Persecución política: tras ser los más votados de la oposición, Paoltroni y Basualdo son blanco de una cacería judicial del gobierno de Insfrán
En un nuevo acto de persecución institucional, Gildo Insfrán lanzó una ofensiva judicial contra Francisco Paoltroni y Atilio Basualdo, los dos opositores más votados en las últimas elecciones. No es la primera vez: ya lo hizo con Gabriel Hernández, a quien inhabilitó de por vida por el "delito" de haberle ganado una elección. En Formosa, quien desafía al poder, paga con causas armadas, multas y proscripción.
Con un claro trasfondo político, el ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, anunció que ambos referentes fueron multados con cifras multimillonarias por supuestas irregularidades vinculadas a desmontes ilegales y compra de tierras fiscales. Las sanciones, informadas justo después de los comicios y en medio de los reclamos por la intervención federal de la provincia, revelan la reacción persecutoria de un régimen que no tolera el disenso.
"Mientras cantaban a la libertad y al republicanismo, Paoltroni y Basualdo ocultaban ambiciones personales", sostuvo el ministro Rodríguez, en un claro tono militante, dejando en evidencia el uso político del aparato estatal para atacar a la oposición.
🎯 Un patrón de castigo: cuando la oposición crece, el gobierno reacciona con denuncias
El momento elegido por el gobierno provincial para comunicar estas sanciones no es casual. Se da inmediatamente después de que Paoltroni y Basualdo resultaran los dirigentes opositores más votados, con un fuerte discurso contra el régimen de Gildo Insfrán, exigiendo la intervención federal por la ausencia total de institucionalidad en Formosa.
Ambos denunciaron públicamente la manipulación del sistema electoral mediante la Ley de Lemas, el uso obsceno de recursos del Estado para financiar el clientelismo, y la concentración de poder que convierte a Formosa en un territorio sin alternancia ni transparencia.
Como respuesta, el gobierno les arma causas administrativas y los sanciona con multas que superan los $100 millones en el caso del senador Paoltroni y más de $1.000 millones contra Basualdo, intendente de una localidad que se animó a desafiar la hegemonía oficialista.
📌 Formosa: donde solo se condena a los opositores
El aparato judicial formoseño no registra antecedentes de condenas a funcionarios del oficialismo en 40 años de democracia. La única condena judicial conocida fue contra el exintendente radical Gabriel Hernández, quien fue inhabilitado a perpetuidad por pagar sueldos con un ATN enviado por el gobierno nacional. Su verdadero "delito" fue haberle ganado una elección al PJ en la capital provincial.
Mientras tanto, los verdaderos dueños de la tierra en Formosa son altos funcionarios, testaferros y empresarios ligados al poder, denunciados desde hace años por desmontes ilegales, sin que ninguna autoridad ambiental o judicial haya intervenido jamás.
🌳 La hipocresía ambiental en una provincia sin títulos de propiedad
El ministro Rodríguez habla de "desmontes ilegales" en una provincia donde el Estado niega sistemáticamente la titularidad de tierras a pequeños productores, criollos, comunidades indígenas y familias rurales. Y donde las denuncias ambientales de organismos internacionales contra funcionarios ligados al poder han sido silenciadas durante décadas.
Además, el propio gobierno se niega a garantizar el acceso a la información pública, nunca responde pedidos de informes, y usa el discurso ambiental solo para castigar a quienes piensan distinto.
Lo más llamativo es que las acusaciones se activaron justo después de las elecciones, en las que Paoltroni y Basualdo encabezaron el reclamo opositor más fuerte de los últimos años contra un régimen que ya lleva 36 años en el poder con un solo hombre gobernando la provincia.
📢 En Formosa, la lucha por la democracia tiene un precio: persecución, causas armadas, multas exorbitantes y escraches oficiales.
El poder no acepta límites, y castiga a quien se atreve a cuestionarlo.