Revés judicial para el intendente Caniza: la Cámara Federal ordenó investigar la denuncia por presunto lavado de activos en Clorinda

La situación judicial del intendente de Clorinda, Jorge Ariel Alejandro Caniza , sumó un nuevo capítulo después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolviera que la denuncia presentada en su contra por presunto lavado de activos y otras irregularidades debe continuar siendo examinada en la Justicia Federal.

La resolución representa un revés para la decisión adoptada inicialmente por la jueza federal de Garantías N.º 2, quien había declarado la incompetencia del fuero federal y dispuesto la remisión de las actuaciones a la Justicia provincial.

La decisión fue revisada a partir de una impugnación promovida por representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuestionaron el apartamiento de la Justicia Federal sin que previamente se realizaran diligencias para examinar los hechos denunciados.

La jueza de revisión Rocío Alcalá consideró que aquella decisión había sido prematura y que correspondía avanzar con las medidas necesarias para determinar si existen elementos que sustenten la hipótesis de lavado de activos.

La Cámara consideró prematuro enviar la causa a la Justicia provincial

El punto central de la resolución judicial es que no correspondía descartar la intervención federal sin desarrollar previamente una investigación suficiente.

Según la información difundida sobre el fallo, la camarista Rocío Alcalá señaló que la denuncia describe de manera pormenorizada las presuntas maniobras y que, debido al estado inicial del proceso, resultaba necesario producir medidas de prueba.

El objetivo será corroborar o descartar la posible existencia de operaciones vinculadas con el lavado de activos .

De esta manera, la Justicia Federal deberá avanzar con las diligencias pertinentes antes de adoptar una nueva decisión sobre el alcance de su competencia.

La resolución modifica el curso que habían tomado las actuaciones y permite que continúe el examen de las denuncias en el ámbito federal.

Qué denuncias pesan sobre el intendente de Clorinda

La presentación judicial impulsada por representantes del radicalismo apunta a presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda.

Entre las cuestiones denunciadas se encuentran contrataciones públicas, posibles sobreprecios, movimientos de fondos y operaciones patrimoniales cuyo origen los denunciantes consideran necesario esclarecer.

También se solicitó examinar el crecimiento patrimonial atribuido a personas vinculadas con la gestión municipal, particularmente respecto de inversiones inmobiliarias mencionadas en la denuncia.

La presentación plantea posibles delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y otras figuras penales, cuya eventual configuración deberá ser determinada por la Justicia.

En ese marco, los denunciantes pidieron que se analicen documentos administrativos, contrataciones, registros patrimoniales y movimientos económicos.

También consideran necesario establecer si existen fondos de origen nacional involucrados en las operaciones cuestionadas, un aspecto que podría resultar relevante para determinar la competencia federal.

La UCR celebró la decisión: "Ahora hay que seguir el camino del dinero"

El abogado Juan Sebastián Montoya , apoderado de la Unión Cívica Radical, destacó la resolución de la Cámara y cuestionó que anteriormente se hubiera dispuesto el envío de las actuaciones a la Justicia provincial.

"Evitamos que esta causa caiga en manos de la justicia provincial. Se había declinado la competencia sin hacer una sola diligencia. La Cámara nos dio la razón y ordenó investigar. Ahora la justicia federal tiene que hacer lo que se había salteado, seguir el camino del dinero", manifestó.

Montoya sostuvo que la resolución permite avanzar sobre aspectos que, a criterio de los denunciantes, requieren una investigación exhaustiva.

El abogado también expresó su desconfianza respecto de la posibilidad de que las denuncias contra funcionarios políticos sean esclarecidas en el ámbito provincial.

"Una denuncia contra funcionarios que se manda a la justicia ordinaria sin investigarse suele ser el final de la investigación. Ya tuvimos otras denuncias que, pese a la claridad de los delitos denunciados, todo quedó en la más absoluta impunidad. Acá eso no va a pasar", afirmó.

Estas apreciaciones corresponden al representante legal de la UCR y reflejan su posición sobre el funcionamiento de los mecanismos judiciales de control.

Piden pericias contables, documentación patrimonial e intervención de organismos especializados

A partir de la resolución de la Cámara, los representantes radicales anticiparon que insistirán en las medidas probatorias solicitadas en su presentación original.

Entre las diligencias propuestas figuran la revisión de documentación vinculada con contrataciones municipales, el análisis de operaciones económicas y la obtención de información patrimonial.

Los denunciantes consideran que estas medidas permitirían reconstruir el movimiento de fondos y determinar si existen inconsistencias que justifiquen profundizar la investigación.

También anunciaron que solicitarán la participación de organismos especializados en la investigación de lavado de activos.

No obstante, corresponde distinguir entre las medidas pedidas por los denunciantes y aquellas que efectivamente dispongan las autoridades judiciales durante la investigación.

La UCR informó, además, que continuará las gestiones para ser reconocida como parte querellante.

La resolución reabre el debate sobre los controles a la administración municipal

El fallo tiene especial relevancia por el contexto en el que se desarrollan las denuncias contra la gestión de Caniza.

Anteriormente, una presentación contra el intendente había sido desestimada en el ámbito provincial, decisión que el jefe comunal presentó públicamente como una reivindicación frente a las acusaciones.

Sin embargo, aquella resolución no impedía que se examinara una nueva denuncia ante la Justicia Federal, especialmente si se planteaban posibles delitos cuya investigación pudiera corresponder a ese fuero.

La Cámara de Resistencia consideró ahora que resultaba necesario producir medidas antes de apartar a la Justicia Federal.

La decisión también pone en discusión el alcance de los mecanismos de fiscalización sobre las administraciones municipales y la importancia de contar con documentación suficiente para evaluar las denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Un fallo que no condena, pero exige investigar

La resolución de la Cámara Federal no significa que se haya probado la existencia de lavado de activos ni que el intendente de Clorinda haya cometido los delitos denunciados.

Tampoco implica una decisión definitiva sobre todas las cuestiones de competencia que puedan surgir durante el proceso.

Lo que establece es que no correspondía remitir prematuramente las actuaciones a la Justicia provincial sin realizar las diligencias necesarias para evaluar la hipótesis delictiva planteada .

Esa diferencia es fundamental para comprender el alcance de la decisión judicial.

Mientras la UCR sostiene que el fallo permite avanzar en el esclarecimiento de las operaciones cuestionadas, será la investigación la que deberá determinar si existen elementos suficientes para formular imputaciones y eventualmente establecer responsabilidades.

Caniza y su administración, ante una investigación que deberá avanzar sobre las pruebas

Con la resolución de la Cámara Federal, el expediente contra el intendente de Clorinda y las demás personas denunciadas continuará su trámite en el ámbito federal para la realización de las medidas pertinentes.

La investigación deberá concentrarse en los hechos concretos, la documentación disponible y la trazabilidad de las operaciones económicas mencionadas en la denuncia.

Para los denunciantes, el objetivo es conocer el origen y el destino de los fondos involucrados en las operaciones cuestionadas.

Para las personas denunciadas, el proceso también deberá garantizar el derecho de defensa y la posibilidad de controvertir las acusaciones.

El dato central es que la Cámara Federal impidió que la denuncia fuera remitida a la Justicia provincial sin un examen previo de las sospechas de lavado de activos. Ahora deberán producirse las pruebas necesarias para determinar si esas sospechas tienen sustento.