Causa Xiomara: asumió el juez Guillén en una investigación atravesada por detenciones ilegales, silencio oficial, defensas cuestionadas y sospechas de encubrimiento

Sebastián Torres, menor de edad, y su padrastro Carlos Aguiar continúan privados de su libertad pese a que —según trascendidos del propio entorno judicial— no existe ninguna prueba concreta que los vincule con el homicidio. La detención de Torres se basó en el testimonio de otro menor, obtenido mientras este se encontraba detenido en una comisaría, lo que constituye una prueba sin ninguna validez legal.

A esta situación se suma que el expediente estuvo a cargo del juez de Instrucción Nº 4, Marcelo López Picabea, quien se fue de vacaciones dejando a un menor detenido sin denuncia formal y sin evidencias en su contra, una situación que especialistas califican como una aberración jurídica.

Posteriormente, la subrogancia de la jueza Silvana Adalid Jarzynski, (hija del Intedente de Ibarreta "JarCinto") titular del Juzgado de Menores quién actuó con las fiscales Tafetani (hija de Daniel Tafetani y Alucin, hermana del juez militante Guillermo "Memo" Alucin, fue calificada como decepcionante por distintos sectores. Pese a las expectativas generadas y a los injustificados aplausos de los abogados de la causa, su intervención finalizó sin resolver la situación procesal de los detenidos, que continúan encarcelados, y sin avances sustanciales en la investigación.

En paralelo, la causa quedó atravesada por una fuerte interna entre los abogados defensores, con renuncia en la querrella, cruces públicos y cuestionamientos sobre la real estrategia de defensa de Torres y Aguiar. Incluso el abogado de la querella, Ojer, habría reconocido públicamente que no existe en el expediente ningún elemento que vincule a los detenidos con el crimen, y la madre de Xiomara admitió que ellos nunca pidieron la detención de los imputados sin pruebas.

La situación adquiere aún mayor gravedad al observar el silencio absoluto del oficialismo provincial, de la 17 de Octubre y del Partido Justicialista, pese a que tanto la víctima como los detenidos y los denunciantes pertenecen a la misma agrupación política. Referentes de ese espacio, sobre quienes pesan diversas denuncias en otras causas sensibles vinculadas al narcotráfico, la violencia de genero y el abuso sexual (Blanca Denis, Edgar Pérez, Marcelo Sosa, Hugo Palma Agüero, Pedro Ramón Bareiro…), tampoco se expresaron públicamente sobre el asesinato de Xiomara.

La sociedad formoseña comienza a preguntarse, con creciente indignación, a quién se está encubriendo y por qué nadie del poder político ni judicial da explicaciones.

Con la llegada del juez Javier Guillén a la causa, se abre una nueva etapa. Las expectativas son moderadas, pero existe un reclamo unánime: que se ponga fin a la detención ilegal de Sebastián Torres y Carlos Aguiar y que la investigación avance con transparencia, respetando las garantías constitucionales.

El tiempo corre y la herida sigue abierta. Para la familia de Xiomara, para los detenidos y para toda una comunidad que exige justicia sin privilegios ni encubrimientos.