El oficialismo impide arbitrariamente jurar a dos convencionales opositores
Formosa volvió a exhibir, en plena apertura de su Convención Constituyente, el costado más autoritario, tramposo y antidemocrático del modelo político que encabeza Gildo Insfrán. En una sesión preparatoria que debía marcar el inicio de un proceso institucional serio y plural, el oficialismo incurrió en graves irregularidades, desconoció procedimientos elementales y, lo más grave, impidió que dos convencionales constituyentes electos por la oposición pudieran prestar juramento y asumir sus bancas.
Un inicio viciado de ilegitimidad
Lo ocurrido en la sesión del pasado jueves superó cualquier previsión. Sin reglamento, sin autoridades formalmente constituidas, y sin que los presentes hubiesen prestado juramento, el convencional oficialista Adrián Muracciole tomó la palabra de manera irregular y propuso que la ex diputada y auditora Graciela De la Rosa asuma la presidencia provisoria de la Convención. Lo hizo en base a un insólito argumento: su "mayor legitimidad democrática", invocando como antecedente la Convención de 2003… la misma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que forzó esta nueva convocatoria.
Esa designación a viva voz y sin marco legal fue seguida por la votación de autoridades definitivas por parte de convencionales que aún no habían sido juramentados ni acreditados, violando abiertamente las normas elementales del derecho parlamentario.
Exclusión política con pretextos burocráticos
En paralelo a ese atropello institucional, se concretó una maniobra aún más grave: los convencionales opositores Juan Carlos Montiel (UCR) y Pablo Miguez (LLA) —electos por voluntad popular, sin que existiera ninguna impugnación formal en su contra— fueron impedidos arbitrariamente de asumir sus bancas .
¿El pretexto? No haber presentado a tiempo un certificado de licencia conn goce de haberes por parte de la administración pública, dado que ambos se desempeñan como empleados públicos. Un requisito basado en una interpretación forzada del artículo 5° de la Ley 1.736, que establece que los convencionales deberán ejercer su función ad honorem y deberán gestionar licencia laboral. Pero esa exigencia nunca implicó ni puede implicar la anulación de los derechos políticos ni la privación de un cargo ganado en las urnas.
Tanto la Constitución Provincial como el reglamento de la Legislatura de Formosa equiparan a los convencionales constituyentes con los diputados provinciales, y no establecen que la ausencia de ese trámite administrativo implique una causal de exclusión del cargo. Menos aún sin un proceso previo de impugnación o resolución judicial que lo fundamente.
El trasfondo: doble vara y abuso de poder
Mientras a los representantes del oficialismo —muchos de ellos también agentes estatales— se les facilitó sin obstáculos toda la documentación exigida, a los opositores se les aplicó la letra chica como herramienta de censura política.
En una provincia gobernada hace casi 30 años por un mismo hombre, con una Ley de Lemas que distorsiona la voluntad popular y un aparato estatal al servicio del poder, estos actos ya no pueden considerarse meras irregularidades: son expresiones sistemáticas de un régimen antidemocrático y de la falta de reacción de la oposición dispersa.
Un comienzo viciado: exclusión, atropello y una oposición adormecida
La legitimidad de origen de una Convención se construye, ante todo, con reglas claras, respeto institucional y garantías de participación para todas las voces. Pero en Formosa, lo que debía ser un proceso democrático comenzó con exclusión, arbitrariedad y manipulación. Y lo que es peor: con una oposición sorprendida y desorganizada, que en lugar de denunciar con firmeza el atropello y retirarse, permaneció en el recinto, convalidando de hecho un acto viciado de nulidad. Si así se inaugura el camino hacia una nueva Constitución, lo que se proyecta no es una reforma, sino una consolidación del poder absoluto.
La exclusión de Amarilla y Miguez —a este último incluso habiéndole sido adjudicada su banca en lugar de otro candidato con más votos, producto de la ingeniería tramposa del sistema de sublemas— se convierte en una muestra descarnada de cómo opera el oficialismo cuando se enfrenta al disenso: impide, bloquea, silencia.
¿Una Convención sin representación real?
La Convención Constituyente fue convocada por obligación judicial, no por voluntad política. Y todo indica que el oficialismo buscará utilizarla como una herramienta para ampliar su poder, no para modernizar el sistema institucional formoseño.
Un Fraude institucional: una vulneración directa al principio republicano de representación
Impedir que opositores electos asuman sus cargos no es una anécdota: es una vulneración directa al principio republicano de representación, y constituye una forma de fraude institucional. Porque si la voluntad del pueblo puede ser desconocida por un papel que el Estado mismo retacea, ya no estamos ante una democracia, sino ante una simulación de institucionalidad.
El mensaje es claro
En Formosa, se convoca a una reforma constitucional "por y para el poder". Se convoca, pero se excluye. Se jura, pero con trampas. Se abre una convención, pero cerrando la puerta al debate y a la pluralidad. Y eso no es una estrategia política. Eso es autoritarismo liso y llano.