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Caso Xiomara: revelan pericia con ADN de dos personas que no coinciden con los detenidos y apuntan contra el silencio judicial

Las doctoras Gabriela Neme y Ailin Narváez realizaron una fuerte denuncia pública al señalar que una pericia incorporada al expediente del caso Xiomara determinó la presencia de ADN de dos personas que no corresponden a los actuales imputados, quienes permanecen detenidos desde hace casi tres meses por orden del juez Picabea.

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Según expusieron, el informe fue remitido desde la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y está suscripto por la doctora Zimmerman. El estudio habría sido realizado sobre muestras extraídas debajo de las uñas de la víctima y, de acuerdo a los perfiles genéticos obtenidos, existe material biológico perteneciente a dos individuos masculinos que no coinciden con el menor Sebastián Torres ni con su padrastro, Carlos Aguilar, actualmente privados de su libertad.

De acuerdo a la información difundida, el informe pericial habría sido incorporado formalmente al expediente el pasado 5 de enero. Sin embargo, las denunciantes sostienen que hasta el momento no hubo explicaciones públicas sobre el alcance de esos resultados ni sobre su impacto en la situación procesal de los imputados.

"Estamos ante una situación institucional de extrema gravedad si se mantienen detenciones sin pruebas contundentes", advirtieron, al tiempo que cuestionaron el silencio del magistrado interviniente y reclamaron que se informe con claridad cuál es el estado real de la causa.

Detenciones bajo cuestionamiento

Uno de los puntos más sensibles del planteo radica en que uno de los detenidos es menor de edad. En ese sentido, recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de la libertad de un adolescente debe ser una medida excepcional y por el plazo más breve posible.

Las profesionales remarcaron que mantener detenido a un menor sin que se brinde información clara respecto de pruebas científicas ya incorporadas al expediente compromete garantías constitucionales básicas y afecta el derecho al debido proceso.

Reclamo de transparencia

Las denunciantes encuadraron el caso dentro de un contexto más amplio que —según señalaron— preocupa a la provincia: la violencia institucional, la vulneración de derechos humanos y la falta de independencia judicial.

"Sentimos que la causa camina hacia la impunidad. No entendemos el silencio frente a pruebas que podrían modificar el rumbo del proceso", manifestaron, al exigir transparencia y acceso a la verdad tanto para la familia de Xiomara como para la sociedad.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales por parte del juzgado interviniente respecto del informe pericial mencionado ni sobre posibles medidas procesales derivadas de su contenido.

El caso vuelve así a colocar bajo la lupa el desarrollo de la investigación y abre interrogantes sobre el destino de una causa que, lejos de cerrarse, suma nuevos elementos que podrían cambiar su curso.

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