Milei consiguió un amplio respaldo en Diputados: la nueva Ley de Discapacidad obtuvo 237 votos y pasó al Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves 22 de octubre una nueva legislación destinada a fortalecer el sistema de protección social de las personas con discapacidad, luego de una intensa jornada de negociaciones entre el oficialismo, la oposición y representantes de organizaciones del sector.

La iniciativa obtuvo una amplia mayoría de 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones , un resultado que reflejó el entendimiento alcanzado entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y diferentes bloques parlamentarios.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad , recibió media sanción y fue girado al Senado, donde deberá obtener la aprobación definitiva para convertirse en ley.

La propuesta apunta a superar el esquema de emergencia vigente, cuyo plazo vence a fin de año, mediante la incorporación de mecanismos permanentes de financiamiento, cobertura médica, actualización de prestaciones y protección de derechos.

Un acuerdo político que permitió alcanzar una amplia mayoría

El entendimiento legislativo se construyó sobre un dictamen impulsado por el oficialismo junto al presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad .

Durante las negociaciones se incorporaron modificaciones solicitadas por sectores opositores y organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Uno de los cambios políticos más importantes fue la decisión de Unión por la Patria de acompañar el dictamen de mayoría , luego de evaluar que no contaba con los votos suficientes para avanzar con la prórroga del régimen de emergencia hasta diciembre de 2027.

El diputado Juan Marino explicó que su bancada decidió participar de las negociaciones para incorporar mejoras y evitar retrocesos en los derechos existentes.

El acuerdo permitió que una iniciativa originalmente impulsada por el oficialismo obtuviera el respaldo de una parte considerable de la oposición.

Sin embargo, no todos los sectores acompañaron el entendimiento. Legisladores del Frente de Izquierda y otros espacios expresaron objeciones sobre el alcance de la propuesta y las garantías de financiamiento.

Pensiones compatibles con el trabajo formal

Uno de los puntos centrales del proyecto es la continuidad de la compatibilidad entre determinadas pensiones por discapacidad y el empleo registrado.

La iniciativa contempla que las personas alcanzadas por el régimen y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) puedan acceder a un empleo formal o desarrollar actividades como monotributistas sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos se mantengan dentro de los límites establecidos.

El texto contempla como referencia un máximo de dos salarios mínimos, vitales y móviles .

También se mantiene el monto de la prestación previsto en el esquema considerado por el proyecto, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.

El objetivo es evitar que el acceso al trabajo represente, por sí mismo, la pérdida inmediata de la protección económica.

Actualización automática de los aranceles para prestadores

La nueva legislación también contempla mecanismos para actualizar periódicamente los valores de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El proyecto ratifica el principio de un nomenclador único y establece la actualización automática de sus aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de los precios.

Esta disposición busca otorgar mayor previsibilidad a instituciones, profesionales y prestadores que brindan servicios de rehabilitación, atención terapéutica y acompañamiento.

Además, se incorporó una cláusula transitoria destinada a abordar las compensaciones atrasadas a los prestadores.

Según el texto aprobado, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar un cronograma de pagos dentro de un plazo máximo de 30 días .

La medida responde a uno de los reclamos recurrentes de las organizaciones del sector, que vienen advirtiendo sobre las dificultades financieras derivadas de los atrasos y la actualización insuficiente de los aranceles.

Cobertura médica y financiamiento permanente

Otro aspecto relevante es la continuidad de la cobertura básica de salud mediante el Programa Federal Incluir Salud .

Durante el debate parlamentario se incorporaron modificaciones para contemplar también a titulares de pensiones por invalidez laboral.

Asimismo, el proyecto establece que la asignación presupuestaria correspondiente del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Esta cláusula busca evitar que el financiamiento del sistema pierda capacidad de cobertura frente a la inflación.

No obstante, su aplicación efectiva dependerá de las asignaciones presupuestarias, la reglamentación y la ejecución de los recursos.

