Escándalo en Humanidades de la UNaF: consejeros docentes denuncian persecución ideológica, arbitrariedades y expulsiones sin derecho a defensa

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) vuelve a quedar en el centro de una fuerte controversia institucional. En medio de las disputas por la legitimidad de las autoridades y las recientes decisiones del Consejo Superior, consejeros directivos docentes denunciaron presuntas irregularidades en un procedimiento mediante el cual habrían sido apartados de sus funciones de representación.

Los denunciantes calificaron lo sucedido como un acto de "arbitrariedad, improcedencia y persecución ideológica" y cuestionaron que se haya avanzado con una decisión de semejante trascendencia sin garantizarles, según sostienen, el acceso a la documentación ni la posibilidad de ejercer su derecho a defensa.

El episodio agrega un nuevo frente de conflicto en una facultad atravesada por cuestionamientos administrativos, controversias judiciales y disputas sobre la legitimidad de su conducción.

Consejeros apartados sin conocer los fundamentos de la decisión

Uno de los aspectos más graves señalados en la denuncia es la presunta falta de transparencia del procedimiento utilizado para apartar a los representantes docentes del Consejo Directivo.

Según el documento, los consejeros afectados no habrían recibido una notificación fehaciente que explicara los motivos de su exclusión.

Además, aseguran que se les negó el acceso al acta de la sesión y a la resolución correspondiente, lo que les habría impedido conocer formalmente los fundamentos de la medida y preparar una eventual impugnación.

La denuncia plantea un interrogante central: ¿cómo puede un representante docente ejercer su derecho a defensa si desconoce el expediente, los argumentos y la resolución mediante la cual fue apartado?

Para los consejeros, no se trata de una simple discrepancia administrativa. Consideran que el procedimiento habría vulnerado garantías elementales que deben respetarse dentro de una institución universitaria.

Cuestionan que el Consejo Directivo tenga facultades para excluirlos

El conflicto también presenta una dimensión jurídica y estatutaria.

Los docentes sostienen que el Consejo Directivo carecería de competencia estatutaria para excluir unilateralmente a sus propios integrantes mediante el procedimiento denunciado.

Este cuestionamiento resulta particularmente relevante porque los órganos colegiados universitarios deben actuar dentro de las atribuciones que les confieren el Estatuto y las reglamentaciones correspondientes.

Una decisión que afecta la representación de docentes no solamente modifica la integración del Consejo Directivo, sino que también puede alterar el funcionamiento institucional y la participación de los distintos sectores académicos.

Por eso, los denunciantes reclaman que se examine la legalidad del procedimiento y se determine si existieron fundamentos y competencias suficientes para adoptar la medida.

Una sesión extraordinaria en medio del conflicto por el decanato

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es la fecha en que se habría adoptado la decisión.

De acuerdo con la presentación, el apartamiento de los consejeros se resolvió durante una sesión extraordinaria celebrada el 9 de octubre , jornada en la que Rafael Olmedo había sido alcanzado por la decisión del Consejo Superior que declaró la nulidad de las elecciones de decanos de diciembre de 2024.

Los denunciantes consideran que esa circunstancia profundiza los interrogantes sobre la regularidad del procedimiento.

Sin embargo, corresponde señalar que la situación jurídica de aquella resolución universitaria quedó posteriormente alcanzada por una medida precautelar de la Cámara Federal de Resistencia, que suspendió provisionalmente sus efectos.

Rafael Olmedo, nuevamente en el centro de los cuestionamientos

La denuncia se inscribe en una crisis institucional más amplia que involucra al exdecano Rafael Olmedo.

El documento recuerda los cuestionamientos formulados contra su acceso al decanato, especialmente los relacionados con el requisito de antigüedad docente previsto en el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo y con la condición de profesor ordinario por concurso exigida por la normativa universitaria.

Estos antecedentes formaron parte de la controversia que desembocó en la decisión del Consejo Superior de declarar la nulidad de las elecciones de diciembre de 2024.

Los cuestionamientos sobre el cumplimiento de esos requisitos continúan sujetos a controversia y no deben confundirse con una declaración judicial definitiva de fraude.

En ese contexto, los denunciantes también sostienen que Olmedo habría solicitado las renuncias de su vicedecana y de su secretaria académica , una circunstancia que interpretan como un intento de modificar los equilibrios internos de la conducción y conseguir nuevos respaldos.

¿Persecución ideológica contra las voces disidentes?

El señalamiento más contundente de los consejeros afectados está relacionado con el presunto carácter ideológico de su apartamiento.

Según expresaron, las medidas no responderían únicamente a diferencias administrativas, sino a una reacción contra quienes mantienen posiciones distintas dentro del órgano colegiado.

"Persecución ideológica" es la expresión utilizada por los denunciantes para describir lo ocurrido.

La acusación merece especial atención porque la autonomía universitaria y el funcionamiento democrático de sus órganos de gobierno requieren la convivencia de distintas posiciones académicas, institucionales y políticas.

Los consejos directivos no están concebidos como espacios de adhesión obligatoria a una conducción, sino como órganos de representación y deliberación.

La discrepancia, por sí sola, no constituye una causa legítima para restringir derechos de representación.

Por eso, si se comprobara que los docentes fueron apartados como represalia por sus posiciones, el episodio tendría consecuencias institucionales que excederían ampliamente una discusión interna.

La necesidad de garantizar transparencia y derecho a defensa

La denuncia plantea cuestiones que requieren respuestas concretas.

Es necesario conocer qué resolución se adoptó, quiénes participaron de la sesión extraordinaria, cuáles fueron los fundamentos invocados y qué disposiciones estatutarias se utilizaron para justificar el apartamiento de los consejeros.

También corresponde establecer si los afectados fueron notificados formalmente, si tuvieron acceso a las actuaciones y si contaron con oportunidades reales para ejercer su defensa.

No se trata de exigencias menores.

La legitimidad de una decisión universitaria no depende solamente de la voluntad de una mayoría, sino también del respeto de los procedimientos y las garantías que rigen el funcionamiento institucional.

Una universidad pública tiene una responsabilidad especial en esta materia: sus autoridades deben actuar con transparencia, dentro de sus competencias y respetando los derechos de todos los integrantes de la comunidad académica.

Humanidades, ante una crisis que exige respuestas

La situación denunciada profundiza la preocupación por el funcionamiento institucional de la Facultad de Humanidades.

A las controversias sobre la elección de autoridades y los requisitos para acceder a los decanatos se suma ahora una denuncia que afecta directamente la representación docente dentro del Consejo Directivo.

Los consejeros sostienen que fueron apartados arbitrariamente, sin notificación suficiente y sin acceso a la documentación necesaria para defenderse.

Si estos hechos se confirman, no se trataría simplemente de una disputa entre sectores universitarios, sino de un serio cuestionamiento al respeto de las garantías institucionales dentro de la Facultad.

La gravedad de las acusaciones exige que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido y que se garantice el acceso a las actuaciones correspondientes.

También resulta necesario conocer la respuesta de Rafael Olmedo y de las autoridades del Consejo Directivo involucradas, cuya versión no consta en la documentación proporcionada.

La Universidad Nacional de Formosa atraviesa una etapa de fuertes controversias institucionales. En ese escenario, la respuesta no puede ser la opacidad ni el desconocimiento de las voces disidentes.

La autonomía universitaria no significa ausencia de controles, y las mayorías circunstanciales no habilitan a desconocer derechos ni procedimientos.

El reclamo de los consejeros docentes deja planteada una pregunta que las autoridades de Humanidades deberán responder con documentación y fundamentos:

¿Fueron apartados mediante un procedimiento legal y debidamente fundamentado o se utilizó una decisión administrativa para desplazar a representantes que pensaban diferente?

De la respuesta dependerá no solamente la situación de los docentes afectados, sino también la confianza en el funcionamiento democrático de la Facultad de Humanidades.