El Gobierno de Milei avanza con la Ley Malvinas: negocia acuerdos en el Congreso y apunta a sesionar el 21 de octubre
El oficialismo apunta a sesionar el 21 de octubre y busca acuerdos con bloques aliados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. En paralelo, intenta desactivar la sesión opositora del 15 de octubre, donde podría quedar en riesgo el DNU 70/2023. La discusión incluye la Ley de Tierras, el financiamiento universitario y los recursos destinados a discapacidad.
POLÍTICA NACIONAL | CONGRESO DE LA NACIÓN
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una intensa negociación parlamentaria para conseguir los votos necesarios que le permitan avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional , una iniciativa que contempla nuevas sanciones contra empresas que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas, pero también introduce importantes modificaciones en materia de seguridad y defensa.
La Libertad Avanza pretende cerrar el tratamiento en comisiones el próximo miércoles 14 de octubre y llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el 21 de octubre .
Sin embargo, detrás de esa agenda legislativa aparece una disputa política más amplia: el oficialismo necesita evitar que la oposición consiga reunir el quórum para tratar y eventualmente rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas normativas del programa de reformas de Milei.
EL GOBIERNO BUSCA DESACTIVAR LA SESIÓN OPOSITORA
La oposición solicitó una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de avanzar contra el DNU 70/2023, que ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024.
La iniciativa opositora volvió a cobrar impulso después de una decisión de la Corte Suprema vinculada con la Ley de Tierras, cuya derogación fue incluida en el decreto presidencial.
La Corte dejó sin efecto una resolución judicial que había suspendido esa derogación, aunque aclaró que su pronunciamiento respondió a cuestiones procesales y no implicó resolver definitivamente la constitucionalidad de la medida.
Ese escenario reactivó las críticas sobre la posibilidad de que personas y empresas extranjeras adquieran tierras rurales argentinas sin las restricciones que establecía la legislación anterior.
Para la Casa Rosada, el problema es considerable: si Diputados también rechaza el DNU 70, el decreto perdería vigencia conforme al procedimiento previsto en la legislación argentina.
Por eso, el oficialismo comenzó a trabajar sobre los legisladores dialoguistas, cuyo acompañamiento o ausencia puede resultar determinante para el quórum.
LA LEY DE TIERRAS, EN EL CENTRO DE LAS NEGOCIACIONES
Una de las alternativas que analiza el Gobierno consiste en incorporar restricciones a la compraventa de tierras rurales por extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El objetivo político sería atender parte de los reclamos opositores sobre la protección del territorio nacional sin poner en riesgo el resto del DNU 70.
Se trata, por ahora, de una posibilidad en evaluación y no de una modificación legislativa acordada.
La negociación es particularmente delicada porque la derogación de la Ley de Tierras forma parte de un decreto mucho más amplio, que introdujo cambios en numerosas áreas de la economía y la administración pública.
MALVINAS: SANCIONES MÁS DURAS Y CAMBIOS EN SEGURIDAD NACIONAL
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre.
Según la explicación oficial, la iniciativa tiene tres objetivos principales: sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales argentinos, generar incentivos para que esas actividades cesen y fortalecer las herramientas estatales frente a amenazas externas.
También contempla reemplazar el régimen de la Ley 26.659, de 2011, y crear un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
Desde el Gobierno sostienen que esas modificaciones permitirían una respuesta más integral frente a actividades que afectan los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Pero el debate parlamentario también dejó expuestas diferencias importantes.
Representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos cuestionaron disposiciones vinculadas con la reorganización de las áreas de seguridad y defensa, mientras distintos sectores opositores reclamaron revisar el alcance de las nuevas facultades previstas.
En consecuencia, la discusión no se limita a la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas, sino que incluye el diseño institucional del sistema nacional de seguridad.
DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDADES TAMBIÉN ENTRAN EN LA NEGOCIACIÓN
La estrategia del oficialismo incluye ofrecer una agenda parlamentaria más amplia para el 21 de octubre.
Además del proyecto de Malvinas, se analiza incorporar iniciativas relacionadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
También existen conversaciones sobre modificaciones presupuestarias vinculadas con las universidades nacionales y el financiamiento de políticas destinadas a personas con discapacidad.
Estos asuntos tienen especial relevancia porque fueron motivo de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y distintos bloques legislativos.
Para los sectores dialoguistas, la posibilidad de obtener respuestas en estas materias podría influir en su disposición a acompañar determinadas iniciativas del Gobierno.
Sin embargo, todavía no existe un acuerdo definitivo sobre el conjunto del temario ni sobre las modificaciones que eventualmente se introducirán.
EL PRESUPUESTO 2027 PODRÍA DEMORARSE
La negociación también puede modificar el calendario previsto para el tratamiento del Presupuesto nacional del próximo año.
Inicialmente, el comienzo de las reuniones informativas estaba previsto para el martes 13 de octubre.
Pero la necesidad de resolver primero el debate sobre Malvinas, el DNU 70 y las conversaciones con bloques aliados podría postergar ese cronograma.
En el oficialismo incluso se analiza trasladar el tratamiento del Presupuesto al mes de noviembre.
De concretarse, el Gobierno deberá concentrar durante las últimas semanas del período ordinario una agenda legislativa que incluye temas económicos, institucionales y de política exterior.
UNA NEGOCIACIÓN QUE EXCEDE LA CUESTIÓN MALVINAS
La disputa deja expuesta una característica del actual funcionamiento parlamentario: La Libertad Avanza necesita acuerdos con sectores que no integran formalmente el oficialismo para avanzar con buena parte de su agenda.
El Gobierno pretende aprobar una legislación que considera prioritaria para la defensa de la soberanía nacional, pero al mismo tiempo necesita proteger la vigencia del DNU 70.
La oposición, por su parte, intenta utilizar la sesión del 15 de octubre para forzar una definición pública sobre el decreto y las restricciones a la adquisición de tierras rurales.
En ese escenario, los bloques dialoguistas adquirieron un papel central.
Sus decisiones pueden determinar tanto el futuro del DNU 70 como la posibilidad de avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Casa Rosada tiene por delante dos fechas decisivas: el 15 de octubre, cuando la oposición intentará abrir el recinto, y el 21, cuando el oficialismo aspira a realizar su propia sesión.
Lo que ocurra entre ambas jornadas dependerá de las negociaciones que continúan abiertas.
El Gobierno busca preservar una de las bases normativas de su programa económico mientras intenta construir consensos para aprobar una nueva legislación sobre Malvinas. Dos discusiones diferentes que, por la necesidad de reunir mayorías parlamentarias, terminaron formando parte de una misma negociación política.
