Se negó a aprobar a una alumna, denunció presiones de sus superiores y terminó con una causa administrativa: Educación archivó el expediente

Un caso que genera preocupación por las condiciones de trabajo de los docentes y los criterios de evaluación escolar salió a la luz en Formosa, luego de que una profesora de Matemática denunciara haber sufrido presiones de las autoridades de su establecimiento para aprobar a una alumna que no había alcanzado los conocimientos necesarios .

La protagonista es Carmen Beatriz Báez , quien relató que su negativa a modificar una calificación derivó en cuestionamientos a su desempeño profesional, situaciones que describió como hostigamiento laboral y la apertura de una prevención sumarial.

El episodio fue dado a conocer durante una entrevista en el programa La otra mirada , de FM Espacios 92.5, y posteriormente difundido por el portal Guau Formosa.

Lo más significativo del caso es que, de acuerdo con el testimonio de Báez, el propio Ministerio de Cultura y Educación provincial terminó disponiendo el archivo definitivo de las actuaciones administrativas , al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar un incumplimiento de sus obligaciones.

«Esa alumna tiene que aprobar porque necesitamos que se vaya»

Según explicó la profesora, el conflicto comenzó durante las mesas de examen de febrero y marzo, cuando una estudiante de cuarto año debía rendir Matemática para poder avanzar al curso siguiente.

La alumna desaprobó en la primera instancia. Báez aseguró que, después del examen, se ofreció a brindarle apoyo académico y le indicó que podía encontrarla durante la semana en la institución, pero que la estudiante no se presentó.

Un mes después, la joven volvió a rendir y nuevamente obtuvo una calificación desaprobatoria.

Fue entonces cuando, según la denuncia de la docente, comenzaron las presiones desde la conducción escolar para que cambiara el resultado.

Báez recordó que le transmitieron la necesidad de que la estudiante aprobara porque su madre tenía previsto retirarla del establecimiento si lograba pasar de curso.

La profesora rechazó modificar las actas, argumentando que las calificaciones debían reflejar los conocimientos demostrados y que otros estudiantes habían sido evaluados bajo las mismas condiciones.

Su posición fue clara: no correspondía alterar una nota por razones administrativas o por conveniencia de las autoridades escolares.

De la negativa a modificar una nota a una prevención sumarial

Lejos de concluir con la decisión de la profesora, el conflicto habría continuado con nuevas insistencias para que volviera a examinar a la estudiante.

Báez aseguró que comenzó a recibir cuestionamientos sobre su desempeño y su actitud frente a la alumna, hasta el punto de sentirse señalada por algunos integrantes de la comunidad educativa.

Ante esa situación, presentó una nota con acompañamiento gremial para solicitar que cesaran los pedidos que consideraba improcedentes.

Sin embargo, según su relato, las actuaciones administrativas continuaron y se impulsó una prevención sumarial para determinar si existían motivos para iniciar un procedimiento disciplinario formal.

La docente interpretó ese proceso como una forma de presión vinculada directamente con su negativa a aprobar a la estudiante.

También manifestó que atravesó momentos de angustia y desgaste emocional, al verse obligada a defender su actuación profesional frente a cuestionamientos que consideraba injustificados.

El Ministerio de Educación terminó archivando las actuaciones

El desenlace administrativo fue favorable para la profesora.

De acuerdo con lo informado por Báez, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa resolvió archivar definitivamente la prevención sumarial , al no encontrar elementos suficientes que acreditaran una infracción a sus deberes profesionales.

La decisión significó que el procedimiento no avanzara hacia una sanción disciplinaria.

Sin embargo, es importante distinguir el alcance de esa resolución: el archivo de la prevención sumarial no implica, por sí mismo, que se haya determinado administrativamente la existencia de hostigamiento por parte de las autoridades escolares .

Lo que surge del testimonio difundido es que no se acreditaron faltas suficientes para continuar el procedimiento contra la profesora.

El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de resolución de conflictos dentro de las instituciones educativas y las garantías que deben tener los docentes cuando sus decisiones académicas son cuestionadas.

Denunció cambios de horarios y teme regresar a su escuela

Aunque la situación administrativa quedó resuelta, Báez advirtió que las dificultades laborales no habrían terminado.

La profesora contó que, mientras se desarrollaba el procedimiento, decidió alejarse temporalmente del establecimiento y actualmente cumple funciones en otra institución mediante una comisión de servicios vigente hasta el 31 de diciembre .

También denunció que se intentaron modificar sus horarios laborales de manera que podían superponerse con otras clases que tenía asignadas.

Según explicó, debió presentar una nueva nota para objetar esos cambios.

La situación le genera incertidumbre sobre las condiciones en las que deberá reincorporarse a su establecimiento una vez finalizada la comisión de servicios.

Báez afirmó que lleva diez años ejerciendo la docencia y que nunca había atravesado una experiencia semejante.

El acompañamiento de Docentes Autoconvocados

Durante el conflicto, la profesora contó con el respaldo de Docentes Autoconvocados , organización que la acompañó en sus presentaciones administrativas y en su defensa jurídica.

Báez destacó la importancia de ese acompañamiento para afrontar un procedimiento que, según manifestó, tuvo consecuencias tanto profesionales como personales.

La intervención gremial permitió canalizar sus reclamos y cuestionar las actuaciones que consideraba injustificadas.

El caso también vuelve a poner en discusión la necesidad de que los docentes puedan ejercer sus funciones de evaluación conforme a criterios académicos, sin recibir presiones para alterar los resultados.

¿Qué sucede cuando aprobar importa más que aprender?

Más allá de la situación particular de Carmen Beatriz Báez, el episodio abre un debate de fondo sobre la calidad educativa y las responsabilidades de las autoridades escolares.

La promoción de un estudiante debe contemplar su trayectoria educativa y las normas vigentes, pero también garantizar que las decisiones se adopten sobre fundamentos pedagógicos y no por conveniencias ajenas al aprendizaje.

Aprobar a un alumno sin que haya alcanzado los conocimientos necesarios puede trasladar sus dificultades al año siguiente, cuando deberá enfrentar contenidos más complejos.

Al mismo tiempo, las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer acompañamiento y oportunidades de aprendizaje, respetando los procedimientos de evaluación establecidos.

En ese equilibrio, la autonomía profesional del docente y las garantías de los estudiantes deben ser protegidas.

El interrogante que deja la denuncia de Báez es particularmente sensible: ¿qué garantías tienen los educadores para sostener sus criterios académicos cuando reciben pedidos de sus superiores que consideran incompatibles con su responsabilidad profesional?

La profesora consiguió que se archivara el procedimiento administrativo iniciado en su contra, pero sostiene que todavía necesita garantías para regresar a su lugar de trabajo sin nuevas situaciones de conflicto.

El caso expone la importancia de establecer mecanismos transparentes para resolver desacuerdos escolares y evitar que las controversias por una calificación terminen convirtiéndose en enfrentamientos laborales.

Porque defender la calidad educativa también implica garantizar que las evaluaciones respondan a criterios pedagógicos y que ningún docente deba enfrentar represalias por cumplir responsablemente con sus obligaciones profesionales.