El diputado provincial y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Juan Carlos Amarilla , realizó un amplio análisis de la situación política e institucional de Formosa y formuló fuertes cuestionamientos al Gobierno de Gildo Insfrán por la utilización de su figura en actividades oficiales, la falta de acceso a información presupuestaria y las condiciones de dependencia económica que, según sostuvo, afectan a numerosos trabajadores.

El legislador también se refirió a las acciones judiciales impulsadas por el radicalismo contra la reelección indefinida y anticipó que una resolución de la Corte Suprema sobre la reforma constitucional provincial podría modificar el escenario político de cara a las próximas elecciones.

Sus declaraciones abarcaron desde la polémica por la denominada "Copa Gildo Insfrán" hasta los planteos para limitar los mandatos de gobernadores e intendentes.

"Están borrando la línea entre el Gobierno y la persona de Insfrán"

Uno de los principales cuestionamientos de Amarilla surgió a partir de una reciente sesión de la Legislatura provincial, en la que el bloque justicialista presentó un proyecto para declarar de interés legislativo una competencia de fútbol femenino cuyo trofeo llevaba el nombre de "Copa Gildo Insfrán" .

El diputado explicó que la bancada radical votó en contra de la iniciativa por considerar que no existían fundamentos suficientes para otorgarle ese reconocimiento institucional.

Sin embargo, su crítica principal estuvo dirigida a la utilización del nombre del mandatario provincial en actividades vinculadas con organismos públicos.

"Una cosa es el Gobierno de la Provincia de Formosa, que es una institución impersonal, y otra muy distinta es colocar exclusivamente el nombre del gobernador. Ni siquiera le pusieron ‘Gobernador Gildo Insfrán’, sino directamente ‘Copa Gildo Insfrán’", señaló.

Y agregó una advertencia sobre lo que considera una confusión deliberada entre el Estado y la figura de quien ejerce el poder:

"Hay una línea que separa lo institucional de lo personal y la están queriendo borrar para que la gente naturalice que eso está bien".

Para Amarilla, este tipo de prácticas excede una competencia deportiva y forma parte de una modalidad de comunicación política que identifica las realizaciones del Estado con una persona.

El legislador sostuvo que esa situación también se observa en cartelería y propaganda ubicada en escuelas, clubes, dependencias públicas y accesos a distintas localidades.

Publicidad oficial: Amarilla denunció que no puede acceder a las rendiciones de gastos

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el control del dinero público.

El jefe de la bancada radical afirmó que los legisladores opositores encuentran dificultades para acceder a la documentación que permitiría conocer cuánto destina el Gobierno provincial a publicidad, cartelería y promoción institucional.

Según explicó, las rendiciones mensuales que el Poder Ejecutivo presenta ante el Tribunal de Cuentas deberían estar disponibles para su consulta legislativa.

Sin embargo, aseguró que sus reiteradas solicitudes por escrito no obtuvieron respuesta.

"La única oportunidad que tenemos de discutir el gasto es cuando llegan las cuentas de inversión del año anterior, pero allí solo se ven términos globales y no se puede revisar la documentación respaldatoria", denunció.

Amarilla fue más allá y planteó sospechas sobre la manera en que podrían registrarse determinadas contrataciones.

Según su interpretación, una revisión de los expedientes permitiría detectar eventuales diferencias entre los bienes o servicios efectivamente contratados y los conceptos asentados en las rendiciones.

El diputado mencionó como hipótesis que algunos gastos de cartelería pudieran figurar bajo otros rubros administrativos.

Se trata de una sospecha expresada por el legislador , no de una irregularidad acreditada mediante documentación presentada en sus declaraciones.

No obstante, su planteo abre un interrogante concreto: ¿qué mecanismos de acceso a la información permiten conocer cuánto dinero público se destina a la difusión de la imagen del gobernador?

"Hay un cerrojo económico que mantiene enganchada a la sociedad"

Amarilla también vinculó la situación institucional con las condiciones económicas y laborales de la provincia.

A su entender, la dependencia de numerosas familias respecto de empleos, contratos y programas vinculados al Estado condiciona la posibilidad de expresar críticas o participar libremente en la actividad política.

El legislador estimó que existen al menos 60.000 trabajadores bajo el régimen de monotributo , además de personas que prestan servicios mediante cooperativas.

La cifra fue mencionada por Amarilla y no estuvo acompañada, en el material de la entrevista, de un relevamiento estadístico que permita corroborarla.

Para el diputado, estas modalidades laborales reflejan una situación de precariedad que merece ser discutida.

"Hay una precarización laboral absoluta con la mirada cómplice de gran parte del sector gremial, que prefiere mirar para otro lado", cuestionó.

También sostuvo que el temor a perder una fuente de ingresos puede influir en el comportamiento de quienes dependen económicamente de contratos o beneficios estatales.

"Mucha gente sabe la verdad y sabe lo que está mal, pero actúa con cierta resignación por miedo a perder los dos pesos que recibe. Hay un cerrojo económico que mantiene enganchada a la sociedad", afirmó.

Críticas al sindicalismo y a las dificultades para competir

Durante la entrevista, Amarilla también cuestionó el funcionamiento de sectores de la dirigencia gremial.

