El juez Pablo Morán bloqueó el control nacional y habilitó militantes gildistas: la denuncia de Leo Fernández Acosta contra el comisario judicial del régimen
El periodista Leo Fernández Acosta lanzó duras críticas contra el juez federal con competencia electoral en Formosa, Pablo Morán, a quien calificó como "un comisario judicial del régimen de Gildo Insfrán" por su decisión de impedir la presencia de la Dirección Nacional Electoral (DNE) en los comicios y, en cambio, autorizar el ingreso de militantes de la Defensoría del Pueblo —órgano conducido por el ultraoficialista Leonardo Gialluca—.
Para Fernández Acosta, la Justicia formoseña no vela por la transparencia del voto: la custodia quedó en manos del poder político.
"En cualquier provincia con un mínimo de institucionalidad, el juez federal con competencia electoral es el garante del voto. En Formosa, ese cargo lo ocupa un militante más del feudo", afirmó el periodista.
Un juez al servicio del poder, no de la Constitución
La resolución de Morán de rechazar la presencia de los analistas operativos de la DNE, bajo el pretexto de que "no existe normativa específica", fue interpretada como una señal inequívoca de obediencia al poder provincial.
En contrapartida, el magistrado habilitó a la Defensoría del Pueblo —una oficina política del gildismo— para ingresar a las escuelas el día de la elección.
"Expulsa el control institucional y legitima el control partidario. Morán no administra justicia: administra obediencia", denunció Fernández Acosta.
El periodista subrayó que la DNE, organismo oficial del Ministerio del Interior, está facultada por el Código Electoral Nacional (Ley 19.945, artículo 106) para asistir técnicamente a la Justicia Nacional Electoral, y recordó además que la Acordada 128/2019 de la Cámara Nacional Electoral reconoce expresamente a sus analistas como agentes oficiales del proceso electoral.
"Negar su ingreso no es un acto administrativo: es una decisión política. Y Morán eligió la política del poder, no la de la Constitución", sintetizó el periodista.
Las provincias que sí permitieron el control nacional
Para dimensionar la gravedad del caso formoseño, Fernández Acosta recordó que incluso provincias con gobiernos aliados al kirchnerismo —como Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja o Chaco— autorizaron sin objeciones la presencia de la DNE.
"Ni en los feudos más disciplinados se animaron a tanto. Solo en Formosa se decidió apagar la luz y dejar la fiscalización en manos del régimen", remarcó.
En Tucumán, por ejemplo, la Junta Electoral permitió que los técnicos nacionales participaran en el monitoreo del escrutinio; en Santiago del Estero, los analistas supervisaron la transmisión de telegramas; y en Chaco, incluso bajo el gobierno de Capitanich, trabajaron con normalidad.
"Lo que ocurre en Formosa es un hecho inédito: el juez federal prohíbe la presencia de la Nación y entrega el control a los militantes del gobernador", señaló.
El blindaje judicial del régimen
Fernández Acosta también apuntó contra los otros integrantes de la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa: el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Alucín, y el fiscal federal Luis Benítez, a quienes consideró parte de un blindaje judicial al servicio del poder político.
"Juntos conforman una Junta que no administra elecciones: administra la impunidad del poder. Son los guardianes del voto cautivo y los garantes del silencio institucional", sostuvo.
El juez que teme a la luz
Según el periodista, Morán no teme a la DNE, sino a la transparencia.
"Lo que prohíbe no es la presencia de analistas, sino la mirada externa. Le teme a que alguien de afuera vea cómo funciona la maquinaria electoral aceitada por el miedo, la dependencia y los recursos del Estado", escribió.
En cualquier república, un juez que impide la fiscalización nacional sería investigado por mal desempeño. En Formosa, en cambio, es premiado con estabilidad y poder.
Una Justicia que abdica
"Cada vez que Morán firma una resolución así, la Justicia abdica un poco más de su función constitucional", concluyó Fernández Acosta.
"En Formosa no hay división de poderes, hay una cadena de mando. El derecho se subordina al poder, la ley se vuelve decorado y el voto, una formalidad administrada desde el feudo."
Para el periodista, el caso Morán es la muestra más obscena de cómo la Justicia formoseña se arrodilla ante el poder político y renuncia a su rol de garante de la democracia.
"Formosa no tiene un problema electoral: tiene un problema judicial. Y ese problema tiene nombre y apellido."