Escándalo institucional en la UNaF: suspenden a tres decanos por hechos de violencia y documentación falsificada

En una sesión extraordinaria realizada el viernes 24, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) dispuso la suspensión por 60 días de los decanos Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Martínez en sus funciones como consiliarios, en el marco de una grave denuncia institucional que sacude a la casa de altos estudios.

La medida fue impulsada por el rector Augusto César Parmetler, quien expuso ante el cuerpo la presunta presentación de documentación falsificada por parte de los involucrados. Según se indicó, dicha maniobra habría tenido como objetivo encubrir que no eran docentes ordinarios, condición indispensable para integrar los Consejos Directivos y ejercer como decanos.

La decisión no solo apunta a determinar responsabilidades individuales, sino que abre un proceso más amplio de revisión institucional. En ese sentido, se resolvió la creación de una comisión especial encargada de investigar los hechos y analizar la validez de las elecciones celebradas el 13 de diciembre de 2024 en las facultades de Humanidades, Administración, Economía y Negocios, y Recursos Naturales.

Desde la conducción universitaria remarcaron que la resolución responde a la necesidad de garantizar el respeto por la legalidad, la transparencia y el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno. La medida también se enmarca en un contexto atravesado por denuncias de irregularidades y episodios de violencia que, según trascendió, habrían contribuido a acelerar la intervención del rectorado.

El apartamiento de los decanos marca un punto de inflexión en la vida institucional de la UNaF. Durante años, situaciones de este tipo habrían transitado entre el silencio, la falta de controles o la inacción de las autoridades. Esta vez, en cambio, la conducción decidió avanzar sobre un tema sensible que pone en juego la legitimidad del sistema universitario.

El eje del conflicto no es menor: si quienes ocupan cargos de conducción no cumplen con los requisitos básicos establecidos por la normativa, se debilita la confianza en toda la estructura institucional. En ese marco, la decisión del Consejo Superior busca preservar la credibilidad de la universidad y evitar que el ejercicio del poder quede asociado a prácticas irregulares.

La apertura de una investigación formal y la revisión de los procesos electorales recientes plantean un escenario de alta tensión interna, pero también una oportunidad para reordenar el funcionamiento institucional. En una provincia donde los cuestionamientos sobre la calidad democrática de las instituciones son recurrentes, el caso de la UNaF podría convertirse en un precedente clave.

El desafío, ahora, será sostener el proceso con garantías, transparencia y apego a derecho. Porque más allá de las responsabilidades individuales que puedan surgir, lo que está en juego es la legitimidad de una institución que cumple un rol central en la formación académica y en la vida pública de Formosa.