La Policía de Insfrán: del silencio cómplice al escrache institucional contra un vecino que denunció el narcotráfico
La escena es brutal y el mensaje, inequívoco: en el Lote 111 ya no se protege al ciudadano que denuncia, se lo expone. Mientras un vecino se encadenaba a la reja de su casa bajo una lluvia de cascotazos de narcopatotas, la respuesta del Estado provincial fue un parte "institucional" que, lejos de investigar la violencia y el narcotráfico denunciados, optó por escrachar al denunciante. Así opera la policía del gobernador Gildo Insfrán.
El vecino, de apellido Galarza, decidió una medida extrema tras años de advertencias ignoradas.
Denunció la ausencia total de seguridad y justicia en un barrio tomado por la droga y por bandas que actúan con impunidad, amparadas —según su testimonio— por la vista gorda policial y un engranaje político-judicial que mira para otro lado.
Asegura que hay más de 100 denuncias por narcomenudeo en la zona, varias realizadas por él mismo, sin una sola respuesta efectiva. Lo que sí llegó fue el apriete policial: contravenciones, amenazas y la advertencia de un subcomisario de "armarle una causa" y meterlo preso.
El relato es consistente y estremecedor: denunciar equivale a quedar marcado. Cuando la policía "avisa" a los denunciados, llegan las represalias. Cascotazos, amenazas de muerte, ataques en la propia vivienda.
Y del otro lado, el Estado ausente. Galarza afirma haber intentado denunciar en comisarías, fiscalías e incluso ante el fuero federal, sin lograr que le tomen la denuncia. La ecuación es perversa: el delincuente goza de protección; el vecino, de castigo.
Frente a semejante cuadro, la Policía provincial eligió un camino vergonzoso
En un parte oficial, difundido como si se tratara de información de interés público, desacreditó al denunciante con un listado de supuestos antecedentes, mezclando imputaciones y causas, y rotulándolo de "conflictivo".
El episodio fue ubicado en el barrio Fray Salvador Gurrieri, con intervención de la Policía de la Provincia de Formosa y derivación al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.
No es un detalle menor: cuando la institución que debe investigar decide estigmatizar, se corre una línea peligrosa. Se intimida al denunciante, se desincentiva a otros vecinos y se envía un mensaje disciplinador al barrio entero.
El problema ya no es solo la droga y la violencia; es la utilización del aparato estatal para silenciar.
La pregunta que queda flotando es incómoda y urgente: ¿por qué, ante más de un centenar de denuncias por narcomenudeo, la respuesta es el escrache del vecino y no los allanamientos, las detenciones y la investigación seria? ¿A quién protege este "parte institucional"? En el Lote 111, la respuesta parece clara: al poder, no a la gente.
Encadenarse para pedir auxilio no debería ser una opción en democracia
Convertir ese grito en un expediente de desprestigio es una afrenta institucional. Mientras el Estado provincial siga eligiendo la estigmatización antes que la acción, la impunidad seguirá siendo la ley del barrio. Y la libertad de denunciar, un riesgo.
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