Grave denuncia de corrupción en el Hospital de Ingeniero Juárez: persecución, negligencia y abuso de poder
El Hospital de Ingeniero Juárez se ha convertido en el epicentro de una crisis sanitaria y administrativa sin precedentes. Su director, José Víctor Fernández, condenado por la Justicia Federal en la causa PAMI, sigue ejerciendo su poder de manera arbitraria, desatendiendo sus responsabilidades y priorizando sus intereses personales por sobre la salud de los juarenses.
Lejos de cumplir con su rol como funcionario público, Fernández se encuentra habitualmente ausente de la localidad, gestionando a la distancia y sin el más mínimo compromiso con la comunidad. Su principal tarea no es velar por la salud de los ciudadanos, sino amenazar y perseguir a aquellos profesionales que no se pliegan a sus caprichos. El resultado es un hospital sometido a la inoperancia, la falta de insumos y un plantel médico que trabaja bajo amenazas constantes.
Negligencia criminal
Uno de los puntos más alarmantes de su gestión es la prohibición de derivaciones a centros de mayor complejidad sin su expresa autorización. Esta práctica no solo pone en riesgo la vida de los pacientes, sino que atenta contra el correcto ejercicio de la medicina. Existen casos en los que su intransigencia ha resultado en desenlaces fatales, y sin embargo, sigue en funciones sin rendir cuentas ante la Justicia ni ante el Gobierno provincial.
Acusaciones de maltrato y persecución ideológica
Las denuncias contra Fernández no son nuevas. Desde su paso por PAMI hasta su actual gestión, ha acumulado múltiples acusaciones por maltrato al personal. En los últimos meses, despidió a una decena de profesionales bajo la excusa de que eran "fiscales de Milei", cuando en realidad se trataba de médicos que se negaron a obedecer sus órdenes arbitrarias. Otros tantos han solicitado su traslado o renunciaron por el estrés laboral derivado de su persecución y falsas acusaciones.
Esta cacería ideológica no solo afecta a los trabajadores de la salud, sino también a los pacientes, quienes ven cómo la atención médica se deteriora por la ausencia de profesionales calificados, expulsados por la tiranía del director.
Un personaje sin apoyo y con antecedentes oscuros
Es evidente que Fernández no goza de respaldo entre los juarenses ni entre los jefes comunales de la región. Incluso las comunidades originarias han solicitado su remoción, recordando su errático paso por la legislatura y su historial delictivo vinculado al PAMI. Para ellos, su presencia en el oeste formoseño representa un obstáculo para el desarrollo y la dignidad de la población.
Además de su ineptitud en la gestión sanitaria, se le conoce por su afición a los casinos, a los que asiste frecuentemente acompañado de su amante y asesora legal de turno. Mientras tanto, el hospital se cae a pedazos y los trabajadores de la salud buscan emigrar a otras localidades o provincias, cansados del abuso y la falta de garantías para ejercer su profesión con dignidad.
¿Qué espera el Gobierno para intervenir?
Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo el Gobierno provincial sostendrá a este personaje en su cargo? ¿Gildo Insfrán es consciente del daño que Fernández le causa a la imagen del PJ en el oeste?
Cada día que este director continúe al frente del Hospital de Ingeniero Juárez es un día más de sufrimiento para los juarenses. No se trata de política, sino de la vida de las personas. La comunidad exige respuestas y, sobre todo, soluciones inmediatas.
El pueblo ya habló. Ahora le toca al Gobierno actuar.