Sostuvo que parte del sindicalismo no responde con suficiente firmeza a los reclamos de trabajadores que se encuentran en condiciones laborales precarias.

Como ejemplo, mencionó un conflicto interno en la CGT local, donde, según su relato, una lista opositora encabezada por una legisladora no pudo participar del proceso electoral.

Para el diputado, este tipo de episodios refleja dificultades que trascienden el ámbito partidario y alcanzan a distintas organizaciones.

La Corte Suprema y la reelección indefinida: el eje de la disputa institucional

Uno de los tramos más relevantes de las declaraciones estuvo dedicado a las acciones judiciales promovidas por la UCR contra la continuidad indefinida en los cargos ejecutivos.

Amarilla recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el régimen de reelección indefinida contemplado en el artículo 132 de la anterior Constitución provincial.

El legislador reivindicó la participación del radicalismo en ese proceso y sostuvo que el pronunciamiento representa un antecedente importante para la protección del sistema republicano.

También destacó las presentaciones judiciales realizadas por el partido durante la pandemia, vinculadas con restricciones de derechos y libertades.

Sin embargo, el centro de sus declaraciones estuvo puesto en la nueva controversia constitucional: la cláusula transitoria que pretende considerar el mandato actualmente ejercido por Insfrán como el primero a los efectos del nuevo régimen de reelección .

"Quieren presentar como primer mandato el de alguien que lleva siete"

Amarilla cuestionó especialmente la denominada cláusula cuarta incorporada durante la reforma constitucional provincial.

Según explicó, la disposición permitiría interpretar el mandato vigente del gobernador como el primero dentro del nuevo sistema de limitación de reelecciones.

Para el diputado radical, esa interpretación desconoce la continuidad real del ejercicio del poder.

El legislador comparó la situación con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que estableció reglas transitorias sobre el cómputo de los mandatos presidenciales.

A su entender, ambos escenarios no son equivalentes.

"En la reforma nacional de 1994, Carlos Menem estaba efectivamente en su primer mandato; no se estaba inventando una realidad como ocurre aquí, donde se pretende decir que es el primer mandato de alguien que lleva siete al frente del Ejecutivo", sostuvo.

La UCR considera que la disposición provincial debe ser revisada judicialmente para determinar si resulta compatible con los principios constitucionales establecidos por la Corte.

La validez de esa cláusula, no obstante, depende de la resolución que adopte el máximo tribunal sobre el planteo presentado.

El radicalismo también quiere limitar las reelecciones de intendentes

Amarilla confirmó que el partido mantiene otra discusión judicial relacionada con la duración de los mandatos municipales.

Según explicó, el objetivo es que la limitación de dos períodos consecutivos también alcance a los intendentes.

El diputado sostuvo que no existen diferencias sustanciales entre el ejercicio prolongado del poder provincial y el municipal cuando se analiza la utilización de recursos públicos y las condiciones de competencia política.

"No hay diferencia sustancial entre un gobernador y un intendente, porque ambos manejan recursos públicos y el uso prolongado del aparato del Estado durante décadas resulta nocivo para la competencia democrática", expresó.

En cambio, diferenció la situación de los cargos legislativos, donde consideró que la renovación debería surgir principalmente de decisiones políticas y éticas de los propios dirigentes.

Amarilla espera una definición judicial entre diciembre y febrero

Respecto de los plazos procesales, el legislador estimó que la Corte Suprema podría pronunciarse sobre el planteo contra la cláusula transitoria entre mediados de diciembre y los primeros días de febrero.

Se trata de una estimación del diputado , ya que no existe una fecha de sentencia confirmada en la información aportada.

Amarilla sostuvo que una decisión favorable a la postura de la UCR tendría consecuencias políticas importantes.

Según su análisis, podría abrir nuevas posibilidades de competencia dentro del oficialismo y obligar a los partidos opositores a reorganizar sus estrategias.

El legislador también planteó la necesidad de construir acuerdos entre distintas fuerzas políticas y presentar propuestas concretas de gobierno.

Una discusión que excede los nombres y pone a las instituciones en el centro

Las declaraciones de Juan Carlos Amarilla reúnen cuestionamientos sobre tres aspectos centrales del funcionamiento institucional: la utilización de símbolos y recursos públicos, el acceso a la información sobre los gastos estatales y los límites a la permanencia en los cargos ejecutivos .

El diputado sostiene que la identificación del Gobierno provincial con la figura de Gildo Insfrán debilita la distinción entre el Estado y sus autoridades.

También denuncia obstáculos para fiscalizar las cuentas públicas y plantea que la dependencia económica condiciona a una parte de la sociedad.

Desde el punto de vista judicial, el radicalismo espera una definición sobre el alcance de la reforma constitucional y el cómputo de los mandatos del gobernador.

Las denuncias y apreciaciones políticas formuladas por Amarilla requieren distinguirse de los hechos judicialmente establecidos y de las cuestiones que todavía se encuentran pendientes de resolución.

El planteo de fondo es claro: quién controla los recursos del Estado, cómo se garantiza la transparencia de su utilización y cuáles son los límites constitucionales para quienes ejercen el poder durante períodos prolongados.

Son preguntas que trascienden la disputa entre oficialismo y oposición y que forman parte del debate sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas de Formosa.