Otra vez Insfrán frente a la Corte: el máximo tribunal analizará la cláusula que pretende abrirle la puerta a un noveno mandato

La discusión que el poder político formoseño creyó haber resuelto mediante la reforma constitucional acaba de regresar al lugar más incómodo posible para el gobernador Gildo Insfrán: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este jueves 20 de agosto, el máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la demanda promovida por la Confederación Frente Amplio Formoseño contra la Cláusula Transitoria Cuarta de la nueva Constitución provincial, incorporada después de que la propia Corte declarara inconstitucional el sistema que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y dispone correr traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por 60 días.

No significa todavía que Insfrán esté inhabilitado para 2027.

Pero sí significa algo políticamente trascendente: la ingeniería constitucional diseñada en Formosa para permitirle eventualmente competir por un noveno mandato consecutivo quedó formalmente bajo revisión de la Corte Suprema.

La Corte ya había puesto un límite

Para entender la magnitud del conflicto hay que regresar al 19 de diciembre de 2024.

Ese día, la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña que permitía la reelección indefinida.

El tribunal entendió que semejante sistema se apartaba de la periodicidad y renovación que exige el principio republicano consagrado por la Constitución Nacional.

La Corte dejó entonces una consideración particularmente incómoda para el modelo político construido durante décadas en Formosa: una reelección ilimitada puede otorgar a quien lleva sucesivos períodos en el poder ventajas incompatibles con una competencia electoral leal.

Y no estaba analizando una hipótesis académica.

Estaba hablando de una provincia gobernada por la misma persona desde 1995.

Se terminó la reelección indefinida... pero apareció el contador en cero

Formosa posteriormente reformó su Constitución.

El nuevo régimen establece que gobernador y vicegobernador duran cuatro años y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente solamente durante un período consecutivo.

Hasta ahí, aparentemente, se cumplía con el reclamo de establecer un límite.

El problema apareció en una disposición transitoria.

La Cláusula Transitoria Cuarta estableció que el mandato que actualmente ejercen gobernador y vicegobernador debe considerarse como su "primer mandato" bajo el nuevo régimen constitucional.

Traducido políticamente, el resultado es extraordinario.

Después de gobernar Formosa ininterrumpidamente desde 1995, Insfrán podría presentarse nuevamente en 2027 como si el período iniciado en 2023 fuera el primero a los efectos del nuevo límite constitucional.

Y allí está el corazón del nuevo conflicto.

Más de tres décadas en el poder y, jurídicamente, "primer mandato"

La paradoja resulta difícil de explicar fuera de Formosa.

Insfrán asumió por primera vez como gobernador el 10 de diciembre de 1995.

Fue reelegido en 1999.

Otra vez en 2003.

Después en 2007.

En 2011.

En 2015.

En 2019.

Y nuevamente en 2023.

Son ocho mandatos consecutivos como gobernador.

Sin embargo, la cláusula aprobada durante la reforma permitiría considerar precisamente este octavo período como el primero para el cómputo del nuevo sistema.

Si esa interpretación supera el control constitucional, Insfrán podría buscar en 2027 su novena elección consecutiva para gobernador, para un período que terminaría en diciembre de 2031.

La pregunta que deberá responder la Corte es jurídicamente compleja, pero políticamente puede formularse de una manera mucho más sencilla:

¿puede una reforma destinada a terminar con la reelección indefinida terminar habilitando otra reelección del mismo gobernador que llevaba décadas beneficiándose del régimen eliminado?

La oposición denuncia una maniobra para desobedecer el fallo

La acción fue presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño, representada por sus apoderados Agostina Villaggi y Rodolfo Manuel Basques.

El planteo pide declarar inconstitucional la cláusula y sostiene que contradice los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, además del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del precedente establecido por la propia Corte en 2024.

Para los demandantes, la cláusula constituye una maniobra destinada a permitir que Insfrán vuelva a competir en 2027 pese al pronunciamiento anterior del máximo tribunal. Esa es, por ahora, la posición de quienes iniciaron la causa, no una conclusión que la Corte haya adoptado todavía.

Esa distinción es fundamental.

Pero tampoco puede minimizarse que la Corte haya aceptado tratar directamente el conflicto.

Cambiar la Constitución para permanecer

La controversia vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas históricos del sistema político formoseño: la adaptación de las reglas constitucionales alrededor de la continuidad de un mismo liderazgo.

Insfrán llegó a la Gobernación en 1995.

En 2003, una Convención Constituyente modificó la Constitución provincial y habilitó la reelección indefinida.

Más de dos décadas después, la Corte Suprema declaró ese esquema incompatible con la Constitución Nacional.

Entonces Formosa volvió a modificar su Constitución.

Pero el nuevo texto incluyó una cláusula transitoria cuyo efecto práctico podría permitirle al mismo gobernador presentarse otra vez.

Ese es el dato político imposible de esconder.

Cambió la Constitución.

Cambió el artículo.

Cambió la regla.

Pero la posibilidad de que Gildo siga siendo candidato sobrevivió a todos los cambios.

El argumento del voto tampoco resuelve todo

El oficialismo formoseño históricamente ha respondido a las críticas sobre la permanencia de Insfrán señalando que el gobernador fue elegido repetidamente por los ciudadanos.

Ese argumento tiene indudablemente un componente democrático: Insfrán efectivamente ganó sucesivas elecciones.

Pero la discusión constitucional abierta por la Corte va mucho más allá de contar votos.

Una república no se define solamente por la existencia de elecciones.

También supone periodicidad de los cargos, división de poderes, reglas equitativas y límites institucionales al ejercicio del poder.

Precisamente por eso existen prohibiciones constitucionales para determinadas reelecciones incluso cuando un gobernante conserva respaldo electoral.

La democracia determina quién gobierna.

La Constitución establece bajo qué reglas puede hacerlo.

Una discusión que excede a Insfrán

La causa tampoco debería reducirse a una batalla personal contra el gobernador.

Lo que resuelva la Corte puede establecer un precedente relevante respecto de hasta dónde llega la autonomía de una provincia para determinar su sistema político cuando esas normas entran en tensión con la forma republicana de gobierno exigida por la Constitución Nacional.

La propia Corte había aclarado en 2024 que no le correspondía establecer cuál debía ser exactamente el número máximo de reelecciones provinciales, pero sí fijar el marco constitucional dentro del cual esa autonomía puede ejercerse.

Ahora deberá analizar una cuestión diferente y todavía más delicada:

cómo debe computarse el límite cuando quien pretende beneficiarse de la cláusula transitoria ya acumulaba ocho períodos consecutivos antes de la reforma.

De "gobernador vitalicio" a "primer mandato"

Ahí reside probablemente la contradicción política más difícil de defender.

Un dirigente que para 2027 llevará 32 años consecutivos como gobernador podría presentarse ante el nuevo régimen constitucional con su mandato anterior computado como el primero.

Y si eventualmente resultara electo y completara otro período, llegaría a 36 años consecutivos al frente de la Gobernación en 2031.

No existe ninguna ilegalidad declarada todavía respecto de esa eventual candidatura: justamente eso es lo que ahora deberá resolver la Justicia.

Pero resulta imposible negar la anomalía política.

Una reforma impulsada después de un fallo destinado a poner límites a la permanencia terminó construyendo una disposición que podría prolongar esa misma permanencia.

Ahora tendrá que responder Formosa

La pelota vuelve al terreno institucional.

La Corte corrió traslado de la demanda y la Provincia dispone de 60 días para responder. Después continuará un proceso cuya resolución puede definir buena parte del escenario electoral formoseño hacia 2027.

Y esta vez la discusión difícilmente pueda resolverse mediante consignas partidarias.

No se trata de determinar si Insfrán es popular.

Tampoco de anticipar quién ganaría una elección.

Se trata de establecer si un gobernador que ocupa el cargo desde 1995 puede utilizar una cláusula transitoria aprobada en 2025 para volver a competir en 2027 después de que la Corte ya declarara inconstitucional el régimen que permitió su permanencia ilimitada.

La respuesta definitiva todavía no existe.

La dará la Corte Suprema.

Pero desde este jueves existe una certeza política:

la pretendida novena candidatura de Gildo Insfrán ya no depende solamente de la estructura electoral que domina en Formosa. Ahora deberá superar nuevamente el examen de constitucionalidad del máximo tribunal del país.

Y después de más de tres décadas en el poder, resulta difícil imaginar una paradoja mayor:

Gildo Insfrán podría llegar ante la Corte con ocho mandatos consecutivos a sus espaldas para defender una cláusula que pretende considerar al último como si fuera el primero.