EL MALESTAR DOCENTE YA NO SE PUEDE OCULTAR

Hay números oficiales que pueden presentarse en una conferencia de prensa y hay otros que se expresan directamente en las escuelas.

Este lunes, el dato estuvo en las aulas vacías.

El paro de 48 horas convocado por Docentes Autoconvocados de Formosa comenzó con un alto nivel de adhesión y volvió a poner frente al Gobierno provincial una realidad difícil de disimular: existe un profundo malestar salarial dentro de una parte importante de la docencia formoseña .

La medida estaba prevista para este lunes 29 y martes 30 de septiembre y había sido anticipada días atrás por la secretaria gremial de Autoconvocados, Nilda Patiño , luego de una consulta entre docentes de distintos puntos de la provincia.

No se trata, además, del primer paro del año.

En julio, otra medida de fuerza impulsada por el mismo gremio había alcanzado aproximadamente un 70% de adhesión , según reportó FARCO, con movilización y presentación de un petitorio frente al Poder Ejecutivo provincial.

Por eso, reducir el conflicto a una protesta circunstancial sería ignorar lo que viene ocurriendo durante buena parte de 2026.

Meses de reclamos y un conflicto que no desaparece

Docentes Autoconvocados viene reclamando durante este año una recomposición profunda de los ingresos.

Ya en mayo el sector exigía un salario inicial de $2,8 millones , además de denunciar situaciones de persecución laboral, maltrato y sobrecarga horaria.

Posteriormente el reclamo salarial fue elevado hasta los $3 millones , cifra que el gremio presentó como referencia para recuperar capacidad adquisitiva frente al costo de vida. Su propio sitio institucional registra el reclamo formulado en julio.

La discusión, entonces, excede largamente un porcentaje de aumento.

Lo que está en debate es cuánto necesita realmente un docente para vivir, cuánto perdió su salario y qué mecanismos tiene para discutirlo con quien paga ese salario: el Estado provincial.

"Paritarias no hay"

Uno de los cuestionamientos centrales de Autoconvocados es precisamente la ausencia de una negociación paritaria provincial que permita discutir salarios entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores.

Patiño viene denunciando esa situación desde hace meses.

En junio, al fundamentar otra medida de fuerza, sostuvo que los trabajadores educativos atravesaban problemas de endeudamiento y reclamó un mecanismo de recomposición salarial que permitiera recuperar ingresos.

Esta es probablemente una de las contradicciones más difíciles de explicar del sistema educativo formoseño: se habla permanentemente de educación como política de Estado, pero una parte de los trabajadores denuncia que no dispone de una mesa institucional donde discutir cuánto debe cobrar por educar.

El Gobierno fija los incrementos.

Los anuncia.

Los ejecuta.

Y los docentes pueden aceptarlos o rechazarlos.

Pero el reclamo de Autoconvocados apunta justamente a lo que consideran ausente: una negociación salarial real.

El 15% no cerró el conflicto

En agosto, el Gobierno provincial anunció una recomposición del 15% , escalonada en tres tramos del 5%.

Autoconvocados rechazó aquel incremento por considerarlo insuficiente. Patiño sostuvo entonces que el sector reclamaba un salario de $3 millones y cuestionó además la base utilizada para calcular el aumento.

Si aquel anuncio hubiera resuelto el problema salarial, difícilmente la discusión estaría terminando septiembre con otro paro de 48 horas.

El conflicto continuó.

Y volvió a las escuelas.

Eso constituye un dato político que el Gobierno no debería ignorar: cuando después de sucesivos anuncios salariales los trabajadores vuelven al paro, existe una brecha evidente entre la recomposición que la administración considera suficiente y la realidad económica que denuncian quienes cobran esos salarios.

Del discurso educativo a la realidad del docente

Formosa ha construido durante años un discurso oficial que coloca a la educación en un lugar central dentro del llamado Modelo Formoseño.

Pero cualquier política educativa tiene una pieza imposible de reemplazar: el docente frente al aula .

No existe calidad educativa sostenible con trabajadores preocupados permanentemente por llegar a fin de mes.

No existe reconocimiento docente si quien enseña siente que necesita multiplicar horas, buscar ingresos adicionales o endeudarse para sostener a su familia.

Y tampoco existe un sistema educativo saludable si el conflicto salarial se transforma en una sucesión interminable de anuncios oficiales, rechazos gremiales, paros y descuentos.

El problema requiere una discusión de fondo.

El miedo a reclamar, otra denuncia preocupante

El conflicto contiene además otro componente que merece atención.

Patiño denunció recientemente la existencia de temor entre docentes a sufrir consecuencias por participar de reclamos y afirmó que trabajadores que inicialmente recurren al gremio posteriormente retroceden por miedo.

También cuestionó la carga de faltas injustificadas y habló de "aprietes constantes" dentro del sistema. Se trata de acusaciones formuladas por la dirigente gremial que corresponden ser respondidas por las autoridades educativas.

Si un trabajador considera injusto su salario, debe poder reclamar.

Si considera vulnerado un derecho, debe poder denunciarlo.

Y si decide adherirse a una medida sindical dentro del marco legal correspondiente, la discusión institucional debería transcurrir sin convertir el temor en una herramienta disciplinaria.

El alto acatamiento deja un mensaje

Los porcentajes exactos de adhesión pueden ser discutidos entre Gobierno y gremios, como sucede habitualmente ante cualquier huelga.

Pero existe un dato más difícil de relativizar: el conflicto persiste .

Hubo reclamos en mayo.

Hubo paro en junio.

Hubo otra medida de fuerza con una adhesión reportada cercana al 70% en julio.

Hubo rechazo al aumento anunciado en agosto.

Y septiembre termina nuevamente con docentes de paro durante 48 horas.

La reiteración describe por sí misma una situación que merece algo más que minimizar el reclamo.

Una educación que necesita respuestas, no propaganda

El conflicto salarial aparece además en un momento particularmente sensible para el Ministerio de Cultura y Educación provincial, atravesado durante las últimas semanas por la polémica nacional originada en Gran Guardia y las denuncias opositoras por presunto adoctrinamiento político.

Son discusiones diferentes y deben analizarse separadamente.

Pero juntas dejan una paradoja incómoda: mientras el sistema educativo queda atrapado en controversias políticas, quienes todos los días tienen que abrir las aulas vuelven a reclamar por sus salarios.

La educación pública no se fortalece solamente inaugurando edificios, entregando útiles o pronunciando discursos sobre el modelo educativo.

Se fortalece con escuelas en condiciones, alumnos que aprendan y docentes reconocidos profesional y salarialmente .

El paro de 48 horas vuelve a colocar esa discusión delante del Gobierno de Gildo Insfrán.

Después de meses de reclamos, aumentos rechazados y nuevas medidas de fuerza, ya no alcanza con discutir si el porcentaje de adhesión informado por un gremio es mayor o menor.

La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿por qué, después de tantos anuncios oficiales, una parte significativa de la docencia formoseña sigue considerando que necesita parar para ser escuchada?