INTERVENCIÓN ENCUBIERTA EN LA UNaF: ¿Morán actúa como brazo de la JUSTICIA o como puño POLÍTICO del poder provincial?
La decisión del juez federal Pablo Morán de procesar y apartar por 90 días al rector Augusto César Parmetler reaviva una vieja disputa por el control de la Universidad Nacional de Formosa y abre un debate de fondo sobre la autonomía universitaria, la degradada calidad institucional en la provincia, y la manifiesta incompetencia de un juez federal con una obediencia partidaria asimilada al juez Picabea.
"Cuando la Justicia entra a la universidad por la ventana de la política, la autonomía pasa a ser una ficción."
La resolución judicial que dispuso el apartamiento preventivo del rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto César Parmetler, lejos de cerrar un conflicto, lo profundizó.
Para Insfrán esta bien mandar a Morán que intervenga la Universidad Nacional, pero está mal que Paoltroni presente un proyecto de intervención?
La medida, firmada por el cuestionadísimo juez federal Pablo Morán, aparece en escena como un hecho sospechoso de alto impacto institucional que, más que una decisión judicial aislada, parece una decisión política bajada del quinto piso de Casa de Gobierno, que se inscribe en una larga historia de tensiones entre el poder político provincial y la casa de estudios.
El argumento formal del fallo se centra en una presunta designación irregular: la incorporación de la esposa del rector, Zully Rivero, a la planta permanente sin concurso. Sin embargo, el contexto en el que se adopta la medida alimenta sospechas sobre una posible utilización del aparato judicial para dirimir una disputa política que lleva años sin resolverse por otras vías desestabilizadoras, discriminativas y persecutorias.
En ese marco, la decisión de apartar al rector por 90 días —sin prisión preventiva— adquiere una dimensión que excede lo estrictamente jurídico y no parece una decisión neural, tomada en el ámbito de la prescindencia y la imparcialidad. Sino más bien todo lo contrario.
¿Se trata de una medida cautelar razonable o de una intervención indirecta sobre la conducción universitaria? La pregunta no es menor en una provincia donde el equilibrio entre poderes ha sido, históricamente cuestionada.
La figura del juez Morán también queda en el centro de la escena. Cuestionado por sectores de la oposición por su presunta cercanía con el poder político provincial, su intervención en este caso, asimiliado al disciplinamiento del Juez Picabea, es leída por críticos como un eslabón más en una cadena de decisiones que, aseguran, terminan favoreciendo los intereses del Ejecutivo local.
Desde esa mirada, el apartamiento de Parmetler no respondería únicamente a criterios judiciales, sino a criterios políticos de una lógica de alineamiento político a Gildo Insfrán.
El conflicto, además, presenta aristas que complejizan aún más el escenario. Las denuncias cruzadas dentro de la propia universidad —incluyendo acusaciones contra decanos como Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria por presuntas irregularidades en sus designaciones— no habrían tenido, hasta el momento, el mismo tratamiento judicial. Esta asimetría en la actuación refuerza las críticas sobre una posible tendenciosa selectividad en la aplicación de la ley.
Más allá de los nombres propios, el episodio vuelve a poner en discusión un principio central del sistema educativo argentino: la autonomía universitaria. Consagrada por la Constitución Nacional, esta garantía implica la capacidad de las universidades de gobernarse a sí mismas sin injerencias externas. Pero en la práctica, la frontera entre control judicial legítimo e intervención política encubierta aparece, una vez más, difusa.
El caso UNaF no puede analizarse únicamente como un expediente judicial. Es, en todo caso, la expresión de un problema estructural más profundo: la disputa por el poder en una institución clave, atravesada por intereses políticos, tensiones internas y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos y los cargos.
En ese escenario, la decisión de Morán no solo impacta en la conducción de la universidad, sino que abre interrogantes de mayor alcance: ¿hasta dónde puede avanzar la Justicia sin vulnerar la autonomía universitaria? ¿Existe igualdad de criterios en la investigación de las distintas denuncias? ¿O estamos frente a un nuevo capítulo de una pelea política que nunca terminó de resolverse?
Por ahora, lo único claro es que la sospechada medida sacudió el tablero institucional de la UNaF y volvió a poner bajo la lupa la relación entre justicia, política y universidad en Formosa. Un triángulo que, lejos de encontrar equilibrio, parece tensionarse cada vez más.
