La Corte Suprema se reúne de urgencia y podría restablecer los límites a la compra de tierras por extranjeros

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes 9 de octubre, a las 9 de la mañana, a un acuerdo extraordinario que podría derivar en una nueva resolución sobre la Ley de Tierras Rurales , cuya derogación fue dispuesta por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La reunión se produce en medio de una controversia judicial y política por la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El máximo tribunal deberá analizar un expediente que contiene un pedido de medida cautelar destinado a suspender los efectos del artículo 154 del decreto presidencial.

Si la Corte concede esa medida, podrían volver a regir provisionalmente las restricciones establecidas por la Ley 26.737 , entre ellas el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales.

La convocatoria extraordinaria y la aceleración de los plazos procesales reflejan la importancia de una controversia que también se encuentra en el centro de las negociaciones parlamentarias.

La Corte aceleró los tiempos y convocó a dos conjueces

El tribunal, integrado actualmente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , dispuso una serie de medidas para acelerar el tratamiento del expediente.

Entre ellas, redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes pudieran formular objeciones a la incorporación de dos conjueces.

También habilitó días y horas inhábiles para facilitar la tramitación.

Los magistrados designados para completar la integración del tribunal son Diego Barroetaveña , integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci , de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La intervención de conjueces permitirá avanzar en un expediente sobre el que los tres integrantes permanentes de la Corte no habrían alcanzado el acuerdo necesario para dictar una resolución.

El nuevo planteo que podría cambiar el escenario

La causa que ahora analiza la Corte fue promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie , comunidades indígenas y otros demandantes, entre ellos la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

Los impulsores cuestionan la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737.

A diferencia de otros planteos judiciales, los demandantes invocan especialmente derechos colectivos relacionados con la protección ambiental y los territorios de las comunidades indígenas .

El expediente había sido vinculado con una presentación realizada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Sin embargo, los impulsores de esta nueva causa sostienen que sus fundamentos jurídicos son diferentes y requieren un pronunciamiento específico.

El planteo incluye una medida cautelar que, de ser concedida, podría restablecer temporalmente las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

El fallo anterior que desató la controversia

El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.

Aquella decisión permitió que continuara vigente la derogación de la Ley de Tierras.

No obstante, existe una distinción jurídica fundamental: la Corte no resolvió si la derogación era constitucional o inconstitucional .

Los magistrados consideraron que el CECIM carecía de legitimación procesal para promover ese reclamo.

Por ese motivo, dejaron sin efecto la sentencia anterior sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

La resolución provocó críticas de sectores políticos y organizaciones que defienden la vigencia de restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales.

Ante las repercusiones, el propio tribunal difundió una aclaración en la que explicó que su pronunciamiento había abordado exclusivamente una cuestión procesal y que no impedía el tratamiento de otros pedidos cautelares.

Qué establecía la Ley de Tierras

La Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, estableció un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.

Entre sus principales disposiciones se encontraba el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales , tanto a escala nacional como en las jurisdicciones provinciales y departamentales.

También contemplaba otras restricciones sobre la adquisición de superficies rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras.

El Gobierno de Javier Milei eliminó ese régimen mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, dentro de su política de desregulación económica.

La discusión enfrenta diferentes interpretaciones sobre el derecho de propiedad, la inversión privada, la protección ambiental y la regulación de recursos territoriales.

Una decisión judicial con repercusiones en el Congreso

La convocatoria de la Corte coincide con una disputa parlamentaria por el futuro del DNU 70/2023.

Sectores de la oposición impulsan una sesión especial para el jueves 15 de octubre , con la intención de avanzar en el rechazo del decreto.

El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, por lo que una eventual decisión en el mismo sentido de la Cámara de Diputados tendría consecuencias sobre su vigencia.

En paralelo, el oficialismo busca alcanzar acuerdos con bloques aliados para evitar ese escenario.

Una de las alternativas en discusión consiste en incorporar nuevas disposiciones sobre adquisición de tierras rurales por extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada .

De esta manera, una eventual medida cautelar de la Corte podría modificar el contexto jurídico en el que se desarrollan las negociaciones legislativas.

Sin embargo, una resolución judicial favorable a la cautelar no equivaldría necesariamente a una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto .

Un viernes clave para el futuro de la Ley de Tierras

La Corte tiene distintas alternativas procesales.

Puede analizar directamente la medida cautelar solicitada, una intervención considerada excepcional, o devolver el expediente a los tribunales federales que intervinieron previamente para que resuelvan el planteo.

También podría adoptar una decisión que combine diferentes medidas procesales.

Lo concreto es que el máximo tribunal convocó una reunión extraordinaria y aceleró los plazos para quedar en condiciones de pronunciarse .

La expectativa está puesta en determinar si la Justicia restablecerá provisionalmente las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros o si la controversia continuará su trámite en instancias inferiores.

La definición puede tener consecuencias jurídicas y económicas sobre el régimen de propiedad rural argentino, mientras el Congreso se prepara para una nueva discusión sobre el DNU 70/2023.

Por el momento, la convocatoria está confirmada, pero todavía no se ha informado una nueva sentencia.