Denuncian que Marcelo Sosa, posee dos viviendas sociales mientras cientos de familias esperan desde hace décadas

Las familias señalaron que muchas de las personas movilizadas están inscriptas en los registros oficiales desde hace entre 25 y 35 años sin haber sido nunca adjudicadas, pese a que en varios barrios existen viviendas ya construidas que permanecen vacías, deterioradas o vandalizadas.

En ese contexto, calificaron como "inexplicable e injustificable" que funcionarios públicos, sus familiares y militantes del PJ accedan a más de una vivienda social, cuando estos programas están destinados a sectores vulnerables.

"El reclamo no es solo por una casa, es por la desigualdad y el uso discrecional de un derecho básico", expresaron las vecinas, quienes remarcaron que el acceso a la vivienda social debería priorizar a familias con niños, personas con discapacidad y adultos mayores, muchos de los cuales participaron de la manifestación.

Según relataron, la semana pasada un grupo de familias recorrió el barrio La Nueva Formosa para documentar el estado de las viviendas deshabitadas. Durante esa recorrida denunciaron haber sido seguidos por móviles policiales y que se les habría impedido filmar o tomar fotografías, aun encontrándose en la vía pública. Aclararon que en ningún momento intentaron ingresar ni ocupar las casas, y subrayaron que conocen que la usurpación de viviendas del FONAVI constituye un delito.

Una de las manifestantes sostuvo que los efectivos policiales les habrían ordenado retirarse del lugar bajo amenazas, sin explicar los motivos ni señalar la comisión de alguna infracción, situación que fue denunciada como un acto de intimidación.

Entre los casos expuestos se encuentra el de Sonia, una mujer que asegura haber sido adjudicada a una vivienda del barrio La Nueva Formosa hace más de tres décadas, pero que nunca fue notificada oficialmente. Al intentar gestionar asistencia habitacional, afirmó que desde el IPV le informaron que ya figuraba como adjudicataria, aunque la vivienda estaría ocupada por otra familia. La mujer convive con un hijo con discapacidad y atraviesa un delicado cuadro de salud que requiere un trasplante de riñón, sin haber recibido hasta el momento respuestas concretas ni documentación que respalde su situación.

Las familias reclamaron transparencia en los listados de adjudicación, una revisión integral de los beneficiarios de viviendas sociales y explicaciones públicas sobre los casos de funcionarios que poseerían más de una unidad habitacional. "Mientras algunos usan casas sociales como quintas o mansiones, hay vecinos que llevan 30 años esperando una sola vivienda", sintetizaron.

El reclamo continúa con las mujeres encadenadas dentro del edificio, a la espera de una respuesta oficial que esclarezca estas denuncias y garantice criterios justos y equitativos en el acceso a las viviendas sociales.