💥 Gialluca se autoproclama autoridad electoral con el aval de los jueces de Insfrán y sale a atacar a quienes cuestionan su "imparcialidad"
El seudo defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, no solo se defiende de las críticas: ahora admite que su "legitimación" como autoridad electoral surge de una autorización otorgada por los jueces del régimen de Gildo Insfrán. Mientras tanto, la Dirección Nacional Electoral sigue excluida del proceso.
El escándalo institucional en torno al proceso electoral formoseño sumó un nuevo capítulo este fin de semana. El seudodefensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, salió a rechazar lo que calificó como "afirmaciones infundadas y maliciosas" sobre la falta de imparcialidad de su organismo.
Pero en su intento de defenderse, terminó confirmando lo que toda la ciudadanía sospecha: que actúa con poderes otorgados directamente por los jueces de Gildo Insfrán.
Gialluca reconoció públicamente que su "legitimación como autoridad de los comicios" proviene de una autorización emitida por la Junta Electoral Nacional – Distrito Formosa, presidida por el juez Pablo Fernando Morán, el mismo magistrado que días atrás rechazó la intervención de la Dirección Nacional Electoral (DNE) , organismo técnico del Ministerio del Interior con competencia nacional para supervisar el proceso.
En otras palabras, mientras los analistas electorales nacionales fueron expulsados del territorio formoseño, la Junta gildista habilitó a un funcionario político provincial —fiel al poder local— a ingresar a los establecimientos de votación, bajo el pretexto de "garantizar transparencia" .
⚠️ Un "defensor" con poder de juez
De acuerdo con el propio comunicado difundido por la Defensoría, el juez Morán emitió el Oficio N° 497/25, autorizando al personal designado por Gialluca a ingresar a todas las escuelas de la provincia el día de los comicios, desde las 7:00 hasta la finalización de la votación, con potestad para "verificar condiciones de acceso, cantidad de locales de sufragio habilitados, disposición de las cabinas de votación y cualquier otra circunstancia de interés".
La resolución, insólita en términos institucionales, otorga a la Defensoría del Pueblo facultades de control electoral que ni el propio Código Electoral prevé. Es decir, mientras el régimen se niega a la fiscalización de organismos nacionales especializados, pone a vigilar el proceso a un funcionario del propio Insfrán, convertido en una suerte de juez electoral paralelo .
🧩 De garante ciudadano a brazo político del régimen
Lejos de comportarse como un organismo independiente, Gialluca se ha transformado en un operador político disfrazado de defensor ciudadano, utilizando su cargo para blindar al gobierno y deslegitimar las críticas. En su comunicado, acusó a los medios y redes sociales de difundir información "maliciosa" y se autodefinió como un garante de la "transparencia electoral".
Sin embargo, el verdadero contexto de su actuación revela una maniobra cuidadosamente orquestada por la estructura judicial del oficialismo: la Junta Electoral de Insfrán niega control al Estado Nacional y le entrega el control de las urnas a sus propios funcionarios y jueces de paz —muchos de ellos punteros locales— con el discurso de proteger la "democracia formoseña".
📉 "Transparencia" made in Formosa
Mientras Gialluca repite el libreto del poder, el proceso electoral se desarrollará sin presencia de analistas operativos nacionales, sin observadores independientes y con la Defensoría del Pueblo actuando dentro de las escuelas como si fuera un órgano electoral.
En una provincia donde la justicia responde al Ejecutivo y los organismos públicos funcionan como extensiones del poder político, la transparencia que promete Gialluca es una ficción montada para encubrir la manipulación institucional.
La Junta Electoral Nacional – Distrito Formosa rompió la imparcialidad más elemental del proceso, al preferir la presencia de actores locales alineados con el régimen, antes que la de técnicos imparciales.
💬 Un modelo que se consolida sobre el control absoluto
La maniobra deja en evidencia el funcionamiento del modelo político formoseño, donde los límites entre el Estado, la justicia y el partido de gobierno ya no existen.
Gialluca, lejos de cumplir su rol constitucional de proteger los derechos de los ciudadanos, se convirtió en el guardián del poder que debería controlar.
Mientras tanto, la Dirección Nacional Electoral —órgano técnico de alcance federal— fue excluida del proceso por los mismos jueces que habilitaron al "Defensor de Gildo" a recorrer las escuelas.
Conclusión:
En Formosa, la imparcialidad electoral murió con la complicidad de los jueces del régimen.
El seudo defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, no garantiza transparencia: garantiza control político.
Y lo hace amparado por una Junta Electoral que, lejos de resguardar la democracia, trabaja al servicio de un solo ciudadano: Gildo Insfrán.