Policía de Formosa: abuso de poder y complicidad en un escándalo de tierras municipales
La provincia de Formosa vuelve a ser escenario de un escándalo institucional que deja en evidencia la connivencia entre fuerzas de seguridad y sectores del poder político. En Laguna Yema, la policía local, bajo la orden del comisario Miguel Raúl Pare, procedió a desenterrar y secuestrar postes de un terreno adjudicado legalmente a una familia del lugar, sin contar con orden judicial ni respaldo legal alguno. La vergonzosa explicación del comisario no hizo más que agravar la indignación: "Secuestré porque hay una denuncia y no necesito orden judicial".
El trasfondo de una donación ilegal
El terreno en cuestión fue objeto de una maniobra irregular durante la gestión del ex intendente Popo Corvalán, quien, mediante un decreto, donó de forma unilateral y discrecional el predio a una supuesta fundación presidida por su prima, quien además ocupaba un cargo en el gobierno provincial. Esta acción contraviene la Ley N° 1028 que regula el Régimen Municipal en Formosa, la cual establece que la donación de terrenos fiscales municipales debe ser aprobada por el Concejo Deliberante, ya que se trata de bienes del dominio público o privado del municipio.
El nuevo intendente, Werning, al asumir su gestión, anuló los decretos de donaciones irregulares que no habían sido refrendados por el HCD y adjudicó en venta el terreno a una familia local. Sin embargo, cuando esta familia intentó cercar el terreno y comenzar a delimitar su propiedad, la prima de Corvalán realizó una denuncia, desencadenando la intervención policial sin sustento legal.
El accionar ilegal de la Policía y la respuesta del Comisario Pare
El director de Catastro Municipal, Efraín Rochat, se presentó en la comisaría junto a los damnificados para exigir explicaciones y la devolución de los materiales secuestrados. Rocha presentó la documentación que acreditaba la legítima adjudicación del terreno y solicitó la orden judicial que justificara el accionar policial. La respuesta fue aún más alarmante: no existía ninguna orden judicial ni expediente que respaldara la actuación de la policía.
Abuso de poder y escándalo en Laguna Yema. Comisario Pare: "secuestro sin orden judicial porque puedo. Soy auxiliar de la Justicia, trabajo ¿con Tierras Fiscales??. No soy empleado del Municipio"
Y tierras Fiscales de la provincia que tiene que ver????
El comisario Pare justificó su accionar argumentando que actuó ante la denuncia de una "damnificada" y que, como auxiliar de la justicia, no necesitaba notificación al municipio ni orden judicial para proceder al secuestro de los postes. Además, mencionó la intervención del Instituto de Tierras Fiscales de la provincia, un organismo que no tiene competencia sobre terrenos fiscales municipales.
Violación de la autonomía municipal y abuso de poder
El accionar de la Policía de Formosa y del comisario Pare no solo constituye un abuso de poder, sino que también una violación flagrante de la autonomía municipal garantizada por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Formosa.
Autonomía Municipal (Art. 123 de la Constitución Nacional): Las provincias deben garantizar la autonomía de los municipios en la administración de sus bienes.
La Constitución de la Provincia de Formosa: Establece que los municipios son autónomos en la gestión de sus recursos y bienes.
Ley Orgánica Municipal de Formosa: Determina que la administración del dominio público y privado municipal es competencia exclusiva de los municipios.
La Competencia del Instituto de Tierras Fiscales: Este organismo sólo administra tierras fiscales provinciales, sin injerencia sobre los terrenos municipales.
Conclusión: La impunidad como norma
Este episodio en Laguna Yema no es un hecho aislado, sino una muestra más de cómo el poder político y las fuerzas de seguridad en Formosa se entrelazan para beneficiar a allegados del gobierno y perpetuar la impunidad. La actuación de la policía sin orden judicial, sumada a la justificación absurda del comisario Pare, demuestra un preocupante desprecio por el estado de derecho y la autonomía municipal.
La ciudadanía merece respuestas y, sobre todo, el fin de estos atropellos que socavan las instituciones y la confianza pública. Es imperativo que la justicia intervenga para investigar este abuso de poder y que se garantice el respeto por la legalidad en la provincia de Formosa.
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