Formosa: comunidades wichí reclaman una escuela secundaria y denuncian que 18 originarios estuvieron diez días detenidos por protestar

Un nuevo y grave reclamo de las comunidades wichí del oeste formoseño volvió a poner bajo cuestionamiento la respuesta del Estado provincial frente a las demandas educativas de los pueblos originarios.

En las comunidades de Lote Uno y Tres Palmas, departamento Ramón Lista , unas 75 familias de estudiantes reclaman la creación de un anexo de Nivel Secundario que permita a los jóvenes continuar sus estudios sin tener que trasladarse hasta la localidad de Lote 8, ubicada aproximadamente a ocho kilómetros.

Sin embargo, lo que comenzó como una demanda educativa derivó, según denunciaron sus representantes, en un conflicto con la Policía provincial, detenciones prolongadas y presuntas agresiones contra integrantes de las comunidades.

El cacique Avelino Tejada aseguró que 18 personas, entre hombres y mujeres, permanecieron detenidas durante diez días después de participar en una protesta con corte de tránsito sobre el Camino Vecinal 9002.

"Nos reprimen, nos llevan presos" , expresó el dirigente al describir el trato que, según su denuncia, reciben los pueblos originarios cuando reclaman por sus derechos.

Reclaman una escuela secundaria para 75 estudiantes

La demanda de las comunidades está vinculada con la necesidad de garantizar el acceso a la educación secundaria de los alumnos que finalizan sus estudios primarios en las escuelas N.º 414 y N.º 473.

Según explicó Tejada, alrededor de 75 estudiantes necesitan continuar su formación y actualmente deben trasladarse hasta Lote 8 para asistir al establecimiento secundario más cercano.

La distancia de aproximadamente ocho kilómetros representa una dificultad para las familias, que reclaman una alternativa educativa dentro de su propia comunidad.

El pedido consiste en la creación de un anexo de Nivel Secundario en Tres Palmas, una medida que permitiría acercar la oferta educativa a los estudiantes.

Los representantes comunitarios sostienen que se trata de una necesidad concreta que lleva tiempo sin recibir una solución.

Una promesa educativa que, según el cacique, lleva un año incumplida

Avelino Tejada aseguró que el reclamo no es reciente.

Según explicó, hace aproximadamente un año el delegado zonal del Ministerio de Cultura y Educación en María Cristina se comprometió a gestionar la creación del anexo secundario.

Sin embargo, sostuvo que ese compromiso nunca se concretó.

La falta de respuestas llevó a integrantes de Lote Uno y Tres Palmas a organizar una protesta durante septiembre, con un corte de tránsito sobre el Camino Vecinal 9002.

La manifestación tenía como objetivo exigir que las autoridades educativas cumplieran el compromiso y ofrecieran una solución para los estudiantes.

Pero, de acuerdo con el relato del cacique, la protesta terminó con la intervención policial y la detención de numerosos integrantes de las comunidades.

Denuncian que 18 originarios estuvieron diez días detenidos

Uno de los aspectos más graves de la denuncia formulada por Tejada está relacionado con la cantidad de personas detenidas y el tiempo que habrían permanecido privadas de su libertad.

El dirigente afirmó que 18 integrantes de las comunidades wichí fueron detenidos por efectivos policiales y permanecieron diez días bajo custodia tras la protesta.

También aseguró que durante el procedimiento se produjeron agresiones contra mujeres.

"Ahora, esas personas están libres, pero hubo mujeres golpeadas. Pasó algo que no pensábamos que iba a pasar, y fue por la falta de respuesta. Por ello es que las comunidades indígenas pasan por este tipo de situaciones", manifestó.

Las acusaciones plantean interrogantes sobre las circunstancias del operativo, los motivos legales de las detenciones y las condiciones en las que permanecieron las personas involucradas.

Por el momento, estos señalamientos corresponden al testimonio del representante comunitario. Para establecer responsabilidades será necesario conocer las actuaciones policiales y judiciales correspondientes.

Presentaron denuncias contra autoridades policiales, sanitarias y educativas

El cacique también reveló que las comunidades decidieron acudir a las vías institucionales para denunciar las presuntas agresiones.