Auditorías con derecho a defensa antes de suspender beneficios

El proyecto también incorpora un sistema de auditorías periódicas con intercambio de información entre organismos públicos.

Entre las entidades mencionadas se encuentran ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER .

La finalidad declarada es verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en las prestaciones.

Sin embargo, durante las negociaciones se introdujeron garantías destinadas a proteger a los beneficiarios frente a eventuales inconsistencias administrativas.

Entre ellas se destaca un plazo de 160 días para presentar descargos cuando una auditoría detecte observaciones sobre los requisitos de una pensión.

El diputado Juan Marino destacó esta modificación como uno de los avances incorporados a partir del diálogo con las organizaciones de personas con discapacidad.

El oficialismo defendió el paso de la emergencia a un sistema permanente

El diputado libertario Gerardo Huesen , miembro informante del oficialismo, sostuvo que la nueva legislación busca abandonar la lógica de sucesivas declaraciones de emergencia.

Durante su exposición afirmó que las personas con discapacidad necesitan reglas estables y mecanismos de protección que no dependan de renovaciones legislativas periódicas.

También destacó la continuidad de las prestaciones, el financiamiento específico, la actualización de aranceles y la compatibilidad entre pensiones y empleo formal.

Desde La Libertad Avanza presentaron la iniciativa como un intento de ordenar el sistema, fortalecer los controles y ofrecer mayor previsibilidad a las familias y prestadores.

Unión por la Patria acompañó, pero cuestionó al Gobierno por la aplicación de la ley vigente

Aunque respaldó el nuevo proyecto, Unión por la Patria mantuvo fuertes críticas a la política del Gobierno nacional en materia de discapacidad.

Juan Marino sostuvo que varios de los derechos incorporados a la iniciativa ya estaban contemplados en la legislación de emergencia y cuestionó las dificultades para su implementación.

Durante su intervención, afirmó que 324.303 personas aguardaban una resolución sobre sus solicitudes de pensión y advirtió sobre problemas presupuestarios en el Programa Incluir Salud.

Estas cifras y cuestionamientos fueron planteados por el legislador durante el debate parlamentario.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz destacó las modificaciones que permitieron ampliar las garantías de cobertura médica y contemplar la compatibilidad de determinadas pensiones con asignaciones familiares.

La diputada sostuvo que el acompañamiento legislativo no implica abandonar los reclamos para que el Poder Ejecutivo garantice los recursos necesarios.

Hubo rechazos y advertencias sobre el presupuesto

La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá cuestionó el acuerdo parlamentario y anticipó su rechazo al dictamen.

También Natalia de la Sota , de Defendamos Córdoba, expresó su oposición y reclamó que el proyecto regresara a comisiones para profundizar la participación de las organizaciones.

Entre sus principales objeciones mencionó la incertidumbre sobre las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la aplicación de la norma.

En cambio, Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica, valoró el acuerdo alcanzado y pidió que el Senado avance rápidamente con la sanción definitiva.

El presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez , destacó que una parte sustancial de la legislación de emergencia fue incorporada al nuevo texto.

Ahora la decisión queda en manos del Senado

Con la media sanción de Diputados, la iniciativa deberá ser debatida por la Cámara alta.

Para convertirse en ley, necesitará la aprobación del Senado y completar posteriormente el procedimiento constitucional correspondiente.

El tratamiento se producirá en un contexto de especial expectativa para las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones de atención y los profesionales que dependen del sistema de prestaciones.

La votación de 237 diputados representa un amplio acuerdo parlamentario, pero no significa que la nueva ley ya esté vigente.

El desafío pendiente será alcanzar la sanción definitiva y garantizar que los derechos reconocidos cuenten con financiamiento y aplicación efectiva.

La discusión de fondo no se limita a reemplazar una emergencia por una norma permanente: también involucra la capacidad del Estado para asegurar que las pensiones, la cobertura sanitaria y las prestaciones lleguen oportunamente a quienes las necesitan.