalidad de Insfrán reemplazó hace tiempo a la institucionalidad— estas prácticas se aplauden como gestos de "lealtad".
El intento de Mayans de arrogarse privilegios que no tiene, bajo el pretexto de una representación popular distorsionada, es una señal alarmante del grado de impunidad con que se manejan algunos sectores del poder político. Mientras la expresidenta condenada presiona para ampliar su régimen de visitas, su ejército legislativo anuncia que lo violará. Una advertencia directa a los jueces: o se someten, o serán desobedecidos.
La democracia argentina no puede tolerar que funcionarios públicos se declaren por encima de la ley. Lo que está en juego no es el derecho de visita de un legislador, sino el principio mismo de que todos los ciudadanos —incluso los que fueron presidentes— están sometidos al imperio de la ley.
Mayans eligió cerrar su campaña con una amenaza al Poder Judicial. El pueblo formoseño tendrá ahora la oportunidad de responderle con el único instrumento verdaderamente democrático que aún no ha logrado subvertir: el voto.