La Justicia suspendió provisoriamente la decisión del Consejo Superior de la UNaF: el Rectorado asegura que presentará las pruebas de las irregularidades denunciadas

La disputa institucional en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó, según informó el Rectorado, una medida precautelar interina que suspende temporalmente la aplicación de la resolución del Consejo Superior que había declarado la nulidad absoluta e insanable de las elecciones de decanos celebradas el 13 de diciembre de 2024.

La decisión judicial se produce después de que el máximo órgano colegiado universitario resolviera, el pasado 9 de octubre, invalidar aquellos comicios en las facultades de Humanidades, Recursos Naturales y Administración, Economía y Negocios.

Esa resolución había dispuesto el cese de Rafael Olmedo, Carlos Aníbal Martínez y María Rosa Sanabria en sus respectivos decanatos, estableciendo que los vicedecanos asumieran la conducción de las unidades académicas.

Ahora, la intervención de la Cámara introduce una suspensión provisional mientras se examinan los antecedentes del conflicto.

Desde el Rectorado buscaron diferenciar el alcance temporal de esta medida de una eventual decisión judicial definitiva sobre la validez de las elecciones.

Una medida provisional, no una sentencia definitiva

La conducción universitaria explicó que la providencia tiene carácter precautelar y que fue adoptada mientras el tribunal reúne los elementos necesarios para examinar las decisiones cuestionadas.

Según esa interpretación, la Cámara todavía no habría contado con la totalidad de los fundamentos y antecedentes documentales que sustentaron la resolución del Consejo Superior.

Por esa razón, el Rectorado considera que la suspensión responde a una instancia procesal transitoria y no implica que los jueces hayan determinado que las elecciones de diciembre de 2024 fueron legítimas.

Una medida precautelar no equivale a una sentencia sobre el fondo del asunto. Su finalidad es preservar provisionalmente una situación mientras se tramita la controversia.

Sin embargo, tampoco debe confundirse la vigencia formal de una resolución administrativa con su posibilidad de ejecución: mientras una orden judicial suspenda sus efectos, las autoridades universitarias deben respetar el alcance de esa suspensión.

El Rectorado sostiene que la resolución conserva su vigencia jurídica

Desde la gestión encabezada por Augusto Parmetler señalaron que la resolución del Consejo Superior no fue anulada judicialmente.

De acuerdo con la posición oficial de la Universidad, lo que se encuentra suspendido es su aplicación material durante el período establecido por la Cámara.

La conducción universitaria considera que esta distinción resulta fundamental para comprender la situación institucional.

Una cosa es que un tribunal suspenda provisionalmente los efectos de una decisión mientras examina sus fundamentos y otra muy diferente es que declare definitivamente su invalidez.

Por eso, el Rectorado sostiene que la controversia continúa abierta y que será necesario analizar las pruebas reunidas durante las actuaciones administrativas.

El punto central de la controversia: los requisitos para ser decano

El argumento principal del Consejo Superior para declarar la nulidad de las elecciones del 13 de diciembre de 2024 está relacionado con el presunto incumplimiento de los requisitos académicos exigidos para acceder a los decanatos.

Según la posición oficial del Rectorado, Olmedo, Martínez y Sanabria no habrían acreditado debidamente su condición de profesores ordinarios por concurso público de antecedentes y oposición , requisito que la conducción universitaria considera indispensable conforme al artículo 54 de la Ley de Educación Superior y al Estatuto de la UNaF.

Desde la Universidad sostienen que, pese a los requerimientos efectuados por el Consejo Superior y la Comisión Especial Investigadora, los tres docentes no habrían presentado la documentación necesaria para demostrar esa condición.

El planteo es especialmente relevante porque no se refiere a una simple diferencia política entre el Rectorado y los decanos.

La cuestión que deberá resolverse es si los tres reunían efectivamente los requisitos legales y estatutarios para ser elegidos en diciembre de 2024.

En caso de comprobarse irregularidades, corresponderá determinar sus consecuencias jurídicas. Pero la existencia de fraude o de una conducta deliberadamente engañosa no puede darse por demostrada únicamente a partir de los cuestionamientos administrativos.

La Cámara suspendió los efectos de la Resolución 046/2026

De acuerdo con la información publicada sobre el expediente FRE 10357/2026 , la Cámara Federal dispuso suspender provisionalmente los efectos de la Resolución N.º 046/2026 del Consejo Superior.

La decisión fue adoptada tras una presentación de Olmedo, Sanabria y Martínez, quienes cuestionaron, entre otros aspectos, la competencia del Consejo Superior para anular las elecciones, la mayoría necesaria para adoptar esa decisión y el respeto de las garantías del debido proceso.

La medida precautelar se mantiene hasta que el tribunal resuelva el pedido cautelar correspondiente. Además, su efectivización quedó condicionada a una caución juratoria de los demandantes.

Por lo tanto, aunque la medida no constituye una sentencia definitiva, sí tiene efectos jurídicos inmediatos que deben ser respetados mientras permanezca vigente .

La UNaF asegura que continúa funcionando con normalidad

Otro de los puntos destacados por el Rectorado es que la controversia judicial no compromete el funcionamiento general de la institución.

Desde la conducción universitaria aseguraron que las dependencias académicas y administrativas continúan desarrollando sus actividades con regularidad.

La aclaración busca llevar tranquilidad a estudiantes, docentes, nodocentes y graduados, especialmente ante la sucesión de decisiones administrativas y judiciales que vienen modificando el escenario institucional.

La Universidad sostiene que continuará defendiendo la resolución del Consejo Superior por las vías legales correspondientes y que aportará los antecedentes reunidos durante la investigación interna.

La próxima instancia será determinante

El conflicto entra ahora en una etapa en la que la documentación y los fundamentos jurídicos serán decisivos.

Por un lado, el Rectorado deberá respaldar las razones que llevaron al Consejo Superior a declarar la nulidad de las elecciones.

Por el otro, Olmedo, Sanabria y Martínez podrán sostener sus objeciones sobre la competencia del órgano universitario, el procedimiento utilizado y las garantías que consideran afectadas.

La Cámara deberá evaluar esos argumentos sin que la medida precautelar implique anticipar el resultado.

Desde la gestión de Parmetler expresaron confianza en que, una vez examinadas las pruebas y los informes, el tribunal permitirá avanzar con la decisión universitaria. Se trata, por ahora, de una expectativa de la conducción y no de un resultado judicial asegurado.

La situación, en definitiva, presenta dos certezas: la Cámara suspendió provisionalmente los efectos de la resolución que apartó a los tres decanos, pero todavía no resolvió definitivamente si las elecciones de diciembre de 2024 fueron válidas.

El Consejo Superior mantiene su posición sobre las presuntas irregularidades y el Rectorado anuncia que defenderá sus conclusiones con documentación.

La discusión de fondo sigue abierta: no solamente quiénes deben conducir las tres facultades, sino si las autoridades elegidas reunían los requisitos exigidos por la normativa universitaria.