Transparencia fabulada, privilegios reales: el caso Marcelo Sosa expone la hipocresía y el doble discurso del IPV
Las recientes declaraciones del administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, asegurando que el acceso a las viviendas sociales se realiza exclusivamente mediante un "sorteo público y transparente, sin excepciones", quedaron severamente cuestionadas tras la protesta de familias que reclaman una solución habitacional desde hace décadas y denuncian un sistema de asignación discrecional atravesado por favoritismos políticos.
Viviendas para amigos del poder: el discurso de Ugelli choca con denuncias de adjudicaciones obscenas
El conflicto se profundizó luego de que un grupo de manifestantes decidiera permanecer encadenado dentro del edificio del IPV, visibilizando una demanda histórica: personas inscriptas desde hace 20, 30 y hasta 35 años que nunca accedieron a una vivienda, mientras observan cómo unidades habitacionales son adjudicadas a dirigentes oficialistas, familiares y militantes cercanos al poder provincial.
Entre las denuncias más graves, los manifestantes y distintos sectores políticos señalaron el caso del concejal Marcelo Sosa, integrante del mismo espacio político que Ugelli, quien sería adjudicatario de dos viviendas sociales, luego transformadas en una amplia casaquinta con pileta, utilizada para eventos privados. Un hecho de conocimiento público en la ciudad y que contradice de manera directa el discurso de "sorteo sin excepciones" sostenido por el funcionario.
Ugelli intentó justificar la protesta atribuyéndola a la supuesta instigación de "una referente de un espacio político opositor" y acusó a los manifestantes de buscar endurecer el reclamo mediante la ocupación del edificio. Sin embargo, evitó explicar por qué se negó a recibirlos personalmente, limitándose a señalar que quedaron bajo custodia de la Policía de Formosa, sin brindar respuestas concretas a los planteos de fondo.
El administrador del IPV insistió en que "siempre se atendió a todos" y que la única vía de acceso a una vivienda es el sorteo público realizado a través del Instituto de Asistencia Social (IAS). No obstante, la realidad denunciada por los manifestantes —y respaldada por casos concretos— expone una utilización política del sistema habitacional, en beneficio de militantes identificados con la agrupación 17 de Octubre y referentes del oficialismo provincial.
En un intento por desviar el eje del conflicto, Ugelli responsabilizó al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei por la crisis habitacional, afirmando que la derogación del Plan Nacional de Vivienda dejó "tres mil viviendas abandonadas". Aun así, fabuló que el Gobierno provincial continúa con un programa propio, financiado con fondos locales, por orden del gobernador Gildo Insfrán, y que se prevé finalizar viviendas para lanzar nuevos sorteos.
También aseguró que no existen casas abandonadas. Sin embargo, omitió toda referencia a las adjudicaciones cuestionadas, como las vinculadas a Marcelo Sosa y otros dirigentes oficialistas, alimentando la percepción de un doble estándar: reglas estrictas para los ciudadanos comunes y excepciones silenciosas para los aliados políticos.
Mientras tanto, familias que esperan desde hace décadas continúan sin respuestas, enfrentando un discurso oficial que proclama transparencia, pero que no logra explicar los privilegios evidentes ni disipar las sospechas de clientelismo en la política habitacional de la provincia.
La brecha entre el relato institucional y los hechos concretos vuelve a colocar al IPV en el centro de un debate que ya no es solo administrativo, sino profundamente político y ético.
