La Fundación Nelson Mandela respalda la resolución nacional que desmiente la existencia de la "Universidad de la AFA" y advierte sobre ofertas educativas sin validez legal
La Fundación Nelson Mandela expresó públicamente su apoyo a la resolución emitida por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que confirma de manera categórica la inexistencia de reconocimiento oficial a la entidad que se presenta como "Universidad de la AFA".
La organización, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, destacó que la medida reafirma un principio jurídico fundamental: ninguna institución puede ofrecer carreras, títulos o certificaciones sin contar con la debida autorización estatal.
Desde la Fundación señalaron que tomaron conocimiento del dictamen ministerial y respaldan el criterio jurídico adoptado, que deja asentado que la mencionada institución no posee inscripción ni reconocimiento ante las autoridades educativas competentes.
En ese sentido, remarcaron que el ordenamiento normativo argentino exige que universidades, institutos y entidades formativas se sometan a procesos de evaluación, control y autorización para garantizar la validez legal de sus títulos y la transparencia hacia los estudiantes.
En línea con esta postura, la Fundación Nelson Mandela anunció que aplicará el mismo criterio de interpretación y actuación en adelante. La entidad se compromete a denunciar —en sede administrativa y también de manera pública— a aquellas organizaciones, fundaciones o establecimientos que incurran en prácticas engañosas, tales como presentarse con denominaciones académicas rimbombantes, invocar avales inexistentes, cobrar aranceles por carreras no reconocidas o emitir certificaciones sin validez oficial.
"La educación no puede ser tratada como un negocio ni quedar expuesta a maniobras que explotan la buena fe y las expectativas legítimas de estudiantes y familias", advirtieron desde la organización. Consideraron que este tipo de prácticas vulnera derechos esenciales, como el acceso a información veraz y el derecho humano a la educación, al inducir a error a quienes buscan formarse y mejorar su futuro.
La Fundación destacó además que la responsabilidad de prevenir y sancionar estas irregularidades es compartida entre el Estado y la sociedad civil. Por ello, reiteró que solicitará la intervención de los organismos competentes cuando sea necesario y exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la validez oficial de cualquier institución antes de inscribirse o realizar pagos.
Finalmente, la entidad recordó que la educación, como derecho humano fundamental, debe estar protegida frente a todo intento de fraude o engaño que ponga en riesgo la trayectoria y el esfuerzo de miles de personas que apuestan a la formación como motor de progreso y dignidad.
