La Justicia condenó al Banco Formosa a devolver el dinero de una estafa millonaria: anularon cuatro préstamos por más de $7 millones
Un cliente fue víctima de una estafa telefónica y descubrió que habían solicitado cuatro préstamos a su nombre sin autorización. El Banco Formosa intentó responsabilizarlo por haber compartido un código de seguridad, pero la jueza María Lourdes Leliur rechazó ese argumento y ordenó anular las operaciones y devolver, en un plazo de 48 horas, todo el dinero descontado. El fallo establece un importante precedente sobre la responsabilidad de las entidades financieras frente a los fraudes digitales.
La Justicia provincial dictó un fallo de fuerte impacto para los usuarios del sistema financiero al ordenar al Banco Formosa dejar sin efecto cuatro préstamos por más de siete millones de pesos, obtenidos mediante una estafa telefónica, y reintegrar al cliente damnificado la totalidad de las cuotas que le habían descontado .
La resolución fue dictada por la jueza María Lourdes Leliur , titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 6 de la ciudad de Formosa, quien consideró que las entidades bancarias tienen la obligación de garantizar la seguridad de las operaciones digitales y prevenir movimientos sospechosos.
La sentencia N.º 341/2026 se fundamenta en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y rechaza que el banco pueda trasladar automáticamente toda la responsabilidad a un usuario que fue engañado por delincuentes.
Una llamada telefónica terminó en una estafa de más de siete millones de pesos
El episodio comenzó el 20 de agosto de 2025, cuando el damnificado recibió una llamada desde un número con característica de Formosa.
El interlocutor se presentó como empleado de la empresa Andreani y le aseguró que tenía un paquete pendiente de entrega. Para completar el supuesto trámite, le solicitó un código de verificación que llegaría a su teléfono celular.
Confiando en la información recibida, el hombre proporcionó el código.
La maniobra permitió a los estafadores acceder a sus operaciones bancarias y realizar movimientos sin su consentimiento.
Dos días después, cuando ingresó al servicio de Home Banking para efectuar un pago, descubrió que habían gestionado cuatro préstamos a su nombre por un monto superior a $7 millones , además de realizar débitos y transferencias a cuentas de terceros.
Ante la situación, presentó una denuncia penal y acudió a Defensa del Consumidor, con el patrocinio de los abogados Esteban David Martínez y Silvina Alejandra Facio .
El Banco Formosa responsabilizó al cliente, pero la Justicia rechazó su defensa
Durante el proceso judicial, la entidad financiera sostuvo que el damnificado había actuado de manera imprudente al facilitar el código de verificación.
El banco argumentó que las operaciones fueron consecuencia de una maniobra realizada por terceros ajenos a la institución y aseguró que no existieron fallas técnicas ni vulneraciones de sus sistemas.
Sin embargo, la magistrada consideró que esa explicación no resultaba suficiente para eximir a la entidad de sus obligaciones.
La jueza recordó que la relación entre el banco y sus clientes está alcanzada por la legislación de defensa del consumidor y que las instituciones financieras deben garantizar mecanismos adecuados de protección.
El hecho de que una persona haya sido engañada y compartido información sensible no elimina automáticamente la responsabilidad del banco de prevenir operaciones fraudulentas.
La sentencia puso especial atención en la obligación de las entidades financieras de detectar movimientos que se aparten del comportamiento habitual de sus usuarios.
Cuatro préstamos en poco más de una hora y transferencias sospechosas
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la cantidad y las características de las operaciones realizadas.
Según los antecedentes judiciales difundidos, los delincuentes consiguieron gestionar cuatro préstamos en poco más de una hora , por montos elevados, y efectuar transferencias inmediatas a una cuenta que no era utilizada habitualmente por el cliente.
Para la magistrada, esa secuencia constituía una señal de alerta que debía activar mecanismos adicionales de seguridad.
Entre las medidas preventivas que podían haberse implementado se encontraban el bloqueo temporal de operaciones, la solicitud de verificaciones adicionales y la revisión de movimientos extraordinarios.
La entidad no logró acreditar ante la Justicia que hubiera aplicado controles suficientes para impedir la maniobra.
El fallo también recordó que las disposiciones del Banco Central exigen a las instituciones financieras adoptar mecanismos de prevención frente a fraudes electrónicos y operaciones inusuales.
Ordenaron anular los préstamos y devolver el dinero en 48 horas
La sentencia estableció tres medidas centrales para reparar la situación del damnificado.
En primer lugar, dispuso dejar sin efecto los cuatro préstamos gestionados fraudulentamente el 20 de agosto de 2025 .
Además, ordenó al Banco Formosa reintegrar, dentro de las 48 horas posteriores a la notificación judicial, todos los importes descontados al cliente en concepto de cuotas .
También exigió que la entidad presente un detalle completo de los débitos efectuados.
Las costas del proceso quedaron a cargo del Banco de Formosa S.A. y Movilcash S.A.
Es importante distinguir que los más de siete millones de pesos corresponden al monto de los préstamos anulados, mientras que la devolución inmediata ordenada alcanza a las sumas efectivamente descontadas al cliente.
Un fallo que puede servir de referencia para otras víctimas de estafas bancarias
La modalidad utilizada en este caso se conoce como vishing , una forma de fraude en la que los delincuentes se comunican telefónicamente con sus víctimas, se hacen pasar por representantes de empresas u organismos y consiguen códigos o información personal mediante engaños.
Estas maniobras pueden permitir el acceso a cuentas bancarias, la solicitud de préstamos y la realización de transferencias no autorizadas.
La resolución judicial resulta relevante porque establece que la responsabilidad de proteger el dinero de los usuarios no puede recaer exclusivamente sobre los clientes .
Los bancos también deben implementar controles capaces de identificar movimientos anormales y actuar antes de que se concrete un perjuicio económico.
La seguridad bancaria, una obligación que no puede trasladarse a las víctimas
La decisión de la jueza Leliur vuelve a poner bajo discusión los sistemas de prevención de fraudes de las entidades financieras.
En un contexto en el que las operaciones digitales, los préstamos electrónicos y las transferencias inmediatas forman parte de la vida cotidiana, los mecanismos de seguridad adquieren una importancia fundamental.
El fallo deja una conclusión significativa: aunque un cliente haya sido engañado para proporcionar un código, el banco continúa obligado a detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas razonables para proteger su patrimonio .
En este caso, la Justicia consideró que esas obligaciones no fueron suficientemente acreditadas por el Banco Formosa y ordenó reparar las consecuencias económicas sufridas por el damnificado.
La sentencia representa un reconocimiento judicial de los derechos de los usuarios bancarios y una advertencia para las entidades financieras: la digitalización de los servicios debe estar acompañada por sistemas de seguridad eficaces, capaces de prevenir estafas y proteger el dinero de sus clientes.
