El Gobierno volverá a la carga con cambios en la Ley de Salud Mental y busca habilitar internaciones con aval judicial

Según trascendió desde la Casa Rosada, la iniciativa —que podría ser anunciada por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del 1° de marzo— apunta principalmente a habilitar que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar internaciones involuntarias, una demanda sostenida desde hace años por familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.

La normativa vigente, la Ley 26.657 sancionada en 2010, se apoyó en el principio de "antimanicomialización" para resguardar los derechos de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que su aplicación evidenció limitaciones por la falta de dispositivos adecuados, lo que derivó en situaciones de riesgo tanto para los pacientes como para terceros.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, trabaja en una propuesta que recupera varios puntos que habían sido incluidos en el proyecto original de la Ley Bases. Entre ellos, se contempla:

la posibilidad de que los jueces adopten medidas de atención urgente,
la definición de cuatro situaciones específicas para internaciones involuntarias como recurso terapéutico excepcional,
la creación de centros neuropsiquiátricos especializados,
nuevas facultades para que defensores soliciten medidas terapéuticas,
cambios en los criterios de egreso y rehabilitación,
y una modificación en la composición del Órgano de Revisión.

Desde el oficialismo reconocen que la propuesta genera resistencias entre sectores y organizaciones que temen un retroceso hacia la "manicomialización". No obstante, la Casa Rosada justifica la iniciativa con casos de alto impacto, como el asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán en 2021, ocurrido en las inmediaciones del MALBA, en un episodio que expuso las falencias del sistema actual.

Con el proyecto aún en etapa de redacción, el Gobierno apuesta a reabrir el debate parlamentario y avanzar con una reforma que, aseguran, permita equilibrar la protección de derechos con herramientas eficaces para la atención de situaciones críticas.