Abogados que desafían al poder: por qué defender causas que parecen perdidas también es luchar por la justicia y la libertad

¿Por qué un abogado decide involucrarse en una causa que parece perdida de antemano? ¿Por qué asumir el desgaste de enfrentar al poder, soportar cuestionamientos públicos y exponerse a consecuencias profesionales por defender una posición jurídica que difícilmente encuentre respaldo inmediato?

Estas preguntas atraviesan una profunda reflexión sobre el verdadero sentido del ejercicio de la abogacía, que plantea una premisa fundamental: litigar no siempre significa buscar una victoria inmediata, sino defender principios que trascienden un expediente judicial: la justicia, la libertad, la igualdad, la república y, especialmente, la verdad.

El planteo reivindica el papel de los profesionales que, lejos de limitarse a las causas sencillas o de resultado previsible, deciden cuestionar interpretaciones jurídicas consolidadas y enfrentar decisiones que consideran injustas.

En esa perspectiva, las denominadas causas perdidas pueden convertirse en el punto de partida de transformaciones históricas.

Las causas que parecían imposibles y terminaron cambiando el derecho

Uno de los argumentos centrales de la reflexión es que muchas conquistas jurídicas comenzaron con demandas que durante años fueron rechazadas por los tribunales.

Como ejemplo, se menciona la prolongada lucha por el reconocimiento del divorcio vincular en la Argentina.

Durante décadas, quienes impulsaban su reconocimiento encontraron obstáculos legales, interpretaciones restrictivas y resoluciones judiciales adversas.

Sin embargo, la persistencia de esos planteos contribuyó a modificar el escenario jurídico.

Un antecedente decisivo fue el histórico fallo Sejean, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986 , que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de recuperar la aptitud nupcial establecida en el régimen entonces vigente.

Aquella decisión representó un punto de inflexión y precedió a la sanción de la Ley 23.515, que incorporó el divorcio vincular al ordenamiento jurídico argentino en 1987.

El ejemplo permite comprender que una sucesión de derrotas judiciales no necesariamente representa un fracaso histórico .

En ocasiones, los argumentos que inicialmente son rechazados terminan contribuyendo a revisar criterios establecidos y ampliar el reconocimiento de derechos.

El abogado como defensor de los derechos frente al poder del Estado

La reflexión también aborda una cuestión esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática: la relación entre los ciudadanos y el poder estatal.

Desde esta perspectiva, el ejercicio de la abogacía no consiste únicamente en aplicar normas o intervenir en conflictos particulares, sino también en exigir que las instituciones respeten los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

El texto recupera las ideas del filósofo francés Michel Foucault , especialmente sus análisis sobre los mecanismos de vigilancia, control y disciplinamiento desarrollados en su obra Vigilar y castigar .

A partir de esa referencia, plantea que el poder estatal necesita encontrar límites efectivos en los derechos de los ciudadanos y en los mecanismos institucionales destinados a protegerlos.

La discusión no se dirige exclusivamente contra un gobierno nacional o provincial determinado, sino que propone una mirada más amplia sobre el funcionamiento del Estado y la necesidad de someter sus decisiones al control jurídico.

En ese contexto, la tarea del abogado adquiere una dimensión institucional: defender a una persona también puede significar defender garantías que protegen al conjunto de la sociedad .

El derecho de defensa, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el acceso a una Justicia independiente no deberían depender de la popularidad de una causa ni de la aceptación pública de quien necesita representación legal.

Defender una causa impopular no significa justificar cualquier conducta

Otro aspecto relevante del planteo es la reivindicación de quienes asumen defensas que pueden generar rechazo social o cuestionamientos mediáticos.

La reflexión advierte sobre las presiones que pueden enfrentar los abogados cuando sus argumentos contradicen posiciones dominantes o decisiones de funcionarios y magistrados.

En estos escenarios, el profesional puede quedar expuesto a críticas que trascienden el contenido estrictamente jurídico de su intervención.

Sin embargo, en un Estado de derecho, garantizar la defensa de una persona no equivale a respaldar sus acciones ni a compartir necesariamente sus posiciones .

La función del abogado consiste en asegurar que los procedimientos respeten las garantías constitucionales y que las controversias sean resueltas conforme a derecho.

Esta distinción resulta fundamental para comprender por qué las defensas difíciles también forman parte del funcionamiento de una Justicia democrática.

La perseverancia no excluye los errores ni la autocrítica

Lejos de presentar el ejercicio profesional como una actividad exenta de equivocaciones, la reflexión incorpora una dimensión de autocrítica.

Reconoce que la intensidad con la que se defienden determinadas convicciones puede conducir a errores de apreciación, decisiones apresuradas o estrategias que no producen los resultados esperados.

El compromiso con una causa, por profundo que sea, no garantiza que todos los argumentos sean correctos ni que las pretensiones deban prosperar.

Por eso, el texto plantea que la perseverancia debe estar acompañada por la capacidad de reconocer errores, aprender de ellos y revisar las propias posiciones.

También sostiene que las equivocaciones cometidas de buena fe no deben confundirse automáticamente con una intención deliberada de perjudicar.

Litigar por principios que trascienden los expedientes

En su tramo final, la reflexión propone recuperar la dimensión humana y ética de la profesión jurídica.

Detrás de los códigos, las resoluciones, los escritos y los procedimientos judiciales existen valores que no siempre pueden reducirse a una interpretación técnica de las normas.

La libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad y la verdad aparecen como principios que justifican la persistencia frente a decisiones adversas.

Desde esta perspectiva, el abogado no es solamente un profesional que representa intereses particulares, sino también un participante activo en la evolución del derecho.

Cada planteo, cada recurso y cada discusión jurídica pueden contribuir a revisar criterios, establecer precedentes o impulsar transformaciones futuras.

Eso no significa que toda causa difícil sea necesariamente justa, ni que cualquier cuestionamiento al Estado tenga fundamento. Significa reconocer que el sistema jurídico necesita mecanismos efectivos para discutir sus propias decisiones y corregir sus errores.

Una Justicia que no admite cuestionamientos corre el riesgo de convertir sus interpretaciones en verdades inamovibles. Y una abogacía que renuncia a discutirlas pierde una parte esencial de su función.

«Por eso nos equivocamos, por eso aprendemos, por eso no claudicamos»

La reflexión concluye con una definición que sintetiza su mensaje sobre la responsabilidad y el compromiso de quienes ejercen la profesión:

«Por eso nos equivocamos, por eso aprendemos, por eso no claudicamos. Por eso, litigamos».

La frase reivindica una concepción de la abogacía que no mide su valor exclusivamente por la cantidad de sentencias favorables, sino también por la capacidad de sostener argumentos, defender garantías y contribuir a la evolución del derecho.

En definitiva, el mensaje plantea que las grandes transformaciones jurídicas requieren profesionales dispuestos a cuestionar lo establecido, incluso cuando las posibilidades de éxito inmediato son escasas.

Porque una causa puede perderse en los tribunales y, sin embargo, dejar sembrados los argumentos que permitan conquistar un derecho en el futuro. Y porque defender la justicia y la libertad exige, muchas veces, la valentía de insistir cuando otros consideran que todo está perdido.