La policía actuó por denuncia de la prima del ex intendente, beneficiada con la donación ilegal de un terreno municipal

El conflicto se remonta a la gestión de Corbalán, quien donó de manera ilegal un terreno municipal a su prima, la Dra. Doly Delgado, argumentando que era para una fundación educativa. Sin embargo, la donación a su familiar fue un acto irregular, pues se realizó por decreto y sin la intervención del Concejo Deliberante, tal como lo establece la Ley 1028. Delgado, además, había sido removida de su cargo en la dirección del hospital local luego de una fuerte protesta vecinal con corte de ruta respaldada por 600 firmas, lo que evidenciaba el hartazgo de la comunidad por su desempeño.

Con la llegada de Werning a la intendencia, se destapó la situación catastrófica en la que Corbalán había dejado el municipio: un aparato estatal saqueado, con infraestructura destruida y personal en exceso. En su intento por devolverle transparencia y orden a la administración, el nuevo intendente anuló todas las donaciones irregulares realizadas por su antecesor, entre ellas, la del terreno otorgado a su prima.

El predio en cuestión, un espacio con un tinglado sin paredes ni uso efectivo, fue reasignado en venta a otra familia, que comenzó a delimitarlo con postes y acercó materiales de construcción para asentarse. Pero la influencia de los viejos caudillos sigue pesando en la provincia: apenas Delgado notó la presencia de estos elementos, recurrió a la policía para denunciar una supuesta usurpación.

Lo sucedido a continuación fue un atropello policial descarado. Sin exhibir orden de desalojo ni un expediente judicial formal, los uniformados de la Policía de Formosa procedieron a intimidar a la familia ocupante, retirar los postes y secuestrarlos. Cuando los damnificados acudieron a la comisaría junto con el jefe de Catastro del municipio para exigir la documentación correspondiente, los agentes no pudieron mostrarles nada. Al día siguiente, tras la presión ejercida, apenas pudieron presentar un número de expediente sin mayores detalles.

Justicia militante

Pero la cadena de abusos no terminó ahí. Cuando las víctimas intentaron radicar una denuncia ante el Juzgado de Las Lomitas, no solo se encontraron con trabas, sino que también fueron persuadidos de desistir del reclamo. Funcionarios judiciales intentaron amedrentarlos con frases como "esos juicios no prosperan" o "los abogados son caros", mientras que les aseguraban que Delgado tenía "las carpetas en regla".

Lo peor: el Cinismo policial

Como si no fuera suficiente, el cinismo de la policía provincial quedó plasmado en el parte de prensa oficial, titulado: "Dos personas se disputan un terreno en Laguna Yema": Mentira. Luego que ya actuaron, en un burdo intento de blanquear su accionar, el documento menciona que "la jueza de feria, Dra. Araceli Edith Mocca, resolverá el conflicto". Pero la manipulación no se detiene allí: también aseguran que en el predio en cuestión "funciona un merendero", lo cual es una mentira evidente, incluso refutada por las propias imágenes adjuntas en el parte oficial.

El accionar de la Policía de Formosa no es un caso aislado, sino un ejemplo más de cómo el aparato estatal sigue funcionando como una herramienta de disciplinamiento y represalia en manos del oficialismo provincial. En este caso, no solo se trató de un desalojo ilegal, sino de un mensaje político claro: en Formosa, la voluntad popular y las decisiones democráticas quedan subordinadas a los caprichos de quienes se niegan a soltar el poder.

El silencio del gobierno de Gildo Insfrán ante estos atropellos confirma lo que ya se sabe: en Formosa, la justicia y la legalidad son conceptos flexibles cuando los intereses del poder están en juego. Y mientras las instituciones sigan funcionando como meros instrumentos de los viejos barones del feudo, el abuso y la impunidad continuarán siendo la norma en esta provincia olvidada del país.