Formosa: comunidades wichí reclaman una escuela secundaria para 80 alumnos y denuncian que la Policía reprimió su protesta
Las comunidades originarias de Lote Uno y Tres Palmas, en el departamento Ramón Lista, exigen al Gobierno provincial la creación de un anexo de educación secundaria para más de 75 estudiantes que actualmente deben trasladarse unos ocho kilómetros hasta Lote 8. El cacique Avelino Tejada denunció que las autoridades educativas incumplieron un compromiso y que, cuando los pobladores salieron a reclamar, la respuesta fue un operativo policial que terminó con más de diez personas detenidas. También denunció agresiones contra mujeres durante el procedimiento.
Un nuevo conflicto por el acceso a la educación sacude al oeste de Formosa. Las comunidades wichí de Lote Uno y Tres Palmas , ubicadas en el departamento Ramón Lista, reclaman la creación de un anexo de nivel secundario que permita a sus jóvenes continuar estudiando sin tener que recorrer largas distancias.
El pedido, que según los representantes comunitarios lleva tiempo sin resolverse, derivó en una protesta con corte de ruta y un operativo policial que terminó con la detención de integrantes de las comunidades.
El cacique Avelino Tejada denunció que, en lugar de obtener respuestas a una necesidad educativa, los pobladores fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales de Las Lomitas y de la ciudad de Formosa.
Las declaraciones fueron realizadas al programa La Mañana en Vivo y difundidas este martes 13 de octubre por el diario La Mañana.
Más de 75 estudiantes necesitan una solución educativa
El reclamo tiene como destinatarios principales a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa.
Según explicó Tejada, las comunidades solicitan la creación de un anexo secundario vinculado con las escuelas N.º 414 y N.º 473, que permita atender la demanda educativa de Lote Uno y Tres Palmas.
Actualmente, de acuerdo con su testimonio, los estudiantes deben trasladarse hasta Lote 8, donde se encuentra el establecimiento secundario más cercano, ubicado aproximadamente a ocho kilómetros.
Para las familias, esa distancia representa una dificultad concreta para garantizar la asistencia regular y la continuidad de los estudios.
"Son más de 75 alumnos que necesitan de este colegio, porque el más cercano está a unos 8 kilómetros, en la localidad de Lote 8" , explicó el dirigente comunitario.
La situación adquiere especial importancia en comunidades rurales donde las distancias y las condiciones de traslado pueden convertirse en obstáculos para acceder a la educación.
Denuncian una promesa incumplida de las autoridades educativas
Tejada aseguró que desde la Delegación Zonal de María Cristina se había asumido el compromiso de avanzar con la creación del anexo solicitado.
Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta.
"La persona encargada de la delegación zonal de María Cristina se comprometió a crear un anexo secundario para las escuelas 414 y 473. Sin embargo, no cumplió con su palabra y seguimos esperando alguna respuesta" , denunció.
El incumplimiento señalado por el cacique incrementó el malestar de las familias, que consideran indispensable contar con una oferta educativa más cercana para sus hijos.
La comunidad reclama que las autoridades provinciales expliquen qué ocurrió con el compromiso mencionado y si existe una planificación para resolver la demanda.
Salieron a reclamar una escuela y terminaron detenidos
El conflicto se agravó cuando integrantes de las comunidades decidieron manifestarse mediante un corte de ruta para visibilizar el reclamo.
Según relató Tejada, la protesta realizada el mes pasado derivó en un procedimiento policial durante el cual fueron detenidos hombres y mujeres.
El dirigente afirmó que los manifestantes fueron trasladados a dependencias policiales de Las Lomitas y Formosa capital.
De acuerdo con la información difundida, más de diez personas fueron arrestadas , aunque otras coberturas periodísticas de septiembre mencionaron un total de 18 detenidos en el marco del conflicto.
Tejada confirmó que las personas detenidas recuperaron posteriormente la libertad.
El hecho generó fuertes cuestionamientos de los representantes comunitarios, quienes consideran que el reclamo educativo debió recibir una respuesta institucional y no desembocar en detenciones.
Denuncian agresiones contra mujeres durante el operativo
Uno de los aspectos más graves del testimonio de Avelino Tejada está relacionado con el trato que habrían recibido integrantes de las comunidades durante el procedimiento policial.
El cacique denunció que algunas mujeres sufrieron empujones y golpes.
"En lugar de darnos respuestas, vino la patrulla policial y levantó a hombres y mujeres, quienes estuvieron presos en Las Lomitas y Formosa capital" , relató.
También afirmó que, a raíz de las presuntas agresiones, se presentó una denuncia contra responsables de las áreas policial, educativa y sanitaria.
Estas acusaciones requieren investigación y esclarecimiento por parte de las autoridades competentes. La información disponible no permite establecer responsabilidades individuales ni determinar judicialmente cómo se desarrolló el operativo.
No obstante, los señalamientos plantean interrogantes sobre la actuación estatal frente a una manifestación originada en una demanda de acceso a la educación.
El derecho a estudiar no debería depender de recorrer kilómetros
El conflicto de Lote Uno y Tres Palmas vuelve a poner en discusión las dificultades que enfrentan comunidades indígenas del oeste formoseño para acceder a servicios educativos cercanos.
La educación secundaria constituye un derecho que el Estado debe garantizar mediante condiciones reales de acceso, permanencia y aprendizaje.
En ese contexto, el pedido de un anexo no representa solamente una demanda de infraestructura: también expresa la preocupación de las familias por las oportunidades educativas de sus hijos.
La creación de un establecimiento o anexo requiere evaluar la matrícula, la disponibilidad de docentes, los recursos y la planificación correspondiente.
Sin embargo, esas cuestiones administrativas no eliminan la obligación de buscar alternativas que permitan a los estudiantes continuar sus trayectorias escolares.
En septiembre, la Defensoría del Pueblo provincial había señalado que, tras un relevamiento, consideraba reducido el número de posibles alumnos para un anexo en Tres Palmas y que se habían propuesto otras alternativas. Esa posición contrasta con la cantidad de estudiantes que actualmente menciona Tejada, por lo que resulta necesario aclarar los datos de matrícula y las soluciones efectivamente ofrecidas.
Un reclamo que exige respuestas del Gobierno provincial
La denuncia de las comunidades wichí presenta dos cuestiones que requieren respuestas diferenciadas.
La primera es educativa: determinar cómo garantizar la escolarización secundaria de los más de 75 jóvenes mencionados por sus representantes y qué medidas concretas adoptará el Ministerio de Cultura y Educación.
La segunda es institucional: esclarecer las circunstancias de las detenciones y las denuncias de presuntas agresiones durante el operativo policial.
La discusión sobre la viabilidad de un anexo escolar no debería desplazar el problema de fondo: decenas de jóvenes y sus familias reclaman mejores condiciones para ejercer su derecho a la educación.
Las comunidades esperan que las autoridades provinciales establezcan un canal de diálogo, revisen la situación de los estudiantes y comuniquen una solución verificable.
Porque el acceso a la educación no puede quedar condicionado indefinidamente por la distancia, las promesas incumplidas o la falta de respuestas administrativas.
Y porque, ante una comunidad que reclama una escuela, la prioridad del Estado debería ser garantizar el derecho a estudiar y esclarecer cualquier denuncia de violencia durante las protestas.
