Reelecciones con olor a escándalo y plata de la corrupción: la "Petú" Argañaraz y Marcelo Sosa, los concejales del derroche y el abuso del poder
En un escenario marcado por la apatía ciudadana, el descreimiento en las instituciones y el hastío hacia la política clientelar, las reelecciones de los concejales del Partido Justicialista, Petrona "Petú" Argañaraz y Marcelo Sosa, volvieron a teñirse de denuncias, escándalos y el uso descarado de los recursos públicos en la ciudad de Formosa. Ambos referentes del oficialismo fueron señalados no solo por la oposición, sino también por voces críticas dentro del propio espacio Gildista, que cuestionan el obsceno derroche de dinero y poder para mantener privilegios personales a costa del pueblo.
Una democracia degradada por el clientelismo y el abuso de poder no es democracia
La campaña de ambos concejales fue un despliegue propio de una estructura paralela al municipio. Con el amparo del gobierno provincial y el respaldo directo del ministro de Economía Jorge Ibañez, se puso en funcionamiento un verdadero "municipio paralelo" que operó con maquinaria vial, personal, herramientas y materiales de construcción provistos por el Estado. Lejos de atender necesidades urgentes de los barrios populares, estos recursos fueron utilizados para comprar voluntades, desgastar la gestión del intendenteJorge Jofré, y reforzar la maquinaria electoral de Gildo Insfrán.
Según denuncias públicas de la diputada provincial Gabriela Neme y del analista justicialista Rubén Pisiottano, no solo se utilizaron alimentos, materiales de construcción y dinero en efectivo, sino también sustancias prohibidas como parte del engranaje clientelar montado para manipular la voluntad popular.
Marcelo Sosa, cuestionado referente de la agrupación "17 de Octubre", lidera un espacio financiado por la caja del Estado a través del Ministerio de Economía. Vive en dos casas sociales otorgadas por el IPV, instituto que casualmente administra su socio político y familiar, Marcelo Ugelli, marido de la concejal Argañaraz. Pero no es su única controversia: pesa sobre él una denuncia judicial por violencia de género, amenazas y abuso sexual realizada por su ex pareja, lo que motivó una orden de exclusión del hogar.
La Petú Argañaraz, por su parte, es un claro ejemplo de cómo la estructura del poder convierte el clientelismo en banca segura. Con apenas 2500 votos en 2021 —según reveló el propio portal oficialista que la cuestionó— consiguió su primera banca como concejal gracias a la Ley de Lemas. En esta elección repitió la fórmula: con 4900 votos, volvió a sentarse en una banca que debería representar al pueblo, pero que responde a los intereses de una familia convertida en empresaria del poder.
Su agrupación, según afirman hasta militantes propios, "no existió". Fueron otros sublemas del oficialismo los que caminaron la calle y pusieron el cuerpo. Pero la caja del IPV y el millonario sostén económico del Ministerio de Economía hicieron el resto. Argañaraz fue impuesta con soberbia y despliegue obsceno, sin gestión, sin propuestas y con el silencio cómplice del aparato.
La historia reciente de Formosa no es ajena a estos mecanismos perversos de acumulación y eternización en el poder. Pero lo que indigna es que mientras miles de formoseños pelean por sobrevivir, mientras los barrios siguen sin servicios básicos y los jóvenes se van por falta de oportunidades, dos concejales señalados por enriquecimiento, abuso y violencia, puedan ser reelectos solo por pertenecer al engranaje del modelo de sometimiento y despilfarro.
Formosa merece una clase política distinta. Menos feudos familiares y más servidores públicos. Menos cajas negras y más rendición de cuentas. Porque una democracia degradada por el clientelismo y el abuso de poder no es democracia. Es una parodia sostenida por el miedo, la pobreza y el dinero ajeno. Y eso también hay que decirlo.