El Gobierno envía al Congreso una reforma integral del Código Penal: penas más duras, nuevos delitos y fin de la prescripción para abusos y homicidios
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de "ecocidio" en el proyecto que impulsa el gobierno nacional

El Gobierno nacional presentará en el Congreso un proyecto de reforma completa del Código Penal, que endurece penas, incorpora nuevas figuras delictivas y declara imprescriptibles algunos de los crímenes más graves. La iniciativa, anunciada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca reemplazar un sistema vigente desde 1921 y responder, según el oficialismo, a una demanda social creciente de mayor firmeza frente al delito.
Bullrich sintetizó el espíritu del texto en una frase: "El que las hace, las paga", al destacar que el 82% de los delitos previstos en el nuevo Código tendrá prisión efectiva. El Ministerio de Justicia explicó que hoy muchas condenas no se cumplen porque los montos penales quedan por debajo de los tres años; con la reforma, se elevan los mínimos y se restringe la libertad condicional.
Imprescriptibilidad y prisión perpetua efectiva
Uno de los cambios centrales es que delitos como abuso sexual, homicidio agravado, grooming y pornografía infantil dejarán de prescribir. También se actualizarán las escalas penales: por ejemplo, el homicidio simple elevará su máximo de 25 a 30 años, y la prisión perpetua será literalmente de por vida.
El proyecto también endurece las penas para la corrupción: "Si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente; si las hacés, las vas a pagar fuerte", enfatizó Bullrich, marcando el fin —según dijo— de la "doctrina Zaffaroni" y de la "puerta giratoria".
Delitos ampliados y nuevas figuras penales
La reforma actualiza el régimen punitivo en áreas de alta conflictividad, como narcotráfico, trata de personas, violencia de género, crimen organizado y delitos ambientales. También incorpora capítulos totalmente nuevos:
- Cibercrimen: fraude informático, acceso indebido, usurpación de identidad, pornovenganza y grooming.
- Motochorros: se tipifica el uso de motovehículos como modalidad delictiva con agravantes específicos.
- Criminalidad ambiental: se introduce la figura de ecocidio y se elevan penas por daños irreversibles al ambiente.
- Lavado de activos y crimen organizado transnacional: se refuerza la persecución patrimonial y el decomiso extendido.
- Terrorismo y financiamiento: se actualizan definiciones según estándares internacionales y se habilitan herramientas para congelar activos.
- Delitos económicos: protección de la estabilidad fiscal y monetaria, sanción a evasión tributaria organizada y maniobras financieras ilícitas.
- Orden electoral: más de 30 figuras penales para combatir la manipulación digital, el uso de bots, desinformación y acciones que afecten la libertad del voto.
Enfoque en violencia, tránsito y protección de vulnerables
El proyecto agrava penas por violencia en espectáculos deportivos, tragedias viales causadas por imprudencia, consumo de alcohol o carreras ilegales, y amplía la tutela penal para delitos contra niños, adultos mayores y personas con discapacidad. También refuerza las sanciones contra la compra-venta de niños, la violencia intrafamiliar y los ataques al patrimonio cultural.
Sin cambios en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
El Gobierno aclara que la normativa sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610) se mantiene plenamente vigente, preservando el acceso hasta la semana 14 y su marco de salud pública.
La reforma representa uno de los movimientos legislativos más profundos en materia penal en décadas. El oficialismo buscará ahora construir consensos en el Congreso para avanzar con un Código que redefine la persecución del delito, endurece el castigo y amplía la protección del Estado en áreas sensibles como corrupción, violencia de género, crimen organizado y seguridad digital.