Según explicó, presentaron denuncias contra responsables de la Policía provincial, del área de Salud y del Ministerio de Educación en la zona, además de algunos dirigentes wichí.

Los cuestionamientos incluyen la actuación de las autoridades durante el conflicto y el trato recibido por los manifestantes.

Tejada también sostuvo que existen situaciones de vulnerabilidad que dificultan la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Aseguró que muchas personas no cuentan con recursos económicos para contratar abogados, lo que, según su interpretación, las coloca en una situación de desventaja frente a los procedimientos policiales y judiciales.

El dirigente denunció además presuntos abusos comerciales contra integrantes de las comunidades, al afirmar que algunos comerciantes de la zona les cobran precios excesivos.

Estas acusaciones requieren una investigación específica y no permiten, por sí solas, establecer responsabilidades de las personas señaladas.

"Hay docentes y comerciantes que fueron cómplices"

Durante sus declaraciones, Tejada también cuestionó la intervención de determinadas personas de la zona, a quienes acusó de haber contribuido con denuncias contra los manifestantes.

"Hay docentes y comerciantes que fueron cómplices y que denunciaron a los pueblos originarios. Nos reprimen, nos llevan presos. Nosotros somos buenos. No pensamos lastimar a las personas que vienen de afuera, pero hay personas que sí lo hacen", afirmó.

Sus expresiones reflejan el malestar existente en las comunidades y la desconfianza hacia algunos actores institucionales y sociales de la región.

No obstante, las responsabilidades mencionadas por el cacique deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Volvieron a marchar y anuncian nuevas movilizaciones

Lejos de abandonar el reclamo, integrantes de Lote Uno y Tres Palmas volvieron a movilizarse este lunes para exigir la creación del anexo secundario.

La comunidad considera que la necesidad educativa continúa sin resolverse y que las autoridades provinciales deben ofrecer una respuesta concreta.

Tejada anticipó que se organizarán nuevas marchas, aunque todavía no se definió una fecha.

La decisión de continuar con las protestas demuestra que el conflicto permanece abierto y que las familias no consideran satisfecha su demanda.

Educación, derechos indígenas y actuación policial: las respuestas que debe dar el Estado

El conflicto del departamento Ramón Lista reúne dos cuestiones que requieren atención institucional.

La primera es el acceso a la educación secundaria de los estudiantes de Lote Uno y Tres Palmas.

Las autoridades educativas deben esclarecer qué ocurrió con el compromiso mencionado por Tejada, evaluar la matrícula y explicar qué alternativas concretas existen para garantizar la continuidad escolar de los jóvenes.

La segunda cuestión es la denuncia sobre la actuación policial durante la protesta.

Si 18 integrantes de comunidades originarias permanecieron detenidos durante diez días y se produjeron agresiones contra mujeres, como sostiene el cacique, corresponde esclarecer las circunstancias de esas detenciones, su fundamento legal y las responsabilidades que pudieran existir.

El derecho a la educación, la libertad de expresión, la protesta pacífica y las garantías del debido proceso deben ser respetados en todo el territorio provincial.

Las comunidades indígenas cuentan, además, con derechos específicos reconocidos por la Constitución Nacional, entre ellos el respeto a su identidad y el acceso a una educación intercultural bilingüe.

Una escuela que todavía no llega y un conflicto que continúa

La situación denunciada por Avelino Tejada expone una preocupación concreta de las comunidades del oeste formoseño: garantizar que sus hijos puedan continuar estudiando cerca de sus hogares.

Mientras las familias esperan la creación del anexo secundario, también reclaman explicaciones por el operativo policial y las detenciones que, según aseguran, sufrieron durante la protesta.

El Gobierno de Formosa tiene ante sí dos reclamos que requieren respuestas: una solución educativa para los estudiantes y el esclarecimiento de las denuncias de violencia y privación de libertad.

La comunidad wichí de Lote Uno y Tres Palmas anunció que continuará movilizándose.

Porque detrás de las protestas hay una demanda que todavía espera solución: el derecho de unos 75 jóvenes a acceder a la educación secundaria en condiciones adecuadas, sin que las dificultades de traslado se conviertan en una barrera para su futuro.