El campo le respondió al ministro Lucas Rodríguez: "El problema no es la informalidad, sino la burocracia, la arbitrariedad y los abusos"

Lejos de apaciguar el creciente conflicto entre el Gobierno provincial y el sector ganadero, las recientes declaraciones del ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, terminaron profundizando la polémica. Sus intentos por justificar los cuestionados controles policiales sobre el transporte de hacienda fueron recibidos con un rechazo prácticamente unánime por parte de las entidades rurales, que consideran que el funcionario evita responder al verdadero reclamo y construye un relato que no se corresponde con lo que ocurre en los campos formoseños.

Rodríguez sostuvo que la Provincia decidió "consolidar los controles en rutas para garantizar la trazabilidad frente al repliegue nacional del SENASA y desarticular los circuitos de informalidad que perjudican a las familias rurales". Sin embargo, esa explicación fue desmentida por quienes vienen denunciando desde hace meses que el problema no radica en la necesidad de controlar, sino en la burocracia, la arbitrariedad, los cambios permanentes de criterios, la falta de previsibilidad y el exceso de atribuciones que —según sostienen— está ejerciendo la Policía provincial.

Un argumento que no convenció al campo

Para las entidades rurales, el ministro intentó instalar que la Provincia debe suplir una supuesta ausencia del SENASA, como si las fuerzas policiales provinciales pudieran asumir competencias vinculadas con la sanidad animal, la trazabilidad o el bienestar de la hacienda.

Precisamente, ese es uno de los principales cuestionamientos formulados por CRA, Cha-For, la Sociedad Rural de Formosa y la Sociedad Rural de Comandante Fontana, cuyos dirigentes sostienen que la Policía puede ejercer controles dentro de las facultades que le asigna la ley, pero no reemplazar las competencias técnicas y sanitarias que corresponden al organismo nacional.

En las últimas semanas, tanto el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, como la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Comandante Fontana, Lourdes Ferrari, coincidieron en señalar que numerosos procedimientos terminaron impidiendo la circulación de hacienda por cuestiones que —según afirmaron— corresponden exclusivamente al SENASA.

El verdadero reclamo nunca fue eliminar controles

Las entidades rurales insisten en que nunca cuestionaron la necesidad de combatir la ilegalidad ni de garantizar la trazabilidad del ganado.

Por el contrario, sostienen que todos los productores cumplen con la documentación exigida y que el problema comienza cuando, sin previo aviso, aparecen nuevas exigencias, criterios cambiantes o interpretaciones distintas según el puesto de control o el efectivo policial que intervenga.

Ferrari fue contundente al resumir esa situación:

"El productor ya no sabe qué le van a pedir la próxima vez que tenga que mover hacienda."

Ese escenario de incertidumbre, afirman los dirigentes rurales, genera pérdidas económicas, demora las operaciones comerciales, incrementa costos de transporte y termina afectando incluso el bienestar animal.

El Documento Único de Tránsito: la gran deuda pendiente

Otro de los puntos sobre los cuales el ministro evitó profundizar es la demora en la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT).

Mientras prácticamente todas las provincias ganaderas del país avanzaron hace años hacia un sistema simplificado de documentación, Formosa continúa exigiendo simultáneamente el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) y la guía provincial, un esquema que el propio sector considera burocrático, costoso y anacrónico.

Paradójicamente, mientras el Gobierno provincial sostiene que busca agilizar y transparentar la comercialización, las entidades rurales afirman que esa demora constituye precisamente una de las principales causas de los problemas actuales.

¿Informalidad o productores afectados?

Rodríguez también aseguró que el rechazo proviene de sectores que se resisten a abandonar la economía informal y de intermediarios que especulan en perjuicio de los pequeños productores.

Sin embargo, esa caracterización contrasta con la identidad de quienes vienen encabezando públicamente los reclamos.

Las críticas no fueron impulsadas por operadores marginales ni por sectores informales, sino por CRA, Cha-For, la Sociedad Rural de Formosa y las sociedades rurales del interior, instituciones que representan formalmente a productores registrados y que incluso solicitaron la conformación de una Mesa Técnica para revisar los procedimientos y encontrar soluciones consensuadas.

Hasta el momento, lejos de obtener respuestas concretas, sostienen que recibieron una explicación política que evita abordar las denuncias puntuales sobre procedimientos considerados arbitrarios.

Un conflicto que sigue escalando

En lugar de acercar posiciones, las declaraciones del ministro parecen haber profundizado una discusión que ya excede la cuestión administrativa.

El debate gira ahora en torno a un interrogante mucho más amplio: cómo compatibilizar los controles estatales con la seguridad jurídica, la previsibilidad y el normal funcionamiento de una actividad productiva que necesita reglas claras para desarrollarse.

Mientras el Gobierno provincial insiste en defender el actual esquema de fiscalización, las entidades rurales sostienen que nadie cuestiona el control de la legalidad, sino la manera en que esos controles se implementan, la improvisación denunciada por los productores y la creciente sensación de incertidumbre que —según advierten— termina desalentando la inversión y afectando a toda la cadena ganadera.

Así, el intento oficial por presentar el conflicto como una disputa entre el Estado y la informalidad fue respondido por el sector rural con una definición mucho más simple: el problema no es controlar más, sino controlar mejor, respetando la ley, las competencias de cada organismo y los derechos de quienes producen.