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"¿QUIÉN MANEJA REALMENTE EL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD?": fuertes cuestionamientos por funciones, proveedores y manejo de recursos

Un trabajador con más de 20 años dentro del Hospital de Alta Complejidad puso sobre la mesa interrogantes delicados sobre Recursos Humanos, proveedores, facturación y una eventual superposición de funciones. La conducción oficial está encabezada desde julio por Miguel Ángel Freis, pero el planteo abre una pregunta mucho más incómoda: ¿existen controles efectivos sobre los circuitos administrativos y el dinero público que maneja una de las instituciones sanitarias más importantes de Formosa?

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El Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón" es presentado oficialmente como uno de los emblemas del sistema sanitario formoseño. Sus resultados médicos, su tecnología y el trabajo de sus profesionales constituyen una parte indiscutiblemente valiosa de la institución. De hecho, durante septiembre el propio HAC informó la realización de cuatro procedimientos cardiovasculares de elevada complejidad en apenas una semana.

Pero una cosa es la excelencia de médicos, enfermeros, técnicos y trabajadores que sostienen diariamente el hospital, y otra muy diferente es cómo se administran sus recursos y cómo funcionan sus mecanismos internos de control.

Y es precisamente allí donde aparecen interrogantes que merecen respuestas públicas.

Un trabajador que aseguró desempeñarse en el HAC desde 2005 formuló graves cuestionamientos sobre la delimitación de funciones dentro del área de Recursos Humanos, la intervención en circuitos relacionados con proveedores y la transparencia de determinadas actividades desarrolladas dentro de la institución. El propio denunciante aclaró expresamente que no estaba imputando delitos, sino reclamando explicaciones y transparencia.

Recursos Humanos, proveedores y funciones que necesitan explicación

El planteo más delicado apunta a una trabajadora identificada por la fuente con el apodo de "Pocahontas", a quien vincula familiarmente con un exdirector del establecimiento.

Según el testimonio publicado, esa persona cumpliría funciones en Recursos Humanos y tendría, siempre de acuerdo con la versión del trabajador, intervención en cuestiones relacionadas con la facturación de GIPSY, empresa que presta el servicio de alimentación para pacientes, familiares y trabajadores del hospital.

El señalamiento no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad. Pero tratándose de una institución pública, alcanza para formular preguntas elementales que las autoridades deberían poder contestar sin dificultad: ¿cuál es exactamente su cargo?, ¿cuáles son sus atribuciones?, ¿interviene efectivamente en procesos relacionados con proveedores?, ¿qué controles y separación de funciones existen?

La transparencia no consiste en pedirle a la ciudadanía que confíe. Consiste en mostrar procedimientos, responsabilidades y controles.

¿Quién autoriza y quién controla?

El mismo trabajador incorporó otro dato llamativo: aseguró que la persona señalada también dicta actividades de meditación destinadas al personal del hospital.

Otra vez, el problema no es la meditación.

La cuestión es administrativa.

¿Esas actividades forman parte de sus funciones habituales? ¿Existe una contratación específica? ¿Son gratuitas? ¿Se pagan? Si existe una contraprestación económica, ¿quién la autorizó, mediante qué instrumento administrativo y con qué partida presupuestaria?

Son preguntas básicas cuando se administran recursos estatales.

Y adquieren mayor relevancia si una misma persona efectivamente participa, como sostiene la fuente, de Recursos Humanos, actividades destinadas al personal y trámites relacionados con proveedores. Precisamente por eso deberían conocerse las incompatibilidades aplicables y los mecanismos utilizados para evitar conflictos de intereses.

Hasta el momento, las publicaciones consultadas presentan estos puntos como cuestionamientos de un trabajador y no como irregularidades administrativamente comprobadas. Esa distinción es indispensable. Pero también lo es otra: que algo todavía no esté probado como irregular no convierte en improcedente el reclamo de explicaciones.

Una nueva conducción que debe responder

El HAC renovó formalmente sus autoridades en julio de 2026. Según la información oficial, Miguel Ángel Freis asumió como administrador general; Guillermo Quintana quedó al frente de Gestión Clínica; Mariel Giménez, de Gestión de Pacientes; y Jimena Alvarenga, de Gestión Administrativa. La página institucional continúa exhibiendo actualmente esa estructura.

Por lo tanto, existe una cadena formal de responsabilidades.

Y justamente por eso la pregunta no debería quedar reducida a quién ocupa un determinado escritorio dentro del hospital.

La pregunta verdaderamente importante es: ¿cómo funciona el sistema de control?

¿Quién fiscaliza Recursos Humanos? ¿Quién controla las contrataciones? ¿Quién certifica servicios? ¿Quién interviene en la facturación? ¿Quién autoriza los pagos? ¿Existen auditorías internas? ¿Qué organismo externo revisa esos procedimientos?

Porque en una institución pública de semejante magnitud, el control no puede depender solamente de la buena voluntad de quienes administran.

Los trabajadores no deberían necesitar esconder su identidad para preguntar

Hay además otro aspecto que debería preocupar.

Los cuestionamientos conocidos públicamente fueron realizados por una fuente que pidió preservar su identidad.

Cuando un trabajador con más de dos décadas dentro de una institución estatal considera necesario mantener su nombre en reserva para reclamar claridad administrativa, el dato merece atención institucional.

La respuesta correcta no debería ser perseguir al que pregunta, desacreditarlo ni intentar descubrir quién habló.

La respuesta debería ser mucho más sencilla: abrir los procedimientos, exhibir documentación y responder cada interrogante.

Si todo está correctamente instrumentado, demostrarlo debería fortalecer al Hospital de Alta Complejidad y despejar sospechas.

La excelencia médica no puede utilizarse como escudo administrativo

El HAC exhibe logros sanitarios concretos. Durante septiembre informó trasplantes, procedimientos cardiovasculares de alta complejidad, formación profesional y nuevas técnicas quirúrgicas.

Precisamente por eso merece una administración a la altura del trabajo de sus profesionales.

No corresponde mezclar los cuestionamientos administrativos con el enorme esfuerzo cotidiano de médicos, enfermeros, técnicos y demás trabajadores. Ellos no son el problema. Por el contrario, proteger el prestigio de la institución exige garantizar que los recursos que necesitan para salvar vidas sean administrados con reglas claras y controles verificables.

El Hospital de Alta Complejidad no pertenece a una gestión, a un funcionario, a un partido ni a una familia. Es patrimonio público de los formoseños.

Transparencia: una respuesta que debería ser inmediata

Frente a estos cuestionamientos, las autoridades tienen una oportunidad concreta: responder.

Informar quiénes intervienen en los procesos mencionados; cuáles son sus cargos y funciones; qué relación administrativa existe con las empresas proveedoras; qué mecanismos de incompatibilidad rigen; cómo se contratan actividades adicionales y qué auditorías existen.

No hace falta un discurso político.

Hace falta documentación.

Porque cuando se manejan recursos públicos, la carga de brindar transparencia corresponde a quienes los administran.

Y si todos los procedimientos son legales, transparentes y están correctamente documentados, mucho mejor: que se exhiban y se termine con cualquier sospecha.

Pero el silencio sería la peor respuesta.

La pregunta que nació desde adentro del propio hospital sigue abierta y ahora excede a un trabajador particular:

¿Quién controla a quienes administran el Hospital de Alta Complejidad y quién garantiza a los formoseños que cada contratación, cada factura y cada peso público está sometido a controles efectivos?

En una institución pública, preguntar no debería incomodar.

Lo verdaderamente preocupante sería que nadie pudiera responder.

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