Milagros intimó a REFSA por el corte de luz y la exigencia de una deuda ajena: prepara acciones judiciales

Ocampo, actualmente domiciliada en Manzana 73, Casa 15 del barrio Lote 111, fue trasladada de manera compulsiva a ese lugar por el Ministerio de la Comunidad, luego de que el agresor de su hija, vecino del Lote 110, quedara en libertad por decisión del juez Sergio Felipe Cañete, magistrado afiliado al Partido Justicialista y militante de la 17 de Octubre.

La deuda que no es suya

En la presentación realizada ante REFSA, Milagros intimó a la empresa a que cese de inmediato su conducta ilegítima, consistente en condicionar la restitución del servicio eléctrico y el cambio de titularidad del medidor al pago de una deuda ajena, superior a $1.800.000, generada por la anterior ocupante del módulo.

Según consta en el escrito, la deuda fue acumulada por Micaela Fernández y su pareja Ernesto Gabriel Andrada, quienes eran los verdaderos usuarios del servicio en ese domicilio antes de la llamada "permuta habitacional" dispuesta por el Ministerio.

En contrapartida, el módulo que ocupaba originalmente Milagros en el Lote 110 (Manzana 47, Casa 2) —al que fue trasladada la anterior ocupante— no registra ninguna deuda con REFSA, situación que puede ser verificada por la propia empresa.

Corte de un servicio esencial

Al concurrir a las oficinas de REFSA para solicitar el cambio de titularidad, Milagros fue informada de que no se realizaría ningún trámite si antes no pagaba la deuda acumulada por terceros. Ante su negativa, la empresa procedió al corte del suministro eléctrico, dejando sin luz a ella, sus tres hijas y una sobrina, todas menores de edad.

En el escrito, se deja constancia de que el corte de un servicio público esencial en un hogar con niñas y adolescentes agrava de manera crítica su situación de vulnerabilidad y configura una gravedad institucional.

Frente a esta situación extrema, Milagros se vio obligada a realizar una conexión precaria para garantizar condiciones mínimas de vida, lo que su defensa califica como un acto de necesidad y supervivencia, provocado por el accionar ilegítimo de la prestataria.

La deuda no es "propter rem"

En la intimación, se remarca que la deuda del servicio eléctrico no es una obligación "propter rem", es decir, no se transfiere por la mera ocupación del inmueble ni puede ser exigida a quien no fue titular del servicio ni realizó el consumo.

Por lo tanto, exigirle el pago de una deuda ajena como condición para acceder al servicio constituye —según el escrito— una vía de hecho administrativa, violatoria del principio de legalidad, del derecho de defensa y de las normas básicas que rigen los servicios públicos.

Responsabilidad directa de REFSA

La presentación también apunta directamente contra REFSA por haber permitido que la deuda se acumule durante años sin cortar el servicio al verdadero deudor, y ahora intentar trasladar esa carga a una persona absolutamente ajena a la relación contractual.

Esto, según se señala, configura abuso de posición dominante, incumplimiento de deberes como prestadora de un servicio esencial y una vía de hecho pasible de control judicial inmediato.

Ultimátum y acciones judiciales

Milagros intimó formalmente a REFSA a que, en un plazo máximo de 24 horas, adopte las siguientes medidas:

Restablezca de manera inmediata el servicio eléctrico.

Cambie la titularidad del medidor a su nombre, sin condicionamientos.

Cese toda exigencia de pago de deuda ajena.

Se abstenga de nuevos cortes.

Informe por escrito las medidas adoptadas.

De no cumplir, la intimación constituye instancia previa a la promoción de acciones judiciales, incluyendo acción de amparo con medida cautelar, reclamos administrativos y demandas por daños y perjuicios.

Una vez más, el caso de Milagros expone cómo, además del drama judicial que atraviesa por el abuso de su hija, hoy debe enfrentar un nuevo frente de vulneración de derechos básicos, esta vez por parte de una empresa estatal que pretende hacerla responsable de una deuda que no le pertenece.