FORMOSA, BAJO LA LUPA POR EL RIESGO ALIMENTARIO: DOCE AÑOS DE ESTANCAMIENTO SOCIAL PONEN EN CUESTIÓN LOS RESULTADOS DEL MODELO DE INSFRÁN
Un informe atribuido a la Universidad Católica Argentina (UCA), difundido por Diario Exprés, coloca a Formosa en el centro de una preocupante discusión sobre inseguridad alimentaria y persistencia de la vulnerabilidad social. La noticia plantea un interrogante que va mucho más allá de las estadísticas: después de más de tres décadas de Gildo Insfrán en la Gobernación, ¿cuánto mejoraron realmente las condiciones de vida de las familias formoseñas?
CUANDO LA ALIMENTACIÓN SE CONVIERTE EN UN INDICADOR DE FRACASO SOCIAL
Hay estadísticas que no deberían quedar sepultadas debajo de los discursos oficiales, las inauguraciones ni las disputas políticas. Las vinculadas con el acceso a los alimentos son algunas de ellas.
La información publicada por Diario Exprés, bajo el título "Informe de la UCA: Formosa encabeza el riesgo alimentario en el país tras doce años de estancamiento social" , instala una discusión especialmente sensible: la persistencia de condiciones de vulnerabilidad alimentaria en una provincia gobernada por el mismo mandatario desde diciembre de 1995.
El problema no puede reducirse a la cantidad de mercadería que entrega el Estado ni al número de familias que reciben asistencia.
La verdadera medida del desarrollo social es cuántos hogares consiguen alimentarse adecuadamente, sostener ingresos propios y dejar de necesitar ayuda de emergencia para cubrir sus necesidades básicas.
Una política alimentaria puede resultar indispensable para evitar situaciones de hambre. Pero la necesidad de sostenerla durante años, sin avances suficientes en la autonomía económica de los hogares, obliga a evaluar sus resultados.
Y esa evaluación debe alcanzar tanto a las políticas nacionales como a las provinciales.
DOCE AÑOS QUE EXIGEN EXPLICACIONES
El período de estancamiento social señalado en el artículo periodístico es particularmente relevante porque comprende administraciones nacionales de distinto signo político, cambios económicos profundos y diferentes etapas de la gestión provincial.
Eso impide explicar toda la problemática alimentaria formoseña exclusivamente por las decisiones del actual Gobierno nacional.
Las medidas económicas de Javier Milei pueden influir sobre los ingresos, los precios y las condiciones de vida actuales. Pero no pueden explicar por sí solas dificultades que, según el enfoque del informe difundido, se arrastran desde mucho antes de diciembre de 2023 .
La pregunta que corresponde formular es qué políticas provinciales se aplicaron durante ese período, cuáles fueron sus resultados verificables y por qué persisten condiciones de vulnerabilidad.
No se trata de negar el impacto de las crisis nacionales. Se trata de impedir que ese impacto se utilice como explicación única de problemas estructurales anteriores.
EL DATO MÁS DURO: DEL 18,99% AL 18,77% EN DOCE AÑOS
La dimensión del problema aparece con particular claridad en las cifras difundidas durante la entrevista radial.
Según el análisis presentado por los periodistas Fernando López y Daniel Moreira Viera, en el programa Algo Está Pasando , el indicador de inseguridad alimentaria severa en Formosa pasó del 18,99% en 2010 al 18,77% en 2022 .
Inseguridad alimentaria severa en Formosa
18,99%
2010
18,77%
2022
Cifras difundidas por los conductores de Algo Está Pasando, según Diario Exprés. Período histórico 2010–2022.
La reducción equivale a apenas 0,22 puntos porcentuales en doce años .
Los conductores también señalaron que Formosa se mantuvo en niveles cercanos al doble del promedio nacional y que, pese a una mejora regional del NEA, la provincia no registró una evolución equivalente.
Es importante precisar que se trata de estimaciones históricas de riesgo para 2010 y 2022, no de una medición directa de cuántas personas pasan hambre actualmente en octubre de 2026.
Pero esa precisión no disminuye la gravedad del problema de fondo.
DOCE AÑOS PARA REDUCIR APENAS 0,22 PUNTOS PORCENTUALES UN INDICADOR TAN SENSIBLE EXIGEN UNA EXPLICACIÓN SERIA SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Uno de los aspectos más contundentes de la investigación es la definición del fenómeno que se está midiendo.
El sociólogo Juan Ignacio Bonfiglio , investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, explicó que la inseguridad alimentaria severa no se limita a la falta de una dieta saludable.
Incluye situaciones en las que los hogares deben reducir las cantidades de comida, omitir comidas o experimentar hambre por no contar con dinero suficiente para adquirir alimentos.
La investigación, denominada La geografía del riesgo alimentario en Argentina 2010-2022 , permite identificar áreas pequeñas de vulnerabilidad y observar diferencias territoriales que las mediciones generales de pobreza no siempre reflejan.
Bonfiglio explicó además que los factores estructurales comprenden déficits de infraestructura, vivienda, empleo, educación y protección social.
Esto obliga a ampliar la discusión.
No alcanza con analizar cuánto cuesta una canasta de alimentos. También importa si existen empleos, viviendas adecuadas, servicios esenciales y oportunidades reales para que una familia pueda sostenerse económicamente.
EL INTERIOR RURAL, UNA DE LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD
El investigador destacó un aspecto especialmente relevante para Formosa: el componente rural.
Mientras las estadísticas tradicionales del INDEC suelen concentrarse en el aglomerado urbano de Formosa, la investigación de la UCA incorpora una perspectiva territorial más amplia.
Según Bonfiglio, las áreas rurales presentan mayor riesgo alimentario, un factor importante en una provincia con una proporción significativa de población que vive fuera de los principales centros urbanos.
Este punto merece especial atención.
Las condiciones de vida de las familias del interior no pueden evaluarse únicamente mediante los indicadores de la capital provincial.
Es necesario conocer qué sucede en las comunidades rurales, los parajes alejados, los asentamientos indígenas y las pequeñas localidades donde el acceso al empleo, al transporte, al agua y a los servicios puede presentar dificultades adicionales.
UNA PROVINCIA NO PUEDE MEDIR SU DESARROLLO SOLAMENTE POR LO QUE INAUGURA EN SUS CENTROS URBANOS. TAMBIÉN DEBE RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS POBLACIONES MÁS ALEJADAS.
EL ASISTENCIALISMO NO PUEDE REEMPLAZAR AL TRABAJO Y AL DESARROLLO
Otro de los pasajes centrales de la entrevista fue la reflexión de Bonfiglio sobre las transferencias de ingresos.
El investigador reconoció que la asistencia económica tiene efectos positivos: los hogares que reciben transferencias pueden encontrarse en mejores condiciones que aquellos que no reciben ningún ingreso.
Pero advirtió que esos mecanismos no modifican, por sí solos, las causas estructurales de la vulnerabilidad.
Para conseguir mejoras duraderas, explicó, la política social necesita articularse con el desarrollo económico y con oportunidades de inserción laboral.
Ésta es una distinción fundamental.
Entregar alimentos a una familia que los necesita es una obligación social legítima.
Pero lograr que esa misma familia pueda comprar sus propios alimentos, gracias a ingresos suficientes y sostenibles, representa un objetivo de desarrollo mucho más amplio.
La asistencia debe proteger a las personas frente a la emergencia. No puede convertirse en el único horizonte de la política económica.
TRES DÉCADAS DE GOBIERNO Y UNA PREGUNTA SOBRE LOS RESULTADOS
Gildo Insfrán gobierna Formosa desde diciembre de 1995.
Por lo tanto, todo el período examinado por la investigación —2010 a 2022— transcurrió durante su administración.
Eso no significa que el gobernador sea el único responsable de cada factor que determina la inseguridad alimentaria. Las condiciones macroeconómicas, las políticas nacionales, los precios y las desigualdades históricas también influyen.
Sin embargo, la continuidad de una misma gestión durante más de tres décadas hace especialmente pertinente examinar sus resultados de largo plazo.
La administración provincial debe poder mostrar, con indicadores verificables, qué avances se consiguieron en empleo privado, ingresos familiares, infraestructura básica, educación y acceso a una alimentación suficiente.
La permanencia en el gobierno no demuestra por sí misma el éxito ni el fracaso de una política.
LOS RESULTADOS SOCIALES SON LOS QUE DEBEN PERMITIR EVALUARLA.
Y cuando una investigación académica identifica riesgos persistentes durante doce años, corresponde revisar las políticas aplicadas y explicar por qué no produjeron mejoras más profundas.
LA DISCUSIÓN QUE NO DEBERÍA QUEDAR ATRAPADA ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA
El enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la administración formoseña ocupa buena parte del debate público.
Pero la inseguridad alimentaria no comenzó con esa confrontación.
El período estudiado por la UCA termina en 2022, antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Por eso, el informe no puede utilizarse como medición del impacto de las políticas nacionales actuales, ni permite atribuir a Milei las dificultades detectadas entre 2010 y 2022.
Del mismo modo, tampoco corresponde ignorar que las decisiones económicas nacionales posteriores pueden agravar o aliviar la situación de las familias.
Lo necesario es distinguir las responsabilidades según el período, las competencias de cada gobierno y la evidencia disponible.
EL HAMBRE NO SE EXPLICA CON UNA CONSIGNA PARTIDARIA. SE COMBATE CON POLÍTICAS CUYOS RESULTADOS PUEDAN MEDIRSE.
EL DEBATE DE FONDO: ¿CUÁNTAS FAMILIAS CONSIGUIERON SALIR DE LA VULNERABILIDAD?
Los datos difundidos vuelven necesarias preguntas concretas.
¿Cuántos hogares formoseños lograron superar situaciones de inseguridad alimentaria severa durante la última década? ¿Qué resultados tuvieron los programas provinciales de empleo y producción? ¿Cuáles son las áreas rurales de mayor riesgo? ¿Qué intervenciones se aplicaron y cómo se evaluó su efectividad?
Y, sobre todo, ¿existen mediciones posteriores a 2022 que permitan establecer si la situación mejoró o empeoró?
Sin esas respuestas, la discusión corre el riesgo de reducirse a un intercambio de acusaciones entre oficialismo y oposición, mientras el problema que debería ocupar el centro permanece sin una evaluación suficiente.
CONCLUSIÓN: EL DESARROLLO NO SE DECLAMA, SE DEMUESTRA
La información difundida por Diario Exprés a partir de la investigación de la UCA plantea una advertencia de enorme importancia para Formosa.
Un indicador de inseguridad alimentaria severa que prácticamente no se modificó entre 2010 y 2022 constituye una señal preocupante de persistencia de la vulnerabilidad social.
No basta con señalar que existen programas asistenciales. Tampoco con enumerar obras, establecimientos o inversiones.
Todo eso debe evaluarse a la luz de sus efectos reales sobre la vida de las personas.
Después de más de treinta años de una misma conducción provincial, la pregunta sobre la efectividad de las políticas públicas no puede seguir postergándose.
Porque una familia que debe saltear comidas por falta de dinero no necesita que le expliquen quién ganó una discusión política. Necesita que las políticas económicas y sociales funcionen.
Y el desafío institucional es precisamente ése: pasar de los discursos sobre justicia social a resultados comprobables en alimentación, empleo e ingresos.
