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Femicidio de Gisela Mendoza: la Fiscalía y la querella piden prisión perpetua para Leguizamón y rechazan la emoción violenta

El juicio por el femicidio de Gisela Agustina Mendoza avanza hacia una definición clave. La acusación busca que Francisco Javier Leguizamón reciba la pena máxima por el crimen de su expareja, ocurrido en julio de 2025. El acusado reconoció haberla matado, mientras que la discusión judicial se concentra en las circunstancias del hecho y en la posibilidad de aplicar una atenuante que reduzca la condena.

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El juicio oral por el femicidio de Gisela Agustina Mendoza, de 37 años, continúa en la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, con un planteo central: la Fiscalía y la querella reclaman prisión perpetua para Francisco Javier Leguizamón y rechazan que el crimen pueda justificarse mediante la figura de emoción violenta.

El acusado reconoció durante la primera jornada del debate, iniciada el 28 de octubre, haber sido el autor de la muerte de Gisela, ocurrida el 13 de julio de 2025 en un descampado del barrio San Antonio de la capital provincial.

Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Estas agravantes, de ser acreditadas, contemplan la pena de prisión perpetua.

Un crimen precedido por denuncias de violencia

La investigación judicial reconstruyó una relación atravesada por episodios de violencia de género. Según los testimonios incorporados al expediente, Gisela se había separado del acusado meses antes de su muerte.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción, Leguizamón habría convencido a la víctima de acompañarlo en una motocicleta hasta un predio ubicado en inmediaciones de la avenida Alicia Moreau de Justo y las vías ferroviarias.

En ese lugar se produjo el ataque que terminó con su vida. La investigación reunió testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias que permitieron reconstruir los movimientos previos al crimen.

Para la acusación, estos elementos resultan fundamentales para sostener que no se trató de una reacción espontánea, sino de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género.

La emoción violenta, en el centro de la discusión judicial

Uno de los aspectos más importantes del debate es la posibilidad de que la defensa invoque la figura de emoción violenta para intentar obtener una pena menor.

Sin embargo, la Fiscalía y las representantes de la familia sostienen la acusación agravada y consideran que el contexto previo de violencia debe ser valorado integralmente.

La querella, representada por las abogadas Myriam Maza y Cinthia Valdez, viene reclamando desde la etapa de investigación una condena a prisión perpetua.

La emoción violenta no constituye una justificación automática de un homicidio. Para su eventual aplicación deben acreditarse las circunstancias específicas que exige el Código Penal, cuestión que deberá resolver el tribunal a partir de las pruebas y los argumentos de las partes.

Una familia que reclama justicia

El crimen de Gisela Mendoza provocó una profunda conmoción en Formosa y dejó a tres hijos sin su madre.

Durante el proceso, sus familiares insistieron en la necesidad de que se aplique la máxima pena y de que se reconozca el contexto de violencia que, según los testimonios, la víctima había sufrido antes del asesinato.

El juicio se desarrolla ante un tribunal integrado por Viviana Taboada, Lilian Fernández y Ramón Alberto Sala, con la intervención del fiscal Pedro Gustavo Schaeffer.

La decisión judicial deberá establecer la responsabilidad penal del acusado y determinar si corresponde mantener las agravantes sostenidas por la acusación.

Un fallo esperado por la sociedad formoseña

Más allá de la condena que finalmente se dicte, el caso vuelve a poner en discusión la necesidad de prevenir la violencia de género, detectar situaciones de riesgo y garantizar protección efectiva a las víctimas.

El reconocimiento del crimen por parte del acusado constituye un elemento relevante del debate, pero no reemplaza la obligación del tribunal de examinar las pruebas y fundamentar su sentencia.

Para la familia de Gisela, el reclamo sigue siendo el mismo desde el comienzo de la causa: que el femicidio no quede impune y que la Justicia imponga la máxima pena prevista por la ley.

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