Liberaron a Joaquín Torres tras más de tres meses detenido sin pruebas: el caso Xiomara, entre la injusticia y la impunidad
Después de más de tres meses privado de su libertad sin pruebas que lo vincularan al asesinato de Xiomara Portillo, y con un análisis de ADN debajo de la uñas de la víctima -que él juez ocultó- que los desvinculan, tras una secuencia de dilaciones, declaraciones de incompetencia y órdenes de libertad que nunca se cumplieron, finalmente fue liberado el menor Joaquín Sebastián Torres, que nunca debió estar detenido.
Su detención nunca debió producirse, y menos tanto tiempo. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por idas y vueltas judiciales, una investigación policial deliberadamente tendenciosa y expedientes que cambiaban de despacho sin resolución concreta, un juez que se fue de vacaciones y decisiones que, lejos de aportar claridad, profundizaron la incertidumbre.
La liberación, largamente postergada, pone fin a una situación que vulneró derechos básicos reconocidos por la normativa penal argentina y los estándares internacionales de protección de menores.
La salida de Joaquín representa, apenas, una reparación parcial. Porque mientras un joven recupera su libertad tras una detención que carecía de sustento probatorio sólido, el crimen de Xiomara Portillo continúa sin responsables condenados y con una causa envuelta en cuestionamientos.
A más de tres meses del hecho, la investigación arrastra serias sombras: líneas investigativas que nunca se profundizaron, actuaciones policiales que desviaron la atención hacia pistas luego descartadas, irregularidades denunciadas en la recolección de pruebas y testimonios controvertidos.
El tiempo transcurrido no solo debilitó la búsqueda de verdad, sino que también sembró dudas sobre la calidad y transparencia del procedimiento.
En el centro de la polémica queda el cuestionadísimo desempeño judicial. Las decisiones adoptadas por los jueces intervinientes, Picabea y Jarzynski, fueron señaladas por su negligencia, falta de coordinación y por demoras que extendieron innecesariamente la privación de libertad del menor. Tampoco escapó a las críticas el trabajo policial, cuestionado por el rumbo de la investigación y los resultados obtenidos.
El rol de las defensas técnicas también fue objeto de fuertes cuestionamientos. Lejos de ejercer una presión firme frente a lo que se consideraba una detención arbitraria, su actuación fue percibida por sectores críticos como excesivamente tolerante frente a las decisiones judiciales que mantenían a sus asistidos tras las rejas.
Con Joaquín en libertad, se cierra una etapa marcada por una detención que muchos califican como injusta.
Pero la causa principal permanece abierta, sin certezas definitivas y con una pregunta que sobrevuela el expediente: ¿quiénes son los verdaderos responsables del asesinato de Xiomara y por qué, a más de tres meses, la investigación no logró encaminarse con resultados contundentes?.
La libertad del menor corrige una parte del daño. El esclarecimiento del crimen, en cambio, sigue siendo una deuda pendiente.
