En Córdoba en un mes la Justicia detuvó a todos los responsables. En Formosa, siete meses después, los asesinos de Xiomara siguen libres

La coincidencia temporal con otro caso conmocionante ocurrido en Córdoba expone un contraste imposible de ignorar

Agostina Vega, de 14 años, desapareció el 23 de mayo de este año. Menos de un mes después, la Justicia cordobesa ya había detenido al principal sospechoso, Claudio Barrelier; había avanzado sobre dos presuntos cómplices, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani; había reconstruido cronológicamente los movimientos previos y posteriores al crimen; había levantado el secreto de sumario; y la presión social y política terminó provocando la salida del concejal Ricardo Moreno, cuestionado por sus vínculos con el principal acusado.

En Córdoba:

Hubo detenidos, imputaciones, consecuencias políticas y una investigación que avanzó sobre autores materiales, posibles encubridores y relaciones de poder.

En Formosa ocurrió exactamente lo contrario.

A siete meses del crimen de Xiomara no hay un solo detenido.

El único sospechoso que estuvo privado de su libertad, Joaquín Torres, recuperó la libertad junto a su padrastro Carlos Aguilar después de que distintos elementos probatorios debilitaran la acusación inicial. Entre ellos, pericias genéticas que detectaron perfiles masculinos bajo las uñas de Xiomara que no corresponderían a ninguno de los imputados originales, y el falso testimonio de un testigo trucho plantado por la policía.

Aquella revelación no sólo derrumbó la principal hipótesis acusatoria de la causa. También dejó al descubierto la fragilidad de una investigación que durante meses avanzó sobre personas que finalmente no pudieron ser vinculadas científicamente con el crimen.

Desde entonces, la causa parece haber ingresado en una especie de limbo judicial.

Los responsables siguen sin aparecer.

La verdad sigue sin aparecer.

Y la Justicia sigue sin ofrecer respuestas convincentes.

Lo más llamativo es que mientras los autores del crimen continúan sin ser identificados, quienes sí terminaron enfrentando consecuencias judiciales fueron algunas de las personas que más activamente reclamaron justicia por Xiomara.

Las abogadas Gabriela Neme y Ailín Narváez, que llevaron el caso a la esfera nacional, denunciaron irregularidades en la investigación y expusieron la situación en el Congreso de la Nación, terminaron siendo objeto de denuncias judiciales impulsadas por el concejal Marcelo Sosa, vinculado tanto a la victima, como al principal acusado del crimen, porqué -según la familia- ambos se conocieron en las fiestas que con menores y alcohol, Sosa organizaba en su pileta.

El dato adquiere especial relevancia porque Sosa aparece atravesando distintos aspectos del caso.

La adolescente militaba políticamente en el espacio que él conduce. También existen referencias públicas sobre vínculos políticos entre distintos protagonistas que fueron apareciendo a lo largo de la investigación. Sin embargo, pese a los numerosos interrogantes planteados por distintos sectores, nunca trascendió que el concejal haya sido convocado a prestar declaración testimonial dentro de la causa.

Y allí aparece una de las preguntas más incómodas de todo el expediente:

¿Cómo puede ser que, siete meses después, no exista ningún detenido por el asesinato de Xiomara, pero sí haya denuncias contra quienes reclaman justicia?

La sensación que predomina en amplios sectores de la sociedad formoseña es que la investigación quedó atrapada en una compleja red de intereses políticos, direccionamientos y decisiones judiciales que terminaron alejando la causa de su objetivo principal: encontrar a los responsables del crimen.

Mientras tanto, la comparación con Córdoba se vuelve cada vez más inevitable.

En un caso, la investigación avanzó sobre sospechosos, cómplices y posibles encubridores. Hubo consecuencias políticas. Hubo detenciones. Hubo explicaciones públicas.

En el otro, siete meses después, la principal certeza sigue siendo la ausencia de certezas.

Una adolescente fue asesinada.

La sociedad sigue esperando respuestas.

Y los responsables continúan sin nombre, sin rostro y sin condena.

La deuda del Estado ya no es únicamente resolver un expediente judicial.

La deuda es demostrar que en Formosa la Justicia puede investigar sin condicionamientos políticos, sin privilegios y sin zonas protegidas.

Porque cada día que pasa sin respuestas fortalece una sospecha cada vez más extendida: que detrás del asesinato de Xiomara no sólo hay un crimen sin resolver, sino también un sistema que ha sido incapaz —o no ha querido— llegar hasta la verdad.

Y cuando la impunidad dura siete meses, deja de ser solamente una falla de la investigación para transformarse en un problema institucional.