El debate por la baja de la edad de imputabilidad divide al Gobierno y podría pasar a marzo

El Gobierno nacional avanza en la definición de la estrategia legislativa para impulsar la nueva Ley Penal Juvenil, un proyecto que fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias pero cuyo tratamiento aún genera debates internos respecto a los plazos y prioridades.

Tras una reunión de la mesa política, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Ejecutivo ratificó su intención de consensuar la iniciativa con sectores de la oposición que presentaron proyectos similares, con el objetivo de unificar propuestas y garantizar los votos necesarios para su aprobación.

Si bien el oficialismo aspira a reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, en el ámbito legislativo reconocen que el mayor consenso alcanzado hasta el momento fija ese límite en los 14. "La intención del Gobierno siempre fue 13, pero el consenso en comisión es 14", admitieron fuentes del Gabinete.

La Ley Penal Juvenil reemplazaría a la actual Ley de Minoridad, vigente desde 1980, y propone establecer un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, en línea con estándares regionales. Desde el oficialismo señalaron como referencia los casos de Brasil, donde rige desde los 12 años, y Uruguay, desde los 13.

Sin embargo, el tratamiento legislativo enfrenta dificultades por la escasez de tiempo durante las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 2 al 27 de febrero. En ese período, el Gobierno priorizará la reforma laboral y el debate por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que podría postergar la discusión de la ley penal juvenil para marzo, ya en el período ordinario.

Desde la mesa política reconocen que podrían iniciarse los debates en la Cámara de Diputados y continuar luego en sesiones ordinarias. "No hay muchas sesiones disponibles, a lo sumo dos por cámara, por lo que habrá que ser quirúrgicos", indicaron fuentes oficiales.

El tema volvió a ganar centralidad en la agenda pública tras el caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, lo que reactivó los reclamos para avanzar con una reforma del régimen penal juvenil. La iniciativa es impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y articulada con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

En paralelo, el Ejecutivo también trabaja en la reforma integral del Código Penal, aunque su tratamiento fue postergado para marzo, con el objetivo de abordarlo con mayor tiempo y debate. Desde el oficialismo aclararon que la Ley Penal Juvenil se tratará como un proyecto independiente, ya que se trata de regímenes distintos.

Así, el Gobierno mantiene la intención de avanzar con una reforma sensible en materia penal, pero la falta de tiempo legislativo y la necesidad de consensos políticos abren la posibilidad de que la discusión se traslade definitivamente al inicio del período ordinario.