ESCÁNDALO EN FORMOSA: PADILLA CONDENÓ PERIODISTAS POR UN "CARNET" QUE EL PROPIO SUPERIOR TRIBUNAL YA HABÍA DICHO QUE NO SE NECESITA

La polémica por la condena contra cuatro periodistas de LA NACION/LN+ continúa creciendo y ya plantea una pregunta que el Poder Judicial formoseño difícilmente pueda esquivar: ¿cómo pudo utilizarse la falta de un carnet periodístico dentro de los fundamentos de una condena cuando el propio Superior Tribunal de Justicia de Formosa ya había establecido un criterio contrario?

Omar Eliu Merlo, director-editor de Diario Formosa Exprés , eligió un título deliberadamente provocador para plantearlo:

"Juez ‘Pelele’, usted no puede exigir un carnet para censurar la verdad".

La expresión "pelele" pertenece al editorialista. Pero detrás de la dureza de sus palabras existen hechos verificables que convierten el episodio en una controversia institucional de alcance nacional.

CUATRO PERIODISTAS, CINCO DÍAS DE ARRESTO

El juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla, condenó a Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, integrantes del equipo Hambre de Futuro , a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno.

La sentencia consideró que infringieron el artículo 73 del Código de Faltas provincial durante una cobertura realizada en la Comunidad San José.

Según ADEPA, entre los argumentos del fallo aparecen la ausencia de una autorización previa considerada exigible y la carencia de carnet para ejercer el periodismo. La entidad señaló, además, que la propia sentencia reconoce que inicialmente habían sido autorizados a ingresar y realizar entrevistas y que se retiraron cuando se les solicitó.

La pregunta, entonces, es elemental:

¿DESDE CUÁNDO EL ESTADO DECIDE QUIÉN ESTÁ HABILITADO PARA PREGUNTAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN?

"NO SE DEBE PEDIR PERMISO PARA INFORMAR"

Merlo apunta directamente contra esa concepción.

Su editorial sostiene que no corresponde exigir permiso estatal para realizar tareas periodísticas y acusa al sistema provincial de utilizar estructuras policiales y judiciales para obstaculizar investigaciones incómodas.

Esa última es la interpretación crítica del autor y requiere distinguirse de los hechos judicialmente establecidos.

Pero su cuestionamiento sobre la exigencia de una credencial encuentra respaldo en una posición institucional mucho más difícil de desestimar: ADEPA sostiene expresamente que en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, investigar, formular preguntas o difundir información.

EL PROPIO STJ YA HABÍA MARCADO OTRO CAMINO

Aquí aparece posiblemente la contradicción más incómoda para el Poder Judicial provincial.

Merlo recuerda el Fallo 6200/23 del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, antecedente en el que el máximo tribunal provincial abordó el alcance del ejercicio periodístico y descartó que éste dependa de una titulación universitaria o matriculación obligatoria.

Por eso la discusión dejó de ser simplemente "medios nacionales contra Formosa".

El interrogante ahora se encuentra dentro del propio Poder Judicial provincial :

Si el STJ ya había reconocido que la actividad periodística no depende de una matrícula obligatoria, ¿cómo pudo la falta de carnet convertirse posteriormente en un argumento contra cuatro periodistas?

El punto merece una respuesta jurídica concreta.

ADEPA: UN PRECEDENTE QUE DEBE SER "CATEGÓRICAMENTE RECHAZADO"

ADEPA fue incluso más lejos.

La organización recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció hace décadas que el ejercicio del periodismo no puede quedar sometido a colegiaciones, matrículas o habilitaciones obligatorias.

Y advirtió que convertir una credencial profesional en condición para hacer periodismo supondría instalar un mecanismo de habilitación previa incompatible con una sociedad democrática.

Para ADEPA, permitir que una autorización estatal determine quién puede investigar determinados asuntos podría convertirse en un instrumento para impedir, seleccionar o condicionar previamente el trabajo periodístico. Por eso pidió que el criterio judicial sea revisado.

FOPEA HABLÓ DE "CRIMINALIZACIÓN DE LA LABOR INFORMATIVA"

FOPEA también rechazó expresamente la Sentencia 351/2026.

La organización sostuvo que la resolución "convalida" atropellos y amedrentamientos policiales denunciados por los periodistas durante aquella cobertura y transforma en una sanción contravencional una situación que, según su evaluación, estuvo atravesada desde el comienzo por irregularidades.

Ese pronunciamiento vuelve todavía más difícil presentar el episodio como una simple disputa administrativa por un permiso.

EL PASADO POLÍTICO DE PADILLA AGRAVA LOS INTERROGANTES

A la discusión jurídica se agrega un elemento institucional sensible.

Padilla fue concejal de Las Lomitas y dirigente justicialista. En 2014, el propio Superior Tribunal de Justicia registró oficialmente que ejercía como concejal y resolvió excluirlo de la lista de conjueces porque ese cargo público resultaba incompatible con aquella función judicial.

Además, durante 2024 —meses antes de ser designado juez de Paz— realizó declaraciones públicas de respaldo al proyecto político encabezado por Gildo Insfrán. En marzo de 2025 fue designado juez.

Ese pasado político no demuestra por sí solo que la sentencia haya sido ordenada por el Gobierno ni prueba parcialidad en este expediente.

Pero tampoco puede considerarse irrelevante frente a un caso que involucra libertad de prensa y que ha adquirido semejante repercusión nacional.

Precisamente por eso deberían extremarse la transparencia, la fundamentación jurídica y las garantías de imparcialidad.

EL PROBLEMA YA NO ES UN CARNET: ES QUIÉN TIENE EL PODER DE AUTORIZAR LA PALABRA

Este es el núcleo más grave del debate.

Porque aceptar que una autoridad estatal pueda determinar quién posee las credenciales suficientes para investigar y difundir información significa abrir una puerta peligrosísima.

Hoy podría ser un equipo de LA NACION .

Mañana podría ser una radio del interior.

Después, un portal digital.

Un periodista independiente.

Un vecino que registra un hecho con su teléfono.

La libertad de expresión perdería buena parte de su sentido si para ejercerla hubiera que obtener previamente la aprobación de aquel mismo poder al que se pretende investigar.

EL PODER JUDICIAL DE FORMOSA TIENE QUE DAR UNA RESPUESTA

No alcanza con responder a las críticas calificándolas como ataques contra la provincia.

No alcanza con discutir quién simpatiza con qué medio.

Tampoco alcanza con convertir el caso en una pelea partidaria.

Hay preguntas jurídicas concretas:

¿Por qué apareció la falta de carnet entre los fundamentos de la sentencia?

¿Cómo se compatibiliza ese razonamiento con el criterio anterior del Superior Tribunal?

¿Por qué una controversia surgida durante una cobertura periodística terminó con cuatro personas condenadas a arresto?

Y, fundamentalmente:

¿quién garantiza que la Justicia provincial actúe con absoluta independencia cuando está en juego una investigación periodística que incomoda al poder?

NO HAY CARNET QUE PUEDA CONVERTIRSE EN PERMISO PARA CONTAR LA REALIDAD

Omar Merlo eligió palabras extremadamente duras.

ADEPA eligió el lenguaje institucional.

FOPEA habló desde la defensa profesional del periodismo.

Distintos tonos, pero una misma controversia de fondo: los límites que puede imponer el Estado a quienes buscan y difunden información.

Las acusaciones de que existe una estructura deliberadamente destinada a censurar periodistas deberán demostrarse con evidencia.

Pero lo que ya está acreditado alcanza para exigir explicaciones: hubo una condena de cinco días de arresto; la ausencia de carnet apareció en sus fundamentos; ADEPA y FOPEA rechazaron el fallo; y existe un antecedente del máximo tribunal provincial contrario a condicionar el ejercicio periodístico a una matrícula.

Por eso la discusión trasciende a Omar Padilla, a LA NACION e incluso al gobierno de Gildo Insfrán.

La pregunta es si en Formosa un periodista necesita permiso del poder para investigar al poder.

En una democracia, la respuesta debería ser inequívoca:

para preguntar, investigar e informar no se necesita permiso político. Y mucho menos un carnet otorgado por el Estado para poder contar la verdad.