DOCENTES CON MÁS DEL 50% DEL SUELDO "EN NEGRO": GDA denunció salarios retrasados, arbitrariedades y temor a reclamar en Formosa

Hay una diferencia enorme entre cobrar un determinado monto y tener un verdadero salario incorporado al básico.

Esa diferencia acaba de convertirse en uno de los cuestionamientos más duros contra la política salarial del Gobierno de Formosa.

Tras concluir un paro de 48 horas con una importante adhesión en establecimientos de Capital y el interior, el gremio Docentes Autoconvocados (GDA) salió a desnudar lo que considera la verdadera estructura del salario educativo provincial.

Su secretaria general, Mirka Fernández , fue categórica:

"Nuestro sueldo está absolutamente retrasado y hoy más del 50% es en no remunerativo".

La afirmación fue realizada después de una movilización que pasó por la Delegación Zonal Formosa y terminó frente a Casa de Gobierno, donde los docentes volvieron a reclamar recomposición salarial y respuestas a una serie de conflictos laborales.

$1.150.000 de bolsillo, pero apenas $361.000 de básico

Ese es probablemente el dato que mejor expone el conflicto.

El Gobierno provincial anunció para septiembre un mínimo de bolsillo garantizado de $1.150.000 para los agentes activos de la Administración Pública. Además, este mes se aplica otro tramo del incremento salarial anunciado por Gildo Insfrán.

Pero detrás de esa cifra aparece la denuncia de GDA.

Según explicó Fernández, el básico de un docente inicial apenas supera los $361.000 , mientras que el resto necesario para alcanzar el mínimo garantizado se completa mediante otros conceptos. La dirigente sostiene que actualmente más del 50% de la remuneración termina siendo no remunerativa.

Si esa composición denunciada se confirma, la discusión deja de ser simplemente cuánto dinero llega al bolsillo a fin de mes.

La pregunta pasa a ser cómo está construido ese salario .

Porque el básico repercute sobre la antigüedad, la carrera profesional y, fundamentalmente, sobre la futura jubilación.

Un aumento que se calcula sobre febrero

Existe además otro elemento que alimenta el cuestionamiento gremial.

El Gobierno anunció en agosto un incremento del 15%, distribuido en tres cuotas del 5% para agosto, septiembre y octubre.

Pero el propio anuncio oficial establece que los porcentajes se aplican sobre los valores de los haberes vigentes en febrero .

Eso significa que el 5% correspondiente a septiembre no constituye necesariamente un 5% sobre lo efectivamente percibido inmediatamente antes del incremento.

Y allí aparece una parte importante del cuestionamiento docente.

Mientras desde el Gobierno se habla de un incremento acumulado anual del 29%, Autoconvocados sostiene que la estructura salarial continúa atrasada y que el peso de los componentes no remunerativos termina achatando la carrera.

Son dos lecturas profundamente diferentes de una misma realidad salarial.

"Cada vez estamos peor"

Fernández describió una situación económica cotidiana que contrasta con el discurso oficial sobre los incrementos otorgados.

" Cada vez estamos peor, los servicios siguen aumentando, la luz es impagable y nuestro sueldo está absolutamente retrasado ", afirmó.

La dirigente sostuvo además que numerosos trabajadores terminan recurriendo al endeudamiento para cubrir gastos básicos.

La discusión ya no pasa entonces únicamente por porcentajes.

Pasa por determinar si el ingreso de un trabajador de la educación alcanza efectivamente para sostener una familia sin endeudarse.

Y esa respuesta difícilmente pueda construirse solamente desde una conferencia de prensa.

Del salario a las denuncias de arbitrariedad

Pero la protesta de Autoconvocados no terminó en el reclamo económico.

La movilización realizó una parada específica frente a la Delegación Zonal Formosa , donde el gremio presentó cuestionamientos relacionados con procedimientos de cobertura y designación de cargos.

Según GDA, existen "arbitrariedades sistemáticas" en esos mecanismos, acusación que corresponde a las autoridades educativas responder.

El planteo resulta particularmente sensible después de las recientes denuncias políticas sobre el funcionamiento de las delegaciones zonales y su influencia dentro de los establecimientos.

En este caso ya no se trata solamente de cuestionamientos provenientes de dirigentes partidarios: son representantes de trabajadores docentes quienes ponen bajo discusión procedimientos administrativos que determinan quién accede a un cargo.

Docentes que denuncian y terminan bajo amenaza de sumario

Uno de los casos relatados por Fernández resulta especialmente preocupante.

La dirigente mencionó la situación de la Escuela Primaria N°319 de Ingeniero Juárez , donde un grupo de docentes habría presentado durante el ciclo lectivo anterior notas ante la Delegación Zonal de Matacos para denunciar problemas en el comedor escolar.

Según el relato gremial, entre los cuestionamientos figuraban falta de vajilla, dudas sobre alimentos utilizados y problemas vinculados con la provisión de agua potable para los alumnos.

La respuesta que habrían recibido los denunciantes, siempre según Fernández, no habría sido una solución inmediata sino advertencias sobre posibles sumarios administrativos.

La acusación es grave y merece una explicación oficial.

Porque si un docente advierte una situación que considera perjudicial para sus alumnos, el sistema debería disponer de mecanismos seguros para denunciarla y verificarla.

El miedo nunca debería convertirse en política disciplinaria dentro de una escuela.

El director cuestionado seguiría al frente

GDA denunció además que posteriormente se abrió una investigación interna en esa institución, pero cuestionó que el directivo alcanzado por las actuaciones continuaría ejerciendo su función mientras se desarrolla el procedimiento.

Fernández sostiene que esa situación genera un clima de hostigamiento sobre quienes impulsaron originalmente los reclamos.

Nuevamente, se trata de la versión del gremio y corresponde conocer la respuesta del Ministerio.

Pero precisamente por la gravedad de las acusaciones resulta indispensable que Educación explique públicamente qué ocurrió, qué actuaciones fueron abiertas y qué garantías tienen los trabajadores involucrados.

Incertidumbre también en las secundarias

El conflicto se extiende además al nivel secundario.

Autoconvocados cuestiona cómo se está implementando la denominada conciliación horaria y denuncia falta de instrucciones suficientemente claras de las autoridades educativas.

El gremio sostiene que la Resolución N°4436 establece garantías para la estabilidad de titulares, interinos y suplentes, pero advierte que en distintos establecimientos existirían criterios dispares que podrían afectar horas de trabajo e ingresos.

La preocupación llegó a tal punto que GDA anunció que evaluará un nuevo paro provincial específicamente para el nivel secundario .

Un sistema que acumula conflictos

El cuadro que describe Autoconvocados es mucho más profundo que una discusión por un porcentaje salarial.

Habla de salarios que considera retrasados.

Denuncia más de la mitad de los ingresos bajo componentes no remunerativos.

Cuestiona designaciones.

Habla de docentes que temen reclamar.

Denuncia arbitrariedades administrativas.

Advierte problemas con la estabilidad laboral.

Y acaba de completar 48 horas de paro.

Frente a esto, el Gobierno sostiene otra mirada. La información oficial destaca que el incremento del 15% llevará el aumento acumulado de 2026 al 29% , que el mínimo garantizado llegará a $1.200.000 en octubre y que distintos representantes gremiales valoraron públicamente la política salarial.

Ese contraste merece ser discutido abiertamente.

Porque un sistema educativo no puede evaluarse únicamente por lo que dicen las autoridades ni exclusivamente por lo que denuncia un gremio.

También hay que mirar lo que ocurre en las escuelas.

El "modelo educativo" frente al recibo de sueldo

Formosa reivindica desde hace años su sistema educativo como una de las expresiones centrales de su modelo provincial.

Pero ningún modelo educativo puede sostenerse indefinidamente si quienes están todos los días frente a los alumnos sienten que su salario perdió valor, su carrera está achatada y reclamar puede traer consecuencias .

Los edificios importan.

Los útiles importan.

Los comedores importan.

La infraestructura importa.

Pero los docentes también importan .

Y reconocerlos no consiste solamente en dedicarles discursos cada 11 de septiembre.

Significa pagar salarios que recompensen formación, antigüedad y responsabilidad profesional; garantizar reglas transparentes para acceder a los cargos y permitir que un trabajador pueda reclamar sin miedo.

Después de 48 horas de paro, la denuncia de Mirka Fernández deja una pregunta incómoda frente al relato oficial:

si el "modelo educativo formoseño" es motivo de tanto orgullo, ¿cómo se explica que sus propios docentes denuncien salarios "absolutamente retrasados", más del 50% de sus ingresos fuera del básico y tengan que volver una y otra vez a las calles para reclamar?